Militares involucrados en la quema de archivos de la CNI quedan en libertad bajo fianza

Por primera vez militares en retiro serían condenados por una gran cantidad de documentos quemados a las afueras de Santiago, entre el año 2000 y 2001, en la Escuela de Inteligencia de la institución castrense ubicada en Nos.

El ministro de fuero Mario Carroza, acusó a Eduardo Jara Hallad, general de Brigada del Ejército, como autor; al teniente coronel Mercedes Rojas Kuschevich, como cómplice, y a Patricio Chacón Guerrero, en calidad de encubridor.

Todos acusados por el delito de destrucción de documentos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que se encontraban custodiados en la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

Estos registros eran de gran importancia ya que tenían antecedes de los crímenes perpetrados en dictadura por agentes de la CNI, con la cual se podría llegar a la información de lo que sucedió con los miles de chilenos que fueron detenidos y desaparecidos.

A pesar de esto, la Corte de Apelaciones de Santiago, la jornada de ayer miércoles, le adjudicó la libertad bajo fianza a los militares en retiro, quienes tuvieron que pagar $500.000 para obtener este beneficio.

‘Beca Luksic‘

Otro de los casos en que los militares han dado que hablar últimamente ha sido el de la llamada “beca Luksic”, financiamiento de estudios de oficiales del Ejército en Harvard y Georgetown.

Ciper Chile tuvo acceso a documentos donde indican que desde 2012 la familia Luksic ha financiado cursos de capacitación a un total de 20 generales, mayores, tenientes y coroneles, en las universidades de Hardvard y Georgetown.

Entre los militares que fueron beneficiados, tres son actuales altos mandos de la institución; el comandante de Operaciones Terrestres, general Esteban Guarda Barros; el comandante de la División de Adquisiciones, general Germán Arias Athanasiu; y el comandante de la II Brigada Acorazada Cazadores, general Christian Bolívar Romero.

Además, no podemos dejar de recalcar que otros seis integrantes con beca formaron parte del alto mando del Ejército hasta antes de pasar a retiro, y los restantes once oficiales están ubicados en cargos de influencia dentro del organigrama de la institución castrense, como detalla Ciper.

Sin embargo, las fuerzas armadas de nuestro país no sólo han sido involucradas en estos casos, sino que cabe recordar los múltiples acontecimientos de corrupción que han aparecido a través de los años.

Milicogate

El año 2015 el periodista Mauricio Weibel Barahona, publicó en el diario The Clinic, siete reportajes que detallaban cómo un grupo de oficiales y suboficiales de la institución del Ejército de Chile, desfalcaron el aporte del Fondo Reservado del Cobre, emitiendo boletas y facturas falsas no reconocidas por el Servicio de Impuestos internos (SII), en las que simulaban compras de armas y servicios de proveedores que nunca fueron prestados.

Estos millones de dólares fueron gastados en juegos de azar en el Casino Monticello, viajes al extranjero, caballos pura sangre, fiestas y propiedades, por parte de los altos funcionarios.

Armas para narcos

Se filtró un audio en que el comandante en jefe del Ejército revela que oficiales traficaron armas para bandas de narcotraficantes.

Este fue el acontecimiento ocurrido en el Aula Magna de la Escuela Militar, donde Ricardo Martínez reveló frente a 900 oficiales el tráfico de armas y los hechos de corrupción que se encontraban en la institución el año 2018.

Además, hizo el llamado de que los militares defendieran con uñas y dientes el sistema previsional exclusivo que mantienen las Fuerzas Armadas, debido a las irregularidades cometidas en los últimos años.

“Fondo de Ayuda Mutua”

Luego, el ex comandante en jefe, Óscar Izurieta, autorizó pagos irregulares a militares que perdieron millonarios aportes depositados en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), una suerte de fondo irregular creado en Coyhaique, en el que oficiales y suboficiales depositaban dinero mensualmente y cuando llegaba el retiro, obtenían una suma de dinero similar a un finiquito.

“Caso Pasajes”

Se trató de la malversación de caudales públicos -el denominado “caso pasajes”-, que consistía en que los altos funcionarios pedían cotizaciones para viajes oficiales por precios altos, para luego realizar la devolución de dinero o simplemente utilizar parte de éste en viajes personales junto a sus familiares.

En los casos que sobrara plata, la agencia, por medio de ejecutivos, en pleno acuerdo con los uniformados, se lo entregaban a través de cheques o en sus cuentas personales, sin importar que estos fondos eran públicos y destinados únicamente a financiar los gastos en pasajes correspondientes a las comisiones de servicios.

‘Operación Topógrafo‘

La Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) llevó a cabo la “Operación Topógrafo», en 2017, en la cual espió durante seis meses a dos funcionarios activos y dos en retiro, quienes podrían ser los supuestos denunciantes, por presuntas filtraciones de documentos de la Ley Reservada del Cobre, que eran considerados un secreto militar; durante la comandancia de Humberto Oviedo.

También espiaron al periodista que llevó la investigación del caso milicogate, Mauricio Weibel Barahona, por seis meses en 2017, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que” es grave que sigan los seguimientos a civiles. Pediré que investigue la Justicia”.

Los militares, a través de un comunicado, no negaron en absoluto el espionaje y aseguraron que “las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar y que puedan afectar a la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N° 19.974, contando con la aprobación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago designados al efecto, en los casos que es exigido por la ley”.

Fraude en adquisición de red criptográfica

El caso se abrió en abril de 2017, en la Fiscalía Centro Norte, a raíz de una auditoría enviada por la Contraloría. En ella se detectaron presuntas irregularidades en el Proyecto de Modernización de la Red Cryptofax, entre 2013 y 2015 (período en el cual la institución estuvo liderada por los comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo).

Se denuncia que el Comando de Telecomunicaciones adquirió equipos criptográficos en el extranjero para el intercambio de mensajes cifrados entre las agencias militares de otros países y la rama castrense.