Millonarias pérdidas dejan al país exportaciones de metales por evasión tributaria

Un reportaje de Ciper explica que Aduanas recauda casi el 30 por ciento de los impuestos que percibe cada año el país. En 2015 el servicio ingresó a las arcas fiscales más de 12 mil millones dólares, una cifra menor que en 2014 cuando recaudó US$14.309 millones. Dichos ingresos se obtienen de la suma del 6 por ciento por derechos aduaneros aplicados a las importaciones más el 19 por ciento del IVA.

Con sus 1.766 funcionarios –menos de los que tiene la Municipalidad de Santiago-, de los cuales solo 375 son fiscalizadores, Aduanas es la barrera de control de todo el comercio exterior chileno que en 2015 sumó US$119 mil millones.

Sus funcionarios no solo son responsables de cobrar los gravámenes de las importaciones. Su tarea más delicada la cumplen en 92 puntos de control -puertos, aeropuertos y pasos fronterizos- del país donde deben: verificar el valor y contenido físico de las mercaderías; ser escudo contra el narcotráfico, el contrabando, las falsificaciones y los productos peligrosos para la salud; además de hacer cumplir los tratados y acuerdos de comercio que Chile tiene con 25 países.

Aduanas recauda casi el 30% de los impuestos que percibe anualmente el país. Así, ese servicio ingresó en 2015 a las arcas fiscales US$12.244 millones, una cifra menor que en 2014 cuando recaudó US$14.309 millones. Ese cuantioso flujo se obtiene al aplicar a las importaciones el 6% de derechos aduaneros más el 19% del IVA y equivale a disponer del dinero necesario para financiar durante 16 años la gratuidad de la educación superior a los alumnos del 50% de las familias más vulnerables de Chile (US$ 766 millones anuales).

La recaudación podría ser mayor. Y ello, porque la evasión le arrebata al país unos US$400 millones cada año. Así lo estableció un estudio encargado en 2014 por el Ministerio de Hacienda. “Lo inferior a US$30 no se revisa y puedo declarar un repuesto de helicóptero en US$29”, dice un aduanero en ese mismo informe (ver estudio).

Transcurrido más de un año y a pesar de la contundencia del estudio, los fiscalizadores de Aduanas siguen siendo los mismos. Aún cuando está claro que los 375 fiscalizadores solo dan abasto para revisar visualmente (aforo físico) el 5% de la mercadería importada y verificar que el producto, la cantidad y el valor de la mercadería declarada documentalmente por la empresa propietaria y la agencia de aduana que realiza los trámites, sea real.

En el caso de las exportaciones, la revisión visual es prácticamente nula.

Aduaneros dijeron a CIPER que el 5% que se inspecciona visualmente es claramente insuficiente. Y lo sigue siendo –insistieron- incluso si se controla otro 5% de embarques, utilizando modelos de riesgo o “de inteligencia” que identifica procedencias o importadores sospechosos. Los fiscalizadores criticaron la priorización de estos modelos por sobre el aforo físico (visual) y responsabilizaron de ello al depuesto director Gonzalo Pereira.

A lo anterior se suma la ausencia casi total de control de otros minerales exportados por empresas mineras en el concentrado de cobre. Entre ellos, destaca el molibdeno y hasta hace muy poco el oro y la plata, los que salen del territorio como productos “no transables”. Recursos que generan millonarias utilidades para las empresas exportadoras, las que no cancelan impuestos por esas ganancias.

La escasez de fiscalizadores también facilita el narcotráfico y el contrabando, en especial de cigarrillos, producto que paga altos impuestos. Aunque resulte increíble, hay puntos de control -como Punta Arenas- que no cuentan con máquina de rayos X para inspeccionar contenedores y vehículos.

ENORME EVASIÓN Y POCA FISCALIZACIÓN

Las falencias de Aduanas no son nuevas. Ya en 2010 un informe de la Contraloría evidenció fallas en los procesos operacionales en la Aduana de San Antonio (ver informe). Entre los problemas estaba el atraso en la puesta en marcha del plan anual de fiscalización y diferencias entre la información que aparece en las declaraciones de importación (DIN) y los valores ingresados por los aduaneros.

Las fallas que detectó la Contraloría no ocurrían solo en San Antonio y fueron dimensionadas en 2014 por el doctor en Economía de la Universidad de Texas, Claudio Bonilla. En el estudio que encargó la Subsecretaría de Hacienda, Bonilla calculó que Chile pierde al menos US$400 millones cada año tributario solo en importaciones que evadieron impuestos. Además, señala como debilidad la falta de dotación fiscalizadora y personal con expertise en exportaciones sectoriales, como el pesquero, minero y químico.

En Iquique, el estudio de Bonilla dejó al desnudo la precariedad de la fiscalización: para los dos mil usuarios que generaron operaciones de franquicia en la Zona Franca, solo había tres funcionarios para el control de inventarios y se realizaron 38 revisiones. Esos controles generaron cobros de impuestos y denuncias que sobrepasaron los US$20 millones. “¿Qué hubiera pasado si se revisaban 60 de los dos mil?”, se plantea en el informe (ver estudio).

Uno de los sectores que exhibe mayor deficiencia en la fiscalización de Aduanas es el de las exportaciones de minerales. Así lo asegura Rolando Castillo, ex fiscalizador de ese servicio, quien ha denunciado en distintas instancias los miles de millones que el Estado deja de recibir por su ineficiente control.

Ya en 2009 Castillo había recurrido a la Contraloría por el molibdeno y el azufre contenido en el concentrado de cobre que exporta La Escondida (controlada por BHP Billiton), que no se consideraban como productos transables. La Contraloría respondió lo mismo que Aduanas en esa época: “La práctica comercial no los considera elementos pagables”. No tienen valor.

Castillo asegura que “durante mi permanencia en Aduanas observé que en ninguno de los embarques de concentrado de cobre de La Escondida se declaraba la existencia demolibdeno”. El no pago de impuestos por el molibdeno que se saca de Chile resulta extraño a la luz de los cálculos que otro organismo del Estado –la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco)- ha hecho sobre el precio internacional del molibdeno para 2016: US$5,5 la libra, más del doble del precio del cobre en la misma fecha.

Según el ex fiscalizador de Aduanas, Rolando Castillo, en 2009 La Escondida habría obtenido ingresos por US$ 700 millones sólo por el molibdeno que contenía el concentrado de cobre exportado, si es que fue procesado fuera del país, antecedente que él desconoce. Una situación similar –afirma Castillo- ha ocurrido por décadas con el azufre y minerales como plata y oro; y metales como renio y selenio que se obtienen del molibdeno.

La aseveración de Castillo se ve avalada por un informe de la Contraloría sobre la inspección que funcionarios de Aduanas realizaron en 2013 al laboratorio que presta servicios de control de embarque a la Minera La Escondida. En terreno concluyeron que los procedimientos empleados no eran suficientes para garantizar que la muestra extraída fuera representativa y que el peso controlado fuera el declarado.

No fue la denuncia de Castillo lo que encendió la alerta de las autoridades. Un gigantesco robo de concentrado de cobre a la División El Salvador de Codelco en 2014, desembarcó el problema en la Cámara de Diputados. El concentrado lo había vendido la minera La Escondida a El Salvador, pero los camiones que lo trasladaban fueron interceptados en el camino –con la colaboración de los transportistas- donde se procedió a cambiar la carga por prácticamente escoria de cobre.

El robo provocó un perjuicio para el Estado de casi $6 mil millones. Si bien 22 personas resultaron detenidas, la investigación nunca logró establecer qué pasó con el concentrado sustraído. Según la PDI, éste fue comprado por Enami, pero también existe la sospecha de que fue exportado. El escándalo derivó en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Y fue allí que el entonces director de Aduanas, Gonzalo Pereira, reconoció que la fiscalización a las exportaciones de minería es la gran debilidad y el gran problema del servicio.

Pereira explicó la razón: “La exportación no genera ningún tipo de pago de impuesto y, por lo tanto, está muy en el ADN de los funcionarios fiscalizar la importación y no la exportación”. Por esa razón, agregó, se mejoraron las fórmulas de fiscalización documental “a posteriori”, transformando el Departamento de Inteligencia Aduanera en el Departamento de Fiscalización a Posteriori, que tiene un plazo de hasta tres años para rectificar y cursar una infracción de ser necesario.

Las conclusiones de la Comisión Investigadora fueron claras (abril de 2014): Chile no cuenta con la institucionalidad pública adecuada para un control eficiente y riguroso que permita determinar la trazabilidad de un recurso tan preciado como el cobre. Y en las entidades responsables de ese trabajo, Cochilco y Aduanas, existe un déficit de funcionarios y medios técnicos para llevar adelante su labor. Siga leyendo.