Ministerio de Salud: De la falta de probidad al cupo parlamentario

Por Marcia Lara Acuña, presidenta ANFUSEREMI y directora nacional de la ANEF

Las jefaturas políticas designadas por los partidos se han transformado en entes depredadores del Estado, mermando con ello la legitimidad del servicio público. Conocer el informe de auditoría efectuado en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, recuerda a los chilenos/as que aún nada ha cambiado, y que los meses de protestas, y las cegueras de cientos de ojos inocentes y críticos, no pudieron terminar, por sí solos, con el abuso institucionalizado y la corrupción.

Ante estos hechos reiterados, la Convención Constitucional debe ser el poder constituyente que entregue al poder político, la ciudadanía y a las organizaciones sindicales, herramientas jurídicas y de fiscalización que adviertan, persigan y sancionen todo tipo de corrupción y falta a la probidad, en el sector público y privado.

Hasta la fecha, la falta a la probidad y la corrupción cuenta con el amparo de una Constitución ilegítima, que abrazó el neoliberalismo, fracturando la relación de bien común que existía entre la ciudadanía y lo público, y promoviendo, en su lugar, una relación de transacción e intercambio comercial entre la ciudadanía y el poder empresarial, que impide al poder político tomar las decisiones necesarias para transformar Chile, y devolverle su antiguo prestigio de país probo.

Chile rompió con el imaginario de ser “un país pobre, pero honrado” dando paso, a partir de la dictadura cívico- militar, a una corrupción que se perpetúa y legitima con la instalación del sentido común de “la medida de lo posible”, momento en el cual las autoridades de turno hicieron notable abandono de sus deberes, en cuanto a derechos humanos, fundamentales y sociales, entregando los recursos económicos y simbólicos del Estado, al beneficio de particulares y privados.

Indudable abandono de deberes por parte de su jefatura, transparentó la fiscalización a las adquisiciones de bienes y servicios en la SEREMI Salud RM, que arrojó lamentables resultados. “En la revisión de la documentación de respaldo de las contrataciones de diversos hoteles ubicados en la RM, para ser utilizados como residencias sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2, (…) la Secretaría Regional Ministerial de Salud RM no acreditó la existencia de documentación de respaldo que sustente los desembolsos realizados, por la suma de $ 538.658.592, por conceptos de prestación de los servicios de hospedaje y transporte (de pacientes Covid19)”.

Lo incomprensible para los trabajadores/as de la Seremi de Salud RM y su Asociación, es que a días de recibir este informe, conocemos la salida de la Seremi Sra. Paula Labra, quien anunció dejar su cargo para postular a un escaño de la Cámara de Diputadas/os. ¿Nos les parece un desapego ético inexplicable, el que una autoridad designada deje en este desorden financiero una administración del Estado? ¿Qué permite a nuestra sociedad aceptar sin cuestionamientos que jefaturas políticas abandonen sus cargos, dejando una institución plagada de irregularidades, para ir por otra “presa”?

El gran desafío que enfrenta Chile es romper no tan solo con las prácticas recientemente vistas en la Seremi de Salud RM, sino que también con las políticas neoliberales que transformaron el Estado en una caja pagadora de los privados, naturalizando que muchas autoridades designadas se paseen de un ministerio en otro, y salten de una institución a otra, sin sanción alguna, en plena impunidad frente al abandono de deberes en el cuidado de los recursos que administran. Como si nada, la mano invisible del mercado lleva al Congreso a cuestionadas autoridades designadas como Paula Labra, Jaime Mañalich, y qué decir del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, presente en la Convención Constitucional.

La recuperación del comportamiento humano y su sentido, es decir lo ético en lo público, debe incluir la experiencia de los/las trabajadores/as del Estado y sus organizaciones. Los trabajadores/as sindicalizados, exigimos romper con estas prácticas y designaciones. La nueva Constitución debe promover la imbricación de los trabajadores/as del Estado sindicalizados, con los procesos de fiscalización anticorrupción. Debemos ser parte del engranaje para defender los intereses de la ciudadanía.

Los/las que corrompen el Estado, no son sus trabajadores/as; son ciertas jefaturas políticas de distinta procedencia ideológica, quienes en complicidad con los privados, optan por no investigar ni sancionar la corrupción. Chile debe recuperar su moral y su ética, como cuando sus autoridades públicas, después de cumplir sus mandatos, volvían a vivir honrada y dignamente del ejercicio de sus profesiones. No cambiaremos nuestras instituciones mientras no nos hagamos cargo de la pregunta por el sentido.