Ministro Mario Carroza investiga adopciones irregulares de 579 niños durante la dictadura

Un reportaje del diario La Tercera, publicado este domingo, da cuenta de una investigación sobre adopciones irregulares de menores que está desarrollando el ministro en visita Mario Carroza. De acuerdo al reporte, la causa comprende el periodo entre 1973 y 1990, donde hay 488 niños y niñas que salieron del país hacia Estados Unidos y Perú. Sin embargo, años antes y algunos después también hubo otros casos sumando 579 en total.

La principal protagonista de la historia, que actualmente se encuentra en calidad de inculpada, es Telma Uribe, trabajadora social que tenía en su poder un archivo con el pasado de cada uno de estos niños y niñas. Del total, hoy se sabe que 525 los acogieron familias extranjeras, llegando a Estado Unidos 432 y a Perú 27.

Estos documentos, añade el reportaje, fueron incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI). Así, en el informe al que accedió el medio, elaborado por María Cecilia Erazo, asistente social y abogada de la UC, que ejerce funciones de perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, aclaró que Telma Uribe tenía colaboradores, como dos médicos, una abogada, una traductora, una secretaria y dos asistentes sociales.

El proceso consistía en que tenían contacto con matrimonios extranjeros y pedían la tuición judicial del niño, lo sacaba de Chile y era adoptado en el extranjero. “En algunos casos (Uribe) sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, consigna otra parte del informe.

Si bien, Carroza comenzó con pocos casos, las querellas se fueron sumando con el tiempo, como la de Marianne Skoglum, adoptada en el extranjero y que a sus 22 años encontró a su madre biológica, quien aseguró que un matrimonio le quitó a la pequeña en presencia de una asistente social.

Asimismo, en uno de los cuadernos incautados en el allanamiento a la casa de Uribe, se confirmó que las madres que entregaron de forma voluntaria a sus hijos e hijas tenían graves problemas económicos. El pago, según el peritaje consistía en un mes de sueldo compra de útiles personales, curación de heridas de cesáreas, movilización más un mes de sueldo, ayuda en dinero, pensión completa antes y después del parto, cancelación de deudas de servicios básicos, compra de cama y el pago del 50% del valor de la clínica.

En el reportaje, Cecilia Erazo concluye que esta falta de control favoreció la generación de “una actividad económica asociada a la materia”, que es complejo diferenciar hoy si se trató de “el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre, la que efectivamente se encuentra viviendo en una situación de extrema pobreza”.