Mucho más que un “cambio de casa”: Desafíos presentes y futuros para un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

"Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de sistemáticas vulneraciones de derechos dirigidas en contra de las niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado, incluso con resultado de muerte..."

Por Opazo

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Chile / Columnas / Derechos Humanos

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Por Red de Universidades por la Infancia

Frente a los hechos denunciados el día 23 de marzo pasado, a través de un video en el que se escuchan gritos y llantos de un niño al interior de una Residencia Familiar, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME), como Red de Universidades por la Infancia (RUPI) tenemos la necesidad y el deber de sumar una voz que contribuya a la construcción de una visión más amplia y compleja de esta nueva coyuntura.

Los audios e imágenes difundidas, no son excepcionales y han resultado comprensiblemente impactantes y violentos. La reacción social inmediata de indignación, se ha expresado a través de las redes sociales y también mediante la convocatoria a protestar con la consigna “NO+SENAME” en el frontis de esta residencia. A ello se suma, la sobreexposición mediática del caso, carente -como es habitual- de un análisis de fondo.

Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de sistemáticas vulneraciones de derechos dirigidas en contra de las niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado, incluso con resultado de muerte. Esto ha sido reiteradamente visibilizado por diversas Comisiones investigadoras del Poder Judicial y UNICEF, el Poder Legislativo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Comité de los Derechos del Niño, la Defensoría de la Niñez, entre otras.

A partir del Acuerdo Nacional por la Infancia (2018), se inició el cierre de los diez Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) existentes en el país y la implementación del Modelo de Residencias Familiares de SENAME. Tras la trágica historia de Lissette, la entonces Directora del Servicio declaró que este nuevo modelo debía ser “distinto” y “permanente”. Al mismo tiempo, recalcó que se requería “una mayor oferta de salud mental”, y que esos cambios ya estaban “en curso»1. No obstante, la brecha asistencial en salud mental para niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado es tan profunda y compleja, que no parece reversible en un corto plazo, aunque se tomen algunas medidas puntuales.

Situar los últimos hechos solamente en las falencias del actual SENAME, tiene el efecto de reproducir un diagnóstico parcial y una lectura lineal, que impide reflexionar respecto de la raíz y los desafíos más relevantes asociados. Como ya venimos señalando diversas voces, resulta urgente construir una nueva política e institucionalidad para la infancia, que sea verdaderamente garante de sus derechos. Esto nos obliga a repensar el sistema desde sus cimientos, en base a dos pilares inseparables: una Ley de Protección Integral y una Ley de Garantías de Derechos de la Infancia.

El diseño actual no parece estar considerando a cabalidad los numerosos diagnósticos ni desafíos levantados por la sociedad civil y la academia, perpetuando así falencias como la precarización del sistema proteccional fundamentada en lógicas manageriales de subvención y licitación, que se focalizan en el desempeño administrativo por sobre el enfoque de derechos de la niñez, impactando la estabilidad y trayectorias vitales de numerosos niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Debemos realizar cambios estructurales a nivel cultural, constitucional, legislativo e institucional. De no ser así, existe el enorme riesgo de que el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”), se trate solamente de un cambio cosmético de un sistema que presenta desde hace mucho graves falencias.

Volviendo al caso de la mencionada residencia familiar, de acuerdo con las versiones y comunicados publicados, el niño en cuestión se encontraba manifestando una descompensación conductual severa, por lo que se activó “el protocolo correspondiente”. Según lo establecen normativas y protocolos, se debe solicitar la concurrencia del SAMU para que tome medidas para contener físicamente al niño(a). A su vez, el SAMU establece llamar a Carabineros para estos fines. Así, se observa el despliegue de una cadena de actores y prácticas institucionales centradas en el “resguardo”, que prioriza la misma lógica punitiva de vigilancia y sanción, en lugar de contextualizar, comprender y contener emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes, desde un enfoque centrado en su bienestar integral.

El foco en la problemática de salud mental, planteado en el comunicado oficial del SENAME, muestra que la cuestión de la «regulación y/o desregulación» de los niños, niñas y/o adolescentes bajo tutela del Estado y su apropiado manejo es una materia pendiente, en tanto continúa existiendo un deficiente diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su bienestar y salud integral. Reducir el sufrimiento de muchos de estos niños, niñas y adolescentes a protocolos de control y manejo conductual tiende a des-humanizarlos y cosificarlos una vez más.

Aunque las residencias familiares cumplan con mejores estándares de infraestructura y menor ratio de niños(as) por cuidador(a), y se cambien determinadas normas y protocolos -especialmente los referidos a las situaciones de desajuste emocional y/o conductual- esto no implica per se que sus múltiples y/o complejas necesidades se cubran satisfactoriamente, ni que las problemáticas cesen. Esto conlleva el riesgo de respuestas tecnócratas, centradas en meras modificaciones normativas, o en la generación de lineamientos técnicos heredados de otras latitudes, sin verificar su ajuste a nuestra realidad local.

El Estado chileno debe estar a la altura de las exigencias y responsabilidades que le caben en la prevención de las vulneraciones hacia la niñez. Más allá de algunos avances, la respuesta estatal se encuentra aún muy por debajo de los estándares internacionales, en términos de garantizar las condiciones para un buen cuidado. Desde la responsabilidad que nos cabe desde el mundo académico, alzamos la voz para exigir al Estado la real transición hacia una política integral basada en las directrices internacionales de derechos humanos, que se inicie con la prevención de las separaciones injustificadas de los niños, niñas y adolescentes de sus familias de origen. Los múltiples apoyos a ellos, ellas y sus familias deben estar garantizados, mediante acompañamientos y soportes tempranos, estables y coordinados intersectorialmente.

Solo en aquellos casos en que la separación sea inevitable, acorde al Interés Superior de los niños, niñas y/o adolescentes, podrán ingresar al sistema de cuidados alternativos. Durante su permanencia, se deberán implementar los más altos estándares técnicos y de derechos humanos, tales como, la especialización y formación continua del personal, así como también condiciones laborales acordes a la importancia del rol, la experticia requerida y el desgaste emocional que implica. Finalmente, todos debemos continuar trabajando para promover una sociedad intolerante a la violencia, y que valore y promueva espacios de participación infantil significativa, como elemento central e indispensable para una protección efectiva de sus derechos.

1 SENAME cambia el destino del CREAD Galvarino donde murió Lissette Villa (7 mayo de 2019). Diario Electrónico T13. Recuperado de: https://www.t13.cl/radio/nacional/noticias-tele13-radio/noticia/video-sename-cambia-destino-del-cread-galvarino-donde-murio-lissette-villa

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