Por Hugo Gutiérrez Gálvez
Cuando en 2012 presenté junto a los diputados Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, Tucapel Jiménez, Carlos Montes, René Saffirio, Alfonso de Urresti, entre otros, el proyecto de ley (Boletín N° 8585-17) para restablecer el feriado del 11 de septiembre, lo hice con una convicción que sigue intacta.
Si bien, “El once” no debía volver a ser un feriado de celebración alguna, tampoco debía quedar como una fecha huérfana de sentido oficial. Había que cambiarle el carácter, no borrarla.
Entonces, propusimos declarar feriado legal el 11 de septiembre bajo la denominación de “Día de los Derechos Humanos y de conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado”.
No era un capricho ni una provocación, era la respuesta lógica a una evidencia que los propios considerandos del proyecto recogían. El 11 de septiembre de 1973 se produjo en Chile un Golpe de Estado que terminó con la democracia, derrocó por la fuerza al Presidente Constitucional Salvador Allende Gossens y dio origen a una dictadura militar de 17 años encabezada por Augusto Pinochet Ugarte.
Lo que vino después no es materia de interpretación, es verdad oficial. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, documentaron que durante la dictadura se violaron masiva y sistemáticamente los derechos humanos de miles de chilenos, detenidos y desaparecidos, torturados, ejecutados, exiliados, encarcelados y exonerados.
Esas violaciones no fueron excesos aislados, constituyeron, como señala el proyecto, parte de una política terrorista de Estado destinada a exterminar a los opositores, para lo que se crearon organismos de persecución política como la DINA y la CNI.
Frente a ese holocausto chileno, la única respuesta civilizada es la memoria colectiva: para que nunca más en Chile se vuelva a repetir un hecho como este. Y las víctimas, encabezadas por Allende, requieren un día para que se les rinda homenaje y para que en todo el país se realicen actos de conmemoración que asuman un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos.
Eso es exactamente lo que propusimos, no un feriado de fiesta, sino un feriado de memoria, reflexión y compromiso. Un día en que el Estado se detenga, no para celebrar, sino para recordar.
Sin embargo, la historia oficial optó por el camino opuesto. En lugar de transformar el carácter del 11 de septiembre, se lo eliminó del calendario; se lo trasladó, se lo disolvió, se lo dejó como una fecha cualquiera.
El mensaje fue claro: la dictadura no se conmemora, se olvida. Pero lo que se olvida no desaparece, se pudre en el sótano de la convivencia y reaparece, tarde o temprano, como desprecio por las víctimas.
El mundo ofrece ejemplos que desmienten el mito de que conmemorar una tragedia divide. En Cataluña, cada 11 de septiembre se conmemora la caída de Barcelona ante Felipe V en 1714, el fin de las libertades catalanas. No es un día de luto paralizante, es la Diada, la jornada de afirmación nacional más masiva del calendario catalán.
En Argentina, el 24 de marzo es feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas del Golpe de 1976. Allí nadie propone trasladarlo a un domingo “para que vaya más gente”, se asume que la memoria exige una pausa cívica, no una conveniencia logística.
En Uruguay, el 20 de mayo, fecha del asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires en 1976, es el día de la Marcha del Silencio, y el Frente Amplio ha propuesto declararlo feriado no laborable como fecha patria. La consigna es idéntica en los tres casos: memoria, verdad y justicia no caben en un domingo cualquiera.
El efecto de negar esa fecha es psicológico y social, y opera en dos direcciones. Para las víctimas y sus familias, la eliminación del feriado y la ausencia de actos oficiales significan que su dolor no merece una pausa nacional, el mensaje es que deben conmemorar en privado, en la periferia, sin interrumpir la normalidad.
Para el resto de la sociedad, la señal es más insidiosa. Si el Estado no se detiene, entonces el 11 de septiembre no fue tan grave, y ese vacío lo llenan quienes, como José Antonio Kast, deciden que ese día se trabaja con agenda habitual.
Kast no necesitó derogar nada más, la ausencia de feriado y de acto oficial le entregó el 11 de septiembre como una jornada laboral cualquiera, habilitando el desprecio por las víctimas y por las mayorías que aún viven en el modelo impuesto por la muerte.
Algunos sectores de izquierda argumentan que la marcha debe realizarse otro día, preferentemente domingo, para que asista más gente. Es un argumento que confunde cantidad con sentido. La marcha del 11 de septiembre no es un evento de convocatoria, es una irrupción en la normalidad, y su fuerza radica precisamente en que interrumpe la rutina, en que obliga a la ciudad a detenerse, en que quienes no marchan se vean obligados a preguntar por qué la calle está paralizada.
Trasladar las conmemoraciones al día domingo la convierte en una romería domesticada, en un acto de memoria de fin de semana que no incomoda a nadie. La memoria que no incomoda no transforma, y la memoria que no transforma es solo un adorno.
Chile necesita volver a marchar el 11 de septiembre, no para celebrar, sino para disputar el significado de esta fecha a quienes pretenden reducirla a un común día de trabajo. Necesitamos que ese día sea feriado nacional, pero no para el descanso, sino para la conmemoración. Un feriado que no celebre nada, que no venda nada, que solo obligue a detenerse y recordar.
Ese fue el sentido del proyecto del año 2012, no para honrar ni hablar de perdón sobre los victimarios, sino para honrar a las víctimas, para conmemorar el horror del golpe y comprometernos, cada año, a que nunca más en Chile se repita.
La democracia no se consolida olvidando sus heridas, se consolida nombrándolas, cada año, en la misma fecha, en la misma calle, con la misma obstinación. El 11 de septiembre no se borra, se conmemora, y se marcha.
Hugo Gutiérrez Gálvez
