El Centro de Información Palestina (CIP) llamó al Gobierno de Chile a manifestarse ante las declaraciones genocidas del ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir (en la foto), quien propuso públicamente matar entre 30 y 40 palestinos cada noche en la franja de Gaza porque «no merecen vivir» y asegurando que «ni siquiera son personas».
Ante esto, desde el CIP afirmaron que «no parece un estándar particularmente exigente esperar que un Gobierno democrático condene declaraciones de esta naturaleza. Sin embargo hasta ahora, el Gobierno de Chile no ha considerado necesario pronunciarse».
Para el CIP, «si un ministro de Estado puede proponer matar personas por decenas y negarles incluso su condición humana sin provocar una condena de nuestro país, ¿cuál es exactamente el límite que debe cruzarse? ¿Qué está esperando el Gobierno para manifestarse?»
En este punto, recordaron que «desde que asumió el Presidente José Antonio Kast, su administración ha avanzado en restablecer los vínculos políticos y militares con Israel: abrió nuevamente las puertas de la Fidae a la industria militar israelí; redujo de miembro pleno a observador la participación de Chile en el Comité ONU para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino; y, hace apenas unos días, se conoció la decisión de volver a enviar agregados militares a Israel, revirtiendo su retiro dispuesto en 2025 precisamente a raíz del genocidio en Gaza».
«Resulta difícil conciliar estas decisiones con la propia definición que mantiene la Cancillería sobre nuestra política exterior, que establece el respeto al derecho internacional y la promoción de los Derechos Humanos como principios que han dado coherencia y continuidad a la actuación de Chile a lo largo del tiempo», agregaron desde el Centro de Información Palestina.
Obligaciones internacionales de Chile
Otro aspecto importante abordado por el CIP tiene que ver con las obligaciones internacionales de Chile.
Sobre este punto, recordaron que nuestro país «es parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio desde 1953, instrumento que obliga a los Estados a prevenir y sancionar este crimen».
«La Corte Internacional de Justicia ha establecido que esa obligación de prevención exige emplear todos los medios razonablemente disponibles para impedir un genocidio cuando existe conocimiento de un riesgo serio», puntualizaron, remarcado que anteriormente, «Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega sancionaron a Ben Gvir en 2025, precisamente por su reiterada incitación a la violencia contra palestinos».


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