Costa de Valdivia:

«No puede negarse nuestra existencia»: Asociación de comunidades lafkenche denuncian arbitraria licitación de proyecto de Área Marina Protegida en territorio ancestral

La Asociación de comunidades lafkenche de la costa de Valdivia se ha manifestado contra el proyecto de Área Marina Protegida de la ONG Conectar para Conservar. "Repudiamos la licitación a puertas cerradas de este proyecto, y el grave conflicto de intereses que hay en la Corporación de Fomento Productivo de Los Ríos, que regaló 175 millones de pesos a un grupo de profesionales para hacer un trabajo que no tiene ninguna viabilidad legal", sentencian, denunciando además incompatibilidad con solicitudes propias y nulo diálogo con las comunidades.

comunidades mapuche costa valdivia

Fotografía: Referencial | lafkenmawida.org

A través de un comunicado público, las comunidades mapuche de la costa de Valdivia, reunidas en la Asociación de comunidades lafkenche ECMPO Wadalafken, manifestaron su más rotundo rechazo y repudio al proyecto de Área Marina Protegida (AMP) de la ONG “Conectar para Conservar”. El que fue objeto de un contundente aporte estatal y, según denuncian, ni siquiera considera a las comunidades ancestrales que habitan la costa.

El comunicado parte exponiendo como en el año 2020 el Consejo Regional de Valdivia aprobó 175 millones de pesos para la ejecución de un estudio, con el objetivo de construir una propuesta de área de conservación costera y marina (AMP) en el sector costero de las comunas de Corral y La Unión.

La ONG “Conectar para Conservar”, encabezada por Alfredo Almonacid, ex representante de la organización internacional The Nature Conservancy (TNC) en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), se adjudicó esta generosa licitación por un llamado: “Proyecto de Análisis, Manejo y gestión del sector costero de la Región de Los Ríos”, para, junto con investigadores asociados a la Universidad Austral de Chile (UACH), crear esta propuesta de administración de área marina protegida, que se ubicaría entre Morro Gonzalo y La Barra del Wenuleufu (Río Bueno).

¿Y los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios cuándo?

Lo que no se cuenta al respecto es que desde 2011, las comunidades indígenas de ese mismo sector vienen solicitando que se les reconozca sus derechos por el uso ancestral y presente que ejercen en la costa.

El año 2012, la solicitud “Huiro Antillanca” fue rechazada en la CRUBC «sin fundamentos, de forma arbitraria y bajo una mirada racista», denuncian las comunidades. En dicha votación, Almonacid votó de manera favorable aquella solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), realizada por las comunidades, por ende «nos parece insólito que hoy día ejecute un proyecto en la misma área sin respetar nuestros derechos, sin siquiera consultarnos», señalan.

Pese a la desfavorable votación, las comunidades perseveraron en legalizar el uso de la costa que por derecho les corresponde. Mas tarde, en el año 2018, se ingresaron dos solicitudes más en el mismo sector costero, una por la ECMPO Wadalafken, compuesta por 13 comunidades (que abarca desde Pilolcura hasta la Barra del Wenuleufu) y otra por la ECMPO Huape, de la comunidad Segundo Maripán de la localidad de Palo Muerto.

«El objetivo de las ECMPO y de la misma Ley Lafkenche es conservar el espacio costero y marino para el uso comunitario habitual, respetando el uso cultural y religioso que hacen las comunidades lafkenche en el sector costero, pero por sobre todo respetando el uso colectivo, es decir de todas las personas que habitan el territorio (sean estos pescadores artesanales, agentes turísticos, comerciantes, etcétera) y no se puede excluir ningún tipo de uso existente en el territorio«, enfatizan y explican las comunidades.

Desde la Asociación de comunidades lafkenche ECMPO Wadalafken denuncian que haciendo uso de «información y relaciones privilegiadas» se otorgaron fondos públicos para construir un proyecto de AMP, que pasa por encima de las dos solicitudes de ECMPO que realizaron las comunidades en 2018, actualmente en trámite, «menoscabando el interés de las comunidades costeras que hemos habitado aquí ancestralmente», señalan y aprovechan de aclarar que las ECMPO no reciben ningún tipo de apoyo para su solicitud ni ejecución por parte del gobierno.

Sin diálogo ni consideración

Frente a todos estos antecedentes, la Asociación de comunidades denuncia además que, para empeorarlo todo, ni la ONG Conectar para Conservar ni la Universidad Austral se han acercado a la asociación para dialogar, informar o tomar la opinión de las comunidades. No lo hicieron previo al proceso, ni tampoco durante la licitación.

Como segundo punto, las comunidades señalan que «en el proyecto que gana la licitación ni siquiera se mencionan la existencia de las solicitudes de ECMPO existentes en este sector costero. Esta omisión de información en la licitación aprobada por el CORE de Valdivia, además de ser una falta grave administrativa, es considerada por esta asociación como un acto de racismo hacia nuestro pueblo Mapuche Lafkenche, queriendo invisibilizar las solicitudes ECMPO«.

Dicho esto, como asociación consideran y establecen lo siguiente:

  • Primero: «Estas figuras de administración propuestas por esta licitación AMP son inviables desde que está completamente superpuesta sobre nuestra solicitud de ECMPO. Y son legal y administrativamente incompatibles a menos que las comunidades renunciemos a la solicitud o que la CRUBC la rechace, pero nuestra solicitud recién está en etapa de acreditación de uso consuetudinario en CONADI, por ende tampoco la CRUBC puede poner fin a esta tramitación. Por último, independiente de que CONADI acredite o no todo el polígono solicitado, no puede negarse nuestra existencia y nuestros usos relativos al lafken(mar) como pueblo originario de este territorio.«
  • Segundo: «Determinar si un ECMPO es factible de otorgar le corresponde a CONADI a través de establecer el uso consuetudinario de este espacio, como lo determina la Ley Lafkenche.»
  • Tercero: «La gobernanza del espacio costero marino debe ser administrada por las comunidades Lafkenche haciendo uso ancestral de sus territorios, y no administrada por el Estado o por personas foráneas a ésta.»
  • Y, cuarto: «La administración del Estado a través de la figura de conservación ha demostrado no ser eficaz para los territorios. Estas figuras están sujetas a los intereses político económicos del gobierno de turno, pudiendo ser desafectados en cualquier momento. Tenemos diversos ejemplos como lo son áreas marinas protegidas que tienen dentro centros de cultivos de salmones en la zona austral, o los actuales Parques Marinos que no tienen ninguna figura administrativa o legal de protección frente a la depredación de privados.«

«Rechazamos el proyecto de Área Marina Protegida»

Las comunidades lafkenche de Wadalafkenmapu señalan estar abiertas al trabajo con profesionales que estén interesados en la conservación del territorio costero. «De hecho creemos que así debiera ser, que profesionales pongan a disposición sus conocimientos para que podamos trabajar este ECMPO con apoyo científico también, pero sin imposición foránea de un modelo de conservación que no es efectivo y no nos representa», señalan.

A su vez, desde la asociación declaran reservarse el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan por «el indebido uso de recursos públicos». Y son categóricos en decir que «RECHAZAMOS el proyecto de solicitud de AMP y la licitación del Proyecto análisis, Manejo y Gestión del Sector Costero de la Región de Los Ríos«.

Desde las comunidades indígenas consideran una tremenda falta de respeto la actitud que ha tenido la ONG Conectar para Conservar. Las comunidades apuntan principalmente a Alfredo Almonacid y Layla Osman, quienes «sabiendo de nuestra presencia, no se dignan ni siquiera a responder los correos electrónicos que hemos enviado para obtener información respecto a la ejecución de su proyecto», señalan.

Finalmente y a modo de resumen, la Asociación señala que «por todos estos motivos es que repudiamos la licitación a puertas cerradas de este proyecto, y el grave conflicto de intereses que hay en la Corporación de Fomento Productivo de Los Ríos, que regaló 175 millones de pesos a un grupo de profesionales para hacer un trabajo que no tiene ninguna viabilidad legal, además de ser un estudio superficial solamente bibliográfico ni siquiera considerando hacer estudios de línea base para poder declarar una zona bajo protección».


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