Norma por nacionalización del cobre, litio y otros bienes estratégicos promueve una minería que beneficie a todos los pueblos y no a intereses de particulares

Este martes, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la iniciativa de norma constituyente «Por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir».

¿Qué significa esto? Que a través de la nacionalización se busca beneficiar a todos los pueblos y no a intereses de particulares. Esto se da en un contexto donde la mayoría de las riquezas en Chile están concesionadas por las grandes empresas mineras privadas nacionales y trasnacionales.

Esta nacionalización no afecta a la pequeña y mediana minería.

La norma (Boletín 270-5 en chileconvencion.cl) permite dar garantías para el financiamiento de las demandas ciudadanas, generar las bases de un nuevo modelo económico que otorgue al Estado sostenibilidad fiscal, recursos para el financiamiento de la industrialización y para la regeneración ambiental y social de las zonas de sacrificio, entre otras.

“La Nacionalización es un acto supremo de Soberanía, destinado a cambiar el régimen de explotación o aprovechamiento del conjunto de bienes, riquezas o actividades, por razones de orden superior, que se conectan con una nueva forma de apreciar y encarar las condiciones y necesidades de la vida social que es interdependiente de la economía y estas lo son de los ciclos metabólicos de la Naturaleza de la cual objetivamente dependemos como Humanidad, plantea el texto.

Esta norma fue presentada por la convencional Ivanna Olivares en compañía de sus pares, Maria Rivera, Carolina Vilches y Marcela Vera, y Pablo Sepúlveda Allende como invitado.

La constituyente del distrito 5 y perteneciente a la Provincia de Choapa, sector impactado por la minería a gran escala, respondió durante el debate constitucional: «Estamos seguros que no podemos avanzar hacia un modelo post extractivista, de lo que muchos de acá nos hemos declarado en esa línea, sin iniciar un proceso de nacionalización con valor agregado a la producción y que con este fondo y financiamiento podamos ir sustentando el modelo económico para el buen vivir».

En la Comisión de Medio Ambiente, la iniciativa fue aprobada en general donde se rechazaron los artículos 2, 6 y 9.

Los artículos aprobados fueron el 1°, 5° y 8° (juntos) con 13 a favor y 6 en contra. El 3° con 10 a favor, 8 en contra y una abstención. El 4° con 11 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. El 7° 10 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Las normas transitorias fueron todas aprobadas.

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«Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización», se lee en el documento.

La iniciativa establece que los bienes estratégicos son «los bienes naturales como el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales».

Según la norma, el Presidente de Chile tendrá un plazo máximo de 1 año desde la promulgación de nueva Constitución para implementar dicha disposición. Además, esta establece que «no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre bienes mineros y de hidrocarburos ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile».

El texto leído por la constituyente Olivares también propone que toda explotación de estos bienes estratégicos deberá realizarse «en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos», y que «los pueblos indígenas participarán de los beneficios de tales actividades, y percibirán una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades».

Con respecto a las indemnizaciones, la norma estipula que corresponderá al Contralor General de Chile determinar el monto que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y sus filiales, en 120 días contados desde que la Constitución entre en vigencia.

«Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas», se lee en el texto.

Por último, establece que el Presidente fijará el plazo, interés y forma de pago, que no puede ser superior a 30 años ni el interés ser inferior al 3% anual, y tendrá que ser pagada en dinero, «a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago».

Fin a años de explotación minera

«Es una ‘compensación por la inversión’, fueron hartos años de explotación minera, hartos años en donde se arrasó con los recursos mineros soberanos de nuestro país, así que habrá un proceso de compensación, lo que creemos que es lo justo, pero justo en la medida de lo que ya se extrajo», dijo Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), tras la aprobación de la norma.

“Es importante la nacionalización, porque con eso controlamos la evasión, una de las primeras razones donde se va el cobre y donde lamentablemente es imposible controlar la cantidad que se exporta, ya que en un informe de la ONU, en Chile no se cuenta la cantidad real que sale del país”, acotó.

Por su parte, Pablo Sepúlveda Allende planteó la necesidad de «enfatizar que estamos hablando de nacionalización y cuando hablamos de esto se habla de ejes estratégicos y actividades estratégicos de interés superior y del bien común. No así la expropiación que va dirigida a propiedades determinadas como un territorio para que pase una carretera. La nacionalización habla de ejes estratégicos o de bienes que son de interés superior a la nación».

«Esmuy importante la nacionalización porque con ella controlamos la producción y los ingresos que se obtienen por la explotación minera. Además controlamos la evasión que se produce por la acción de la gran minería privada y la primera de ella es donde se va el cobre y lamentablemente es imposible controlar la cantidad real que se exporta, de acuerdo a varios informes de Naciones Unidas en Chile que exponen que no se contabilizan las ventas verdaderas del cobre y de los otros minerales que va en el concentrado de cobre», dijo.

Como se trata de votaciones en general, los convencionales tendrán la oportunidad de presentar indicaciones hasta el 8 de febrero, para posteriormente votar en particular cada uno de los puntos que abordan las normas. Una vez aprobadas en particular, serán incluidas en el informe que se presentará ante el pleno para que sean votadas por dos tercios.

Cabe destacar que existe una iniciativa popular de norma que consiguió más de 17.000 firmas que fue presentada por el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre llamada ‘ Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro’.