Ñuñoa: Concejalas denuncian que cuarentena parcial se debe a proyectos inmobiliarios

Las concejalas de Ñuñoa, Paula Mendoza (PS), Emilia Ríos (RD) y Patricia Hidalgo (PPD) denunciaron que la cuarentena parcial establecida por el Gobierno en la comuna -aplicada solamente en el área norte de avenida Grecia- se debe a «intereses inmobiliarios», ya que hay varios proyectos en ese sector que actualmente están paralizados.

“Estamos completamente en contra de segmentar la comuna: Ñuñoa es una sola y la medida debe proteger a toda la población, no solo quienes viven al norte de Grecia”, afirmó la concejala Paula Mendoza.

La edil recordó que en la comuna ya es difícil respetar la cuarentena, considerando los límites territoriales, pues algunos sectores colindan con municipios sin restricción, como La Reina y Macul, y a los que ahora se sumará, a partir de este lunes, Providencia.

“Es inaceptable la determinación de las autoridades, porque al dividir la comuna dificulta aún más el cumplimiento y fiscalización. No tenemos otra explicación que razones económicas, pues hay diversos proyectos inmobiliarios en ese territorio que están paralizados por la actual cuarentena: acá se ha impuesto el dinero sobre el valor de la vida”, agregó Mendoza.

Por su parte, la concejala Patricia Hidalgo indicó que “no se han dado razones epidemiológicas de peso para hacer esta división y pone en aprietos al propio municipio, en su funcionamiento, pues la mayoría de los servicios se mantendrán en la cuarentena, pero la mitad de la población, que es la que más acude a dichos servicios, no tendrá acceso a ellos. Le exigimos al Gobierno que revierta la medida y que la cuarentena se aplique en todo el territorio”.

Finalmente, la concejala del Frente Amplio, Emilia Ríos, afirmó que “esta decisión no se entiende desde una perspectiva de salud pública, mientras los casos siguen aumentando día a día, el Gobierno opta por relajar medidas, lo que afectará a residentes y trabajadores que deberán desplazarse y así exponerse a fuentes de contagio. Si no hay transparencia en los datos, entonces se abre la sospecha fundada de que se privilegia la actividad económica, por ejemplo la inmobiliaria, por sobre la vida de las personas”.

Fuente: El Mostrador