Observatorio de DDHH y Violencia Policial condena agresiones sufridas por joven embarazada en Villa Francia

La tarde del pasado 29 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente en Villa Francia y ajena a los enfrentamientos que se producían entre Carabineros y manifestantes, Valentina, una joven embarazada de 21 años, fue víctima de una violenta detención por parte de un piquete de Fuerzas Especiales a […]

La tarde del pasado 29 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente en Villa Francia y ajena a los enfrentamientos que se producían entre Carabineros y manifestantes, Valentina, una joven embarazada de 21 años, fue víctima de una violenta detención por parte de un piquete de Fuerzas Especiales a solo 20 metros de su casa, y posteriormente trasladada a la 58° Comisaría de Estación Central, lugar donde las agresiones continuaron y le causaron lesiones graves a ella y al feto de aproximadas seis semanas de gestación.

Aunque la joven advirtió a los funcionarios sobre su estado de embarazo, de acuerdo con la declaración difundida por la familia, “los efectivos policiales le propinaron una patada en su espalda, cayó al piso, y le sujetaron del cuello y su brazo derecho, y otro efectivo la tomó del brazo izquierdo subiéndola al carro policial”.

Durante su traslado a la comisaría, comenzó a sentir dolor vulvar y sangraba profusamente. Los funcionarios policiales que la custodiaban desplegaron hacia ella un intenso maltrato psicológico, especulando respecto de la paternidad de su hijo y las condiciones de su embarazo. No conformes con ello, el conductor del carro desarrolló maniobras con la clara intención de que Valentina se cayera y se golpeara de forma reiterada durante el trayecto, lo que efectivamente sucedió.

La joven solicitó en reiteradas oportunidades ejercer su derecho legal de una llamada telefónica. Nunca se le permitió. Posteriormente fue traslada al CESFAM Padre Vicente Irarrázaval para constatar lesiones. El médico de turno minimizó su condición, pese al evidente sangrado, y la derivó a la unidad de maternidad del Hospital San Borja Arriarán. En dicho recinto, fue sometida a nuevos maltratos por parte de la profesional que la atendió, quien además de negarse a la solicitud de la joven de que el personal policial saliera de la sala ginecológica donde era atendida, le propinó “golpes en el brazo y empujones para que se recostara, le quitó una zapatilla y bajó su pantalón procediendo a la introducción del espéculo (…) con excesiva molestia y mal trato”, increpándola cuando la joven le plantea que se encontraba en su sexta semana de gestación y no doce semanas como afirmaba la «profesional».

De regreso a la comisaría, recién se llama a su familia para informarle de su detención, sin entregar mayores antecedentes, y su padre concurrió a buscarla. Al día siguiente Valentina continúo con intensos dolores y un profuso sangrado, que le llevaron nuevamente a dicho recinto, donde se constató que no tenía saco gestacional y que había perdido a su bebé.

Como OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLICIAL condenamos enérgicamente estos hechos constitutivos de los delitos de violencia innecesaria, maltrato psicológico, lesiones graves y tortura por parte de agentes del Estado. Asimismo, el tratamiento dado por el personal médico que, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, responden a criterios de violencia obstétrica.

El actuar de la FF.EE. de Carabineros de Chile y del personal de salud que constató posteriormente las lesiones, es inadmisible en un Estado democrático y garante de los derechos humanos. En efecto, Valentina no solo no recibió la atención que corresponde ante una situación grave de violencia policial, que culminó con la pérdida de una vida en gestación, sino también fue objeto de un trato degradante, ultrajante y negligente.

Este abuso de poder y actuar delictivo debe ser investigado en todas las instancias, de manera exhaustiva para determinar con precisión la magnitud de ellos, individualizar a los responsables de aquellos hechos y aplicar el máximo de las sanciones penales y administrativas que en derecho correspondan. La impunidad no puede ser el resguardo de conductas delictivas de funcionarios públicos que por mandato constitucional y legal se deben obligar a proteger la vida y la seguridad de las personas.

Interpelamos a las autoridades para que, sin más demora, se inicie un debate profundo en torno a la institucionalidad policial que la sociedad chilena requerirá en un nuevo marco democrático para asegurar el cuidado y respeto de la dignidad y los derechos humanos, lo que va más allá de la sola reforma a la Ley Orgánica de Carabineros y adecuación de sus protocolos.

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLICIAL

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