El pasado 19 de octubre, el Gobierno de José A. Kast presentó un proyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La iniciativa propone cambios en la gobernanza, las atribuciones y la organización territorial del organismo, con el objetivo de «modernizar su funcionamiento» y «fortalecer su institucionalidad».
Sin embargo, la propuesta ha generado alarma en organizaciones de la sociedad civil por sus implicancias en la protección de los derechos humanos.
Desde la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre DDHH y Empresas, que reúne a más de 25 organizaciones y centros académicos, manifestaron en una declaración pública su preocupación por los cambios propuestos a la composición del Consejo del INDH y sus posibles efectos en la autonomía del organismo y la participación de la sociedad civil.
Una de las modificaciones apunta a reducir el Consejo de 11 a 5 integrantes y cambiar el mecanismo de designación. Dos serían seleccionados entre candidatos de organizaciones de la sociedad civil, propuestos por el Presidente de la República y designados por el Senado; otros dos serían designados por la Cámara de Diputados y el quinto, por escuelas o facultades de Derecho.
La propuesta modifica así el mecanismo de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elección de sus representantes: «Modificar la participación directa de la sociedad civil en la elección de consejeros podría debilitar el vínculo del Instituto con las organizaciones y comunidades que conocen de cerca las vulneraciones de derechos humanos», comenta Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma.
Otro aspecto relevante es el cambio en las atribuciones judiciales del organismo.
La iniciativa elimina la facultad del INDH para interponer querellas criminales y la reemplaza por una facultad de denuncia institucional, aunque mantiene la posibilidad de presentar recursos de protección y amparo.
Además, el proyecto también modifica las condiciones para la presencia territorial del INDH. Si bien mantiene su domicilio en Santiago, no establece la obligación de contar con sedes regionales y entrega al Consejo la facultad de determinar cómo tendrá presencia en el país.
Esto, sumado a que el informe financiero que acompaña la iniciativa considera una eventual reducción del 50% de la dotación regional para calcular su impacto presupuestario, genera preocupación sobre la capacidad del Instituto para mantener su trabajo en los territorios.
«Frente a los posibles impactos de la actividad empresarial en los derechos humanos de personas y comunidades, el trabajo del INDH como organismo público independiente ha sido relevante para visibilizar esta temática. Debilitar su presencia regional podría dificultar la respuesta ante estas situaciones, que requieren la participación de distintos actores y un compromiso con la dignidad y la calidad de vida de las personas», agregó Roberto Morales.
DDHH y Empresas
Desde la Plataforma recordaron que los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos establecen que «el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos y las empresas, la responsabilidad de respetarlos».
En ese marco, la Plataforma subraya que contar con instituciones públicas independientes y con capacidad de actuar en los distintos territorios es fundamental para identificar y abordar posibles vulneraciones, especialmente cuando afectan a comunidades que enfrentan asimetrías de poder.
«Una institucionalidad pública independiente, con presencia en los territorios y capacidad para promover, proteger y educar en derechos humanos, es fundamental para avanzar hacia una sociedad más democrática y garantizar que las personas y comunidades puedan hacer valer sus derechos», concluyó el coordinador ejecutivo de la Plataforma, Roberto Morales.
Seguiremos informando.
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