Organizaciones critican iniciativa de alcaldesa de Antofagasta de implementar un «Plan Retorno» para colombianos

El alcalde de Independencia -la comuna con mayor población migrante de la Región Metropolitana-, Gonzalo Durán (PS), acusó a su colega de Antofagasta, Karen Rojo (en la foto), de querer forzar el regreso de ciudadanos colombianos mediante el Plan de Retorno.

Recordemos que tras el retorno de 160 ciudadanos haitianos ocurrido esta semana, la alcaldesa antofagastina anunció que están realizando todos los trámites necesarios para poder sumarse al Plan de Retorno, apuntando a los ciudadanos colombianos que residen hoy en la comuna, de los cuales «muchos» le habrían manifestado de manera «no oficial» sus intenciones de volver a su país.

En esa línea, Durán afirmó a radio Cooperativa, que «(en Independencia) tenemos una oficina municipal para las migraciones, además de una política muy estricta, tenemos sello migrante, y pese a ello no hemos tenido ningún requerimiento formal en orden a sumarse a este plan».

Por ello, agregó el alcalde Durán, lo planteado por Rojo «parece que más bien un esfuerzo de intencionar un fenómeno de esta naturaleza, más que un fenómeno espontáneo de la población migrante para retornar a su país de origen».

Similar postura manifestó el director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, quien manifestó a la misma emisora que «espera que este plan no sea la oportunidad de sacar créditos políticos».

«Hace uno o dos meses en el frontis de la Municipalidad (de Antofagasta) se puso un cartel donde señalaba que la municipalidad no se hacía cargo de los campamentos, de los migrantes ni de las drogas, y resulta que dos meses después aparece la alcaldesa queriéndose hacer cargo pero para ofrecer la vuelta los países. Con políticas así lo que vamos generando es más segregación y estigmatización», sentenció.

Las críticas a la iniciativa también vinieron desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes. Uno de sus integrantes, Pablo Rojas, señaló que «a las comunidades organizadas en torno a los derechos humanos no nos parece adecuado, pertinente ni ético. Hay que esperar un pronunciamiento oficial de estas mismas comunidades respecto de la legalidad de esta eventual acción si se realiza a nivel municipal, recabar unos datos más y saber su parecer directamente», concluyó Rojas.