Organizaciones de la sociedad civil, ambientales y académicas, respaldadas por el Colegio Médico, entregaron este martes 1/9 una carta a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para solicitar el reingreso inmediato a Contraloría de 2 decretos que fortalecen los estándares de calidad del aire y emisiones de centrales termoeléctricas.
Se trata del D.S. N°3/2026, que revisa la Norma Primaria de Calidad del Aire para MP2,5, y del D.S. N°8/2025, que actualiza la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas.
Ambos instrumentos ya completaron las principales etapas de su tramitación reglamentaria y fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Su publicación quedó pendiente al ser retiradas del trámite de toma de razón ante la Contraloría, junto a otros 41 decretos ambientales, el 12 de marzo pasado, una vez asumido el actual gobierno de José A. Kast.
Según el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) que fundamenta la nueva norma de MP2,5, la implementación del nuevo estándar, permitiría evitar 14.660 muertes prematuras por causas cardiopulmonares entre 2026 y 2035 -equivalentes a unas 1.466 muertes al año-, junto a más de 8.400 hospitalizaciones y 426.841 visitas a servicios de urgencia por asma durante el mismo periodo.
Para el presidente del Departamento Nacional de Medio Ambiente del Colegio Médico, Dr. Yuri Carvajal, la demora en la entrada en vigencia de estas normas tiene consecuencias directas sobre la salud de la población.
«Desde el punto de vista sanitario, la urgencia es evidente. La nueva norma de MP2,5 permitiría evitar 1.500 muertes prematuras al año por causas cardiopulmonares entre 2026 y 2035, además de miles de hospitalizaciones y cientos de miles de visitas a servicios de urgencia por asma», alertó el profesional.
Por eso, agregó, «reingresar estos decretos a Contraloría no es solamente un trámite administrativo: es una medida concreta para reducir enfermedades y muertes que hoy son evitables».
Dos tercios de la población chilena expuesta a contaminación nociva
Mientras los nuevos estándares no entren en vigencia, Chile continúa rigiéndose por la norma de calidad del aire para MP 2,5 establecida en 2011.
En este marco, la carta advierte que 126 comunas superan la norma anual propuesta y que cerca de dos tercios de la población nacional está expuesta a niveles de contaminación que la evidencia científica considera nocivos, una situación que se vuelve incluso más grave durante los meses de invierno producto de la mayor concentración de material particulado.
La actualización de la norma para centrales termoeléctricas, en tanto, incorpora por primera vez límites para metales pesados como níquel y vanadio y reduce los límites para mercurio, material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, con especial relevancia para territorios como Coronel, Arauco, Huasco y Mejillones.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, destacó que los procesos reglados y públicos para actualizar los Decretos Nº 3 y Nº 8 se extendieron durante años, cumpliendo las distintas etapas técnicas y normativas antes de su aprobación por el Consejo de Ministros y Segpres.
«El reingreso de estos decretos es importante no solo porque permitirá contar con estándares ambientales más exigentes y proteger la salud de las personas, sino también porque significa un ahorro de miles de millones de pesos para las familias y para el Estado, al reducir los costos asociados a las enfermedades y a las atenciones de salud que provoca la contaminación», remarcó Larraín.
Para Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, «cuesta entender la demora en esta materia, sobre todo cuando sabemos cuántas personas se ven perjudicadas en todo el país por estos atrasos».
En tanto, Benjamín Carvajal, de la ONG Uno Punto Cinco, destacó que «el Ministerio dijo que estaba trabajando para que Chile respire mejor. Estos dos decretos son justamente la herramienta que permite cumplir esa promesa, y están listos hace meses. Los documentos ya están escritos; falta la decisión del ministerio de reingresarlos a Contraloría».
«Cada mes de dilación se cuenta en vidas y enfermedades evitables», plantearon finalmente las organizaciones, reafirmando la necesidad de que el Gobierno reactive con urgencia la tramitación de ambos decretos.
Seguiremos informando.
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