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Osorno sin agua: ¿Deben los servicios sanitarios estar en manos de privados?

La crónica de cómo han sucedido los hechos que han llevado a la ciudad de Osorno a una de las peores crisis sanitarias de las que se tenga memoria, está plagada de inconsistencias, medias verdades y una larga lista de errores y negligencias por parte de la empresa sanitaria Essal.

El vertido de más de mil litros de petróleo en los acueductos que abastecen la ciudad ocasionó un masivo corte del suministro de agua potable, poniendo a prueba la paciencia de la ciudadanía y empujándola hasta límites inaceptables. Sin embargo, esta no es la primera vez que situaciones similares ocurren en nuestro país. Basta ver casos como el vertido de combustible en La Parva (2017) que afectó al río Mapocho y el suministro de agua potable.

En la región de Los Lagos Essal ya ha perjudicado cauces en la comuna de Los Muermos y también ha sido señalada como responsable del vertido de aguas servidas en el río Maullín y en el Lago Llanquihue, situación que está a la espera del fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia.

Por eso, distintas organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil han manifestado su descontento por cómo se han llevado a cabo las medidas de abastecimiento de agua potable y la falta de información confiable hacia la comunidad.

En todos estos casos ha quedado de manifiesto la incapacidad de los servicios públicos, no sólo en la permanente fiscalización que debiesen realizar sino que también en el establecimiento de medidas concretas orientadas a la prevención de desastres naturales provocados, ya sea por simple error o por un actuar negligente.

Tanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios como la Superintendencia de Medio Ambiente tienen la obligación de fiscalizar el actuar de las empresas para garantizar la seguridad nacional, como es el caso de las sanitarias. Resulta lamentable constatar que ese rol fiscalizador solo se aplica ante episodios críticos y no como una práctica sistemática que pueda derivar en mejores estándares.

La situación de Osorno que ha afectado a más de 48 mil hogares requiere necesariamente de una acuciosa investigación y es de esperar que la Cámara de Diputados inicie una Comisión Investigadora que permita esclarecer una situación reiterada en Chile, que acarrea graves perjuicios para toda la población y que hasta ahora no logra aplicar aprendizajes, por el contrario, las negligencias, la información incompleta y los protocolos insuficientes parecen ser una constante.

Finalmente, queda para la reflexión los beneficios o perjuicios que ha generado la privatización de los servicios sanitarios y resulta saludable iniciar un debate serio respecto a si éstos deben o no estar en manos de empresas privadas, cuya naturaleza es buscar el beneficio económico para sus accionistas y no necesariamente el bienestar general de la población.

Por Jaime Sáez, Frente Ecosocial RD Los Lagos.

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