Otra más: Investigan posible colusión de empresas de transporte de valores

Una investigación por posible «colusión» en el mercado de la seguridad privada para la custodia y transporte de valores, fue iniciada por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que en diciembre pasado ya solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros allanar e incautar antecedentes de tres compañías: Brink’s, Prosegur y Loomis.

Según consigna El Mercurio, concretamente, la FNE busca información sobre un posible acuerdo entre ellas, ya sea para fijar precios, limitar la producción, asignarse cuotas de mercado, afectar procesos de licitación, determinar condiciones de comercialización o excluir potenciales competidores.

Según el artículo 39, letra n, del Decreto Ley 211, cuerpo normativo que regula la defensa de la libre competencia, dichas atribuciones de la FNE -el allanamiento y la incautación de antecedentes- deben estar autorizadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y por un ministro de turno de la Corte de Apelaciones de Santiago, y solo se motivan por “antecedentes precisos y graves acerca de la existencia de practicas de colusión, reunidos por la fiscalía con anterioridad a la solicitud de autorización para hacer uso de las facultades”.

Consultados sobre el tema, desde la empresa Prosegur afirmaron que “en relación a la investigación iniciada por la FNE sobre el sector transporte de valores, la compañía indica que esta revisión tiene un caracter preliminar y no implica que exista responsabilidad o participación de la empresa en los hechos que se investigan.

Por su parte, la firma estadounidense Brink’s sustuvo que “en relación a una investigación iniciada por la Fiscalía Nacional Económica en el mercado de servicios de seguridad privada para la custodia y transporte de valores, o bienes de cualquier naturaleza, Brink’s informa que matiene los más altos estándares en relación al tema de libre competencia”

Cabe destacar que fuera de Chile, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española multó en noviembre de 2016 a Prosegur y Loomis por repartirse el mercado, acordar precios e intercambiar información comercial.