Otro supuesto acoso en el Ejército: El desatino del juzgado laboral de Valdivia

La presentación de demandas laborales contra el Fisco por supuestos hostigamientos al interior de las Fuerzas Armadas, y en servicios públicos como Carabineros y la PDI, es ahora un recurso válido de impugnación para ex funcionarios que denuncian persecuciones y bajas injustificadas.

En abril, El Ciudadano informó sobre la victoria judicial del ex soldado de Ejército y mecánico de helicópteros César Illufi Olivares en Rancagua, frente a una demanda que interpuso alegando tratos vejatorios por oficiales de la Brigada de Aviación.

En esa oportunidad, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del comandante en jefe Humberto Oviedo, discutió la presunta incompetencia del juzgado laboral de la Provincia del Cachapoal para resolver el fondo de la reclamación del ex funcionario militar, postura que no logró convencer a la jueza María Loreto Reyes Gamboa, quien acogió la demanda de Illufi.

Los argumentos del CDE carecían de sustento, puesto que un fallo de la Corte Suprema había resuelto previamente que los empleados del Estado, regidos por el Estatuto Administrativo y normas especiales, sí tenían la facultad para recurrir a tribunales del trabajo si estimaban que habían sido víctimas de una vulneración de sus derechos fundamentales.

La discusión se ha vuelto a repetir en el caso de la ex empleada civil del Centro Clínico Militar de Valdivia, Alejandra Lara Soto.

En febrero de este año, Lara demandó al Estado por «despido injustificado», aludiendo a supuestas decisiones arbitrarias de oficiales y suboficiales que la afectaron cuando trabajó en la institución, como también malos tratos.

En el escrito aseguró, por ejemplo, que un suboficial mayor la increpó verbalmente al reclamar por una sanción, diciéndole que «si no quería estar en el Ejército, fuera a buscar trabajo en el Líder».

El caso está, por ahora, estancado en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, puesto que el juez suplente Rafael Cáceres Santibáñez acogió el argumento de incompetencia del CDE, declarándose inhábil para seguir con la tramitación del causa.

El magistrado justificó su decisión al «encontrarse el trabajador sujeto a un estatuto especial que excluye la aplicación de las normas del Código del Trabajo por expresa disposición legal», desconociendo así la jurisprudencia laboral establecida por el máximo tribunal del país.

En virtud de la resolución del juez valdiviano, la afectada presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, proceso que se resolverá en las próximas semanas.