Padres de niños con alergia alimentaria: «Es nuestro derecho cuidar la salud de nuestros hijos»

Padres y madres se reunirán este jueves en las afueras del Compin Oriente de Santiago para denunciar el rechazo sistemático de las licencias médicas otorgadas para el cuidado de los bebés menores de un año con alergia alimentaria tanto a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) y/o Alergia Alimentaria Múltiple (AAM).

Según las cifras del Ministerio de Salud del 2017, un 5,5% de la población infantil padece esta enfermedad. Así, ante el aumento de casos y la dificultad por cuidar a sus hijos, los padres decidieron visibilizar la situación y exigir medidas a las autoridades y a los organismos encargados de revisar las licencias.

“Consideramos que estos rechazos son antojadizos ya que luego de aportar todos los antecedentes médicos de los casos de nuestros hijos, los cuales demuestran que la enfermedad es real y persistente en el tiempo en el que se requiere la licencia, los organismos encargados siguen dudando de la veracidad de documentos médicos que respaldan nuestras solicitudes”, señala la declaración difundida por los convocantes.

Desde la organización detallaron que cuando una licencia es rechazada por las isapres o Fonasa llega al Compin, donde unos médicos evaluadores son los que toman la decisión de aceptar o rechazarla nuevamente. Karina Montero, madre de un hijo con AAM, cuenta que luego de tres licencias, todas fueron rechazadas, y por cada negativa debió adjuntar documentos, exámenes, fotos y todo lo que acredite la veracidad de lo expuesto para apelar.

“Me llegó la resolución y el Compin respaldó la decisión de la isapre, pero los antecedentes no han cambiado, el informe médico está actualizado, el diagnóstico no ha variado en nada y las reacciones siguen. Por eso decimos que es una decisión arbitraria. Ahora me queda ir a la Superintendencia de Seguridad Social para presentar una apelación”, explicó Karina Montero a La Nación.

La movilización también busca denunciar la lentitud del sistema público para entregar las leches especiales, y exigir que los pacientes afiliados al sistema privado perciban los mismos beneficios que hoy, y desde el año 2016, tienen los que están en el sistema público.

Karina agrega: “En el sistema público se entregan las leches en los hospitales para los niños diagnosticados y por los que debes esperar meses para una atención. Se entregan máximo 10 leches por mes y solamente de dos tipos: una formula en base a aminoácidos para pacientes severos y una altamente hidrolizada para la mayoría de los pacientes. Lo cierto es que hay alrededor de 15 marcas diferentes de leches que varían en algunos componentes, por lo tanto no todos los bebés toleran las mismas marcas. El beneficio es solo hasta los dos años”.

Después del año de vida se puede empezar a probar con algunas leches menos hidrolizadas y más accesibles económicamente, pero depende de la evolución de la enfermedad en cada niño. Las reacciones alérgicas pueden ser inmediatas para los casos más severos en donde los pacientes presentan urticaria, síntomas gástricos y pueden llegar a presentar shock anafiláctico que puede ser mortal, lo que les obliga a acudir a la urgencia de algún centro asistencial para la inyección de epinefrina, añade la madre.

En la mayoría de los casos las reacciones alérgicas son tardías y los síntomas son principalmente gástricos, con inflamación, heridas en el intestino ante la persistencia del alérgeno, sangrado, diarreas y vómitos. En algunos casos va de la mano con reacciones cutáneas. El único tratamiento para las personas alérgicas es la eliminación completa del alérgeno.

Por todo esto, Karina y muchas madres no han podido volver a sus trabajos pues deben supervisar cada alimento que ingieren sus hijos, evitando la contaminación cruzada y registrando cada respuesta física para ir analizando su tolerancia hasta obtener avances.

Por ello, sobre los rechazos de las licencias médicas, la declaración concluye: “Estos son tratos abusivos ya que es nuestro derecho el cuidar de la salud de nuestros hijos, toda vez que ellos padecen de una enfermedad catalogada como grave. Se nos niega dicho derecho de permanecer con ellos para sus cuidados, además de dejar de recibir nuestro dinero, necesario para costear esta cara enfermedad. Esto nos lleva a organizarnos para exigir las aprobaciones de dichas licencias y la rapidez en los pagos de las mismas”.

Fuente: La Nación