Pandemia agrava la falta de recursos en escuelas en contexto de privación de libertad

Al interior del complejo penitenciario de Valparaíso se aloja el establecimiento educativo Centro Educativo Horizonte, bajo dependencia de la corporación municipal y prontamente del servicio local educativo (SLE) correspondiente. En él se educan más de 300 estudiantes entre mujeres y hombres en los niveles de Enseñanza Básica y Media.

Su atención está a cargo de profesionales docentes, asistentes de la educación, equipo del Programa de Integración Educativa (PIE), el sello de la escuela es “promover una sana convivencia a través del desarrollo de habilidades académicas, artísticas y culturales”, según cuenta la encargada de Convivencia Escolar del establecimiento, Muriel Fuentes.

La vida cotidiana no es sencilla, por el contrario, está llena de tensiones. De partida, por superposición institucional entre el Ministerio de Educación, el de Justicia, a cargo del sistema carcelario, y de Gendarmería, otro actor que interviene directamente en el proceso, sumando además al sostenedor del establecimiento, que en este caso es la corporación municipal.

En específico, Muriel Fuentes relata que muchas de las dificultades tienen que ver “con la asignación de recursos para los establecimientos de la modalidad Educación de Personas Jóvenes y Adultos (EPJA) en Contexto de Encierro” y se refieren a que “contamos solo con los recursos de la subvención regular, lo que limita proveer de otros insumos y contratar profesionales que apoyen el proceso educativo”.

La trabajadora entrega un ejemplo: “Todo lo que tenga que ver con adquisición de útiles escolares es costeado tanto por JUNAEB como por Gendarmería, ya que por sí mismos ellos y ellas no pueden comprarlos o adquirirlos”.

Otra dimensión relevante es que no se dispone de la Subvención Escolar Preferencial como el resto de los liceos públicos como para la realización de talleres formativos, o bien para el contrato de profesionales “que puedan ayudar a mejorar los procesos educativos de los y las estudiantes”, tales como contratar trabajadoras sociales o psicólogas.

De este modo, “se pierde la oportunidad de ampliar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes  y de optar a una educación integral, digna e inclusiva”, sostiene Muriel. 

PANDEMIA

Los 123 días de cuarentena que hubo tanto en Valparaíso como Viña del Mar y las restricciones que han persistido a causa de la pandemia, han agravado la situación hacia la urgencia.

En esa línea, Muriel Fuentes relata que “los y las internas no han tenido visitas para resguardar su salud frente al COVID-19, por lo que el sistema de entrega de insumos personales ha sido bajo la lógica de encomiendas”. Esto implica que “muchas familias no pueden entregar los insumos para subsanar las necesidades de sus seres queridos encarcelados”.

De este modo, el diagnóstico realizado por el establecimiento Horizonte “es que los insumos de aseo personal no eran los suficientes para nuestros estudiantes o simplemente no los tienen”.

Por este motivo, desde el Centro Educacional Horizonte han iniciado “una campaña de apoyo para ellos y ellas y desde ahí poder aliviar la carga psicológica frente a la situación de pandemia y contribuir a su proceso educativo”.

OFICIO A JUNAEB

Desde el Parlamento, la diputada Camila Rojas (Comunes) se sumó a colaborar para arribar a una solución para las y los estudiantes privados de libertad. 

A través de un oficio, la legisladora relevó que “las familias no han podido brindar la ayuda habitual, quedando muchos y muchas internas en una situación de precariedad, lo que en el fondo es producto del abandono y desprotección del Estado”.

Por ello, agregó que “se hace necesario que Junaeb entregue kits de aseo personal completo a todos los estudiantes que contribuyan a su mantención en el sistema escolar y al desarrollo integral de la persona y su dignidad”.

La diputada coincide con las educadoras del centro al reconocer que hay una grave vulneración de derechos: “El derecho a la educación de las personas privadas de libertad no se debe restringir ni suspender por el hecho de la privación de libertad”, sostuvo Rojas, amparándose, a su vez, en las declaraciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, quien afirma que “la preocupación fundamental en la educación en el entorno penitenciario debería ser la dignidad humana. La dignidad humana presupone el respeto de la persona, tanto en su actualidad, como en su potencialidad. Por ello, la educación debería estar orientada al desarrollo integral de la persona”.

La parlamentario apuntó la mira hacia JUNAEB, pues su misión se describe como “acompañar a los/as estudiantes en condición de desventaja social, económica, psicológica y/o biológica, para contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional, a través de la entrega oportuna de bienes y/o servicios”. 

Y tal como lo señaló el ex director de Junaeb, Marcelo Góngora Carvajal, en el contexto de un operativo médico realizado en el Complejo Penitenciario de Valparaíso el año 2015, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios que contribuyan a su mantención en el sistema escolar: “Este es un beneficio transversal que ayuda todos los estudiantes presentes en la educación pública y particular subvencionada. El hecho de que alumnos se encuentren en un centro penitenciario no los hace ajeno a este beneficio ya que la equidad en los procesos de educación es un derecho de todos los chilenos”.

Asimismo, cobra relevancia mencionar el anuncio de entrega de kits sanitarios por parte del Ministerio de Educación a aquellos establecimientos que retomarán las clases presenciales: “Esto le llega a medida que vayan abriendo, a todos los establecimientos escolares, también a los jardines infantiles de Junji e Integra y los que se administran vía transferencia de fondos por los municipios”, aseguró la autoridad. 

LLAMADO URGENTE

Frente a esta situación, desde el Centro Educacional Horizonte, Muriel Fuentes hizo un llamado “a las autoridades pertinentes como JUNAEB y Ministerio de educación para que trabajemos en conjunto para asignar recursos que sean pertinentes a la realidad de los estudiantes en contexto de privación de libertad, como la entrega de insumos de aseo personal, de forma periódica y permanente”.

Por otro lado, invitó a “aprovechar esta instancia para trabajar de cara a un proceso constituyente, en el cual el derecho a la educación sea transversal a todos los estudiantes de nuestro país sin distinguir edad o condición socio económica”.

Este llamado “se extiende a la sociedad civil y organizaciones interesadas en colaborar con la realidad penitenciaria, a sumarse a esta iniciativa que solo busca resguardar los derechos de los y las estudiantes que están en privación de libertad, dándole la dignidad que se merecen como todo estudiante y a sus familias en nuestro país”.

“El derecho a la educación debiese ser no que no distingue la historia ni la situación de cada persona, sino que se respeta pese a las diversas adversidades que puedan existir”, concluyó Fuentes.