Pandora Papers: Piñera aplica el modus operandi de Pinochet para ocultar su fortuna en paraísos fiscales

Durante las tres últimas décadas, el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) se convirtió en imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y varias naciones del mundo que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según reveló una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La investigación conocida como Pandora Papers fue realizada durante casi dos años por más de 600 periodistas y se basa en más de 11, 9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales. Más de dos millones de ficheros proceden de Alcogal y el ICIJ obtuvo los documentos y los compartió con 150 organizaciones de prensa de todo el mundo.

Según la corporación de periodistas, los Pandora Papers revelan información “sobre más de 14.000 entidades” extraterritoriales “en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creados por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996″.

“En total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen” en los Pandora Papers “estaban vinculados a Alcogal”, que “actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros”.

Alcogal y Pinochet

Los inicios del bufete se remontan a la década de 1980, cuando Jaime Alemán, joven abogado e hijo de un antiguo embajador de Panamá en Washington, quien después de trabajar brevemente como asesor jurídico del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, decidió reclutar en 1985 a otros tres abogados, Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee, para fundar Alcogal.

Desde el primer día, la empresa se dedicó a los asuntos confidenciales y cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25 mil dólares por crear unas llamadas sociedades anónimas, según escribió Alemán en sus memorias.

Según el abogado este tipo de empresas, representana un «negocio maravilloso» que permite a los bufetes de abogados cobrar honorarios anuales por actuar como agentes registrados, un papel de representación en el que gestionan documentos legales y reglamentarios.

«Los bufetes pueden cobrar honorarios adicionales por poner a sus propios empleados para que aparezcan en los documentos de constitución como administradores», escribió Alemán en sus memorias.

De este modo, el propietario real quedaba oculto al público.

«El cliente se limitaba a ir a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abría una cuenta bancaria numerada cuyo beneficiario era una sociedad panameña, que a su vez operaba de forma totalmente secreta, y no tenía obligación de pagar impuestos ni en Suiza ni en Panamá», explicó Alemán en su libro. «Las autoridades del país del cliente no tenían ni idea de la existencia de esos fondos, por lo que no podían cobrarles los impuestos correspondientes», subrayó.

Esta descripción se refiere a los cimientos de la economía de los paraísos fiscales: montar empresas pantalla en jurisdicciones de impuestos bajos o inexistentes; en esas empresas la titularidad se oculta tras unos administradores que no representan ninguna función significativa en la empresa.

A juicio de Alemán, se trata de un negocio de volumen, ya que cuantos más proveedores de compañías offshore se monten, mayores serán los beneficios.

«También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan la confidencialidad suelen tener algo que ocultar. Ese fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco empresas inscritas en paraísos fiscales que posteriormente se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile desde 1973 hasta 1990. En el momento de su muerte, en 2006, Pinochet se enfrentaba a cargos por crímenes de lesa humanidad y por el robo de millones de dólares de fondos públicos», plantea la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En los documentos judiciales recabados, se revela que Alemán reconoció que su bufete de abogados había creado las empresas, pero según el abogado, en ese momento ignoraba que estuvieran conectadas con Pinochet.

«Alemán declaró que su bufete descubrió la conexión en 2004 y que procedió a dimitir como agente registrado. Alcogal tiene «una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas», afirmó en una declaración judicial.

Pandora Papers y Piñera

Sebastián Piñera, es junto al ecuatoriano Guillermo Laso y el dominicano Luis Abinader uno de los tres mandatarios latinoamericanos en activo salpicados por los Pandora Papers.

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que tuvo a LaBot y a CIPER a cargo del capítulo chileno, sacó a la luz que el presidente Piñera, negoció en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga.

Según los Pandora Papers la familia Piñera Morel que acumula más de 2.900 millones de dólares, la cuarta mayor fortuna de Chile, fue originalmente la mayor accionista de este proyecto minero que vendió al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos del actual mandatario.

En un principio, Piñera y su familiacontaban con el 33% y sumado el porcentaje de Délano, los amigos tenían en conjunto el 56% del negocio, según los citados documentos.

El reparto de los derechos se mantuvo hasta diciembre de 2010, año en el que Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, que entonces llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).

El reparto de acciones se mantuvo hasta diciembre de 2010, cuando Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera. La operación se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares. El monto debía cancelarse en tres cuotas: el 10 de diciembre se pagarían 106,8 millones de dólares y el 18 de enero otros 21 millones de dólares. El saldo quedaría pendiente hasta el 31 de diciembre de 2011. Este último pago, sin embargo, tuvo una condición: solo se haría si el Estado no declaraba reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga, como en ese entonces reclamaban los ambientalistas, según reseñó Ciper.

La suerte del proyecto Dominga quedó en manos del Gobierno de Piñera, que no promovió la protección ambiental de la zona.

De hecho, pocos meses después de asumir en marzo de 2010 su primer mandato, Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, de la franco-belga Suez, pese a que contaba con los permisos para operar. “He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”, dijo entonces Piñera tras una protesta de ambientalistas en la zona. Barrancones debía funcionar en la comuna chilena La Higuera, el mismo sitio que la minera Dominga.

Cuando se suspendió Barrancones no se sabía que Piñera estaba detrás del desarrollo de Dominga. Cuando se descubrió, se abrió una comisión investigadora en Diputados que concluyó que era posible, al menos, presumir que Piñera “buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”. El asunto también fue objeto de una querella en el que Piñera fue sobreseído.

Ahora, a pocos meses de que Piñera termine su segundo mandato, el  megaproyecto minero Dominga se aprobó el pasado agosto por una comisión ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales ministeriales, tras ser rechazado en 2017 durante la administración de Michelle Bachelet y por un tribunal ambiental.

Tras una reclamación que había interpuesto la empresa responsable del proyecto, Andes Iron, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se dio luz verde a la criticada iniciativa, que busca construir una mina de hierro y cobre que produzcan más de 150.000 toneladas minerales.

Fortuna en paraísos fiscales

Este lunes, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer nuevos antecedentes sobre la arista que involucra al presidente Piñera en los denominados “Pandora Papers”.

Específicamente, la investigación -liderada por Ciper y LaBot en Chile- entrega luces sobre las sociedades del jefe de Estado en las Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment Inc. y Bancard International Development Inc.

En los nuevos documentos dados a conocer ahora por ICIJ, los cuatro hijos del mandatario reconocen que la fuente de sus activos en las Islas Vírgenes Británicas son los negocios de su padre.

«Se trata de dos documentos idénticos, en que los cuatro hermanos Piñera Morel debieron declarar ante la empresa que gestiona las sociedades, Overseas Management Company (OMC), el origen de los fondos de Bancard International Investment y de Bancard International Development. El objetivo de la declaración jurada era descartar que el dinero proviniera de fuentes ilícitas. Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel reconocieron dos fuentes de ingresos: una donación de su padre y los intereses de capital de Bancard –al que denominan “holding familiar”– por la venta de Transbank y Fincard, además de la venta de las acciones de Lan Airlines, Chilevisión, Entel y Antarchile», reveló Ciper.

Las dos primeras empresas se remontan al origen de la fortuna del Mandatario, en los años ochenta, pero la venta de Lan y Chilevisión se produjo en 2010, tras asumir su primer período presidencial. En 2017, Sebastián Piñera señaló que Bancard International Development no presentaba movimientos desde 2009.

“La aparente contradicción no existe y puede deberse al hecho de que OMC exige que sus clientes le envíen una declaración sobre la fuente de sus fondos respecto de todas las compañías que gestiona, aunque esas compañías no tengan inversiones o realicen negocios”, señaló Nicolás Noguera, gerente general de Inversiones Odisea, el nombre del holding de la familia Piñera.

En 2017, los hermanos Piñera Morel tenían un 39,6% de participación directa en esta empresa, tras un traspaso de su padre, y otro 60,1% a través de Inversiones La Ilíada.

Los “Pandora Papers” revelaron que Bancard International Investment fue transferida por 139,4 millones de dólares a Inversiones Odisea en 2014.

«Un traspaso de una mano a otra de los Piñera Morel, lo que se refleja gráficamente en que las firmas de quienes representan a la compradora y a la vendedora son las mismas en el contrato», subrayó Ciper.

Ambas sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas dejaron de operar en 2018 y el 12 de abril de ese año la Virgin Islands Official Gazette publicó que Bancard International Development había sido objeto de un proceso de liquidación voluntaria y fue disuelta el 20 de marzo de 2018 por Nicolás Noguera. Bancard International Investment, por su parte, fue removida del registro de compañías de BVI el 20 de abril del mismo año, luego de que se fusionara y fuera absorbida por Inversiones Odisea.

«La consecuencia de esta absorción es que las inversiones del grupo Piñera que estaban en manos de Bancard International Investment ahora aparecen a nombre de Odisea, como ocurre por ejemplo en Exalmar o la Bolsa de Colombia. De este modo, Inversiones Odisea es hoy el principal vehículo de inversión en el extranjero de los Piñera», plantea la investigación.

Pago de impuestos

Una duda que abre la declaración jurada de los hermanos Piñera Morel es si se pagaron impuestos por la donación que dicen que les hizo su padre, teniendo en consideración que las donaciones en vida se pagan con un impuesto de hasta el 25% en Chile.

Aunque Noguera no respondió específicamente sobre si se había cumplido con esta norma, indicó que “las inversiones que en el pasado fueron propiedad de las sociedades incorporadas en BVI mencionadas anteriormente fueron adquiridas con aportes de capital y préstamos de personas y entidades domiciliadas en Chile”.

“Todas pagaron a tiempo todos los impuestos aplicables sobre sus ingresos y utilidades, en cumplimiento con las leyes de Chile”, agregó.

Sin embargo, según publicó El Desconcierto en 2019, el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó anomalías tributarias por la transferencia de 96 millones de dólares desde Bancard Inversiones Limitada en Chile a Bancard International Investment en las Islas Vírgenes Británicas en 2015.

Además, las anormalidades se hallaron en otros 440 millones de dólares de distintas sociedades en esa jurisdicción y en Luxemburgo -otro paraíso fiscal- en fechas que no se especifican.

Esta investigación gatilló que la Cámara de Diputados aprobara una comisión investigadora, la que aún se mantiene en curso. Ante ella, el director del SII, Fernando Barraza, sostuvo que estas sociedades habían sido informadas por el propio contribuyente y que se habían “levantado observaciones sobre operaciones transfronterizas”, por lo que la empresa debió pagar los impuestos adeudados.

A raíz de la investigación de los Pandora Papers se abrió otra interrogante: ¿Por qué Sebastián Piñera tuvo que enviar recientemente su pasaporte diplomático (emitido en 2014, después de que terminó su primer gobierno) y una cuenta de gas a la empresa que gestiona las sociedades, Overseas Management Company (OMC), si se supone que las sociedades son de sus hijos?

Sobre este punto, la respuesta de Noguera fue que la participación Piñera era minúscula e indirecta, pero que OMC exige evidencia de existencia y domicilio de todos los beneficiarios finales de las sociedades, sin importar su porcentaje de participación.

“El señor Piñera tuvo hasta marzo de 2017 un interés residual e indirecto de menos de 0,0000003% en Bancard International Development a través de entidades chilenas no controladas, y puede haber sido incluido en algunas declaraciones como beneficiario final sólo para ser lo más transparente posible y para hacer más expedito el proceso de liquidación de esa entidad”, subrayó.

Piñera niega sociedades de inversión en el extranjero

Tras la polémica generada por los Pandora Papers, Sebastián Piñera ofreció declaraciones este lunes, en las que negó que tanto él como su familia cuenten con sociedades de inversión en el extranjero.

«Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior, pero la existencia y participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile», dijo.

Indicó que desde abril de 2009, antes de asumir su primer periodo presidencial, se desligó «absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado».

«Adicionalmente y en forma voluntaria porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomiso ciego, constituí fideicomiso ciego para la administración de todos los activos financieros en forma también voluntaria, también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia», agregó.

Asimismo, dijo que «a partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional».

Según Piñera, no fue consultado ni informado sobre la decisión de vender minera Dominga el año 2010, según él para evitar cualquier asomo de conflicto de interés.

En esa línea, Piñera sostuvo que los hechos mencionados en el reportaje del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no son nuevos, y fueron «públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia el año 2017».

«Al terminar esa investigación la Fiscalía recomendó terminar con la causa porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente», destacó.

Señaló que «el tribunal de primera instancia decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa y esa decisión fue confirmada en forma unánime tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema».