Para no olvidar: Las cifras de violaciones a los DDHH del gobierno de Piñera en el estallido social

El gobierno de Sebastián Piñera decretó un estado de excepción constitucional a partir del 18 de octubre, iniciando sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra miles de personas

Piñera, con el estado de excepción, sacó a más de diez mil efectivos militares a las calles, levantando la medida el lunes 28 de octubre, con numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, hechos que prosiguieron sistemáticamente con agentes represores de Carabineros (Fuerzas Especiales de Carabineros y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE),

Sebastián Piñera el 20 de octubre del 2019, comunicaba a la opinión pública que: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar “ambigüedades”, mientras el gobierno se convertía en un gobierno de facto y se intentaba controlar el estallido social a través de un estado de excepción.

Diversas expresiones sociales de Chile se mantuvieron masivamente en las calles por cuatro a cinco meses, con protestas en diversas causas: Contra la corrupción, contra las injusticias por desigualdades y derechos sociales privatizados en salud, educación, previsión. Asimismo, en protesta a proyectos industriales atentatorios a las personas y medio ambiente, acaparamientos de agua, en general, contra un régimen político injusto, saliendo con fuerza las exigencias de renuncia del Presidente Piñera ante la incapacidad de gobernar y de dar respuesta efectiva a  justicia social.

El informe dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH presentó a esa fecha 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.

El lunes 28 de septiembre del 2020, se desarrolló la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.

El Estado, a través de todo el aparato de poder público, que incluye las medidas legales, las políticas públicas y las prácticas de sus agentes, es quien está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos, así lo señalaba a fines del 2019, Nancy Yáñez, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. «El Estado existe para garantizar los derechos humanos. Un Estado que no puede garantizar los derechos humanos es un Estado que no es democrático y un Estado no democrático no es legítimo (…) Entonces el Estado es el garante de estos derechos fundamentales que ya ha asumido en función de la Constitución y de los tratados internacionales que suscribe, y por lo tanto tiene la obligación de garantizarlos a plenitud«, obligación que también rige a las fuerzas públicas.

El gobierno de Sebastián Piñera ha tenido en su cartera ministerial a personeros vinculados complicidades con crímenes de lesa humanidad, como prácticas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Entre ellos, el ex Ministro del Interior Víctor Pérez y el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quienes han sido denunciados públicamente de haber estado vinculados a sectas nazis dentro de Colonia Dignidad.

Así también, mientras se violaron Derechos Humanos de numerosas personas en el marco de protestas sociales o de reivindicaciones indígenas, el gobierno realizó diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, como fueron los indultos a fines de julio del   2020 a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman quienes habían sido recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.


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