Parlamentarios presentan proyecto para sancionar rayados, grafitis y propagandas

Trabajo realizado por el artista britanico Bansky (Gray Ghost)

Actualmente nuestra legislación no contempla sanciones para quienes sean sorprendidos rayando muros sin autorización. La industria inmobiliaria se ve constantemente afectada y luego de fallidos intentos, parlamentarios propusieron revisar la materia. Otro claro ejemplo del desorden, se puede ver en  época de elecciones, cuando los candidatos empapelan la ciudad de carteles.

Los diputados Daniel Farcas (PPD), Fidel Espinoza (PS), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Issa Kort (UDI), Roberto León (DC), Fernando Meza (PRSD), Ricardo Rincón (DC), Gabriel Silber (DC), Joaquín Tuma (PPD) y Claudia Nogueira (UDI) iniciaron los tramites para regular los grafitis y rayados, a través de penas de presidio menor.

El proyecto busca sancionar a quien “mediante carteles, avisos u otros medios impresos, o sirviéndose de pintura de cualquier tipo, procediera a la fijación de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras y expresiones, en bienes muebles o inmuebles ya sean públicos o privados, sin contar con autorización”

Las multas irán “desde la pena de reclusión en su grado mínimo (61 a 540 días) y un pago de 5 a 20 Unidades Tributarias Mensuales ($210 mil a $840 mil aproximadamente),  explica el documento.

En caso de que se trate de mensajes, dibujos u otros “que promuevan la discriminación por razones ideológicas, políticas, religiosas; nacionalidad, raza, etnia o grupos sociales; sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad”, las penas se agravaran, define el escrito.

Uno de los objetivos parlamentarios es otorgar protección a los bienes patrimoniales a nivel nacional, ya que a juicio de los diputados, muchos monumentos declarados incluso patrimonio de la humanidad, han sido afectados.

En el caso de que sea un patrimonio el dañado, las penas serán más duras, recibiendo, quienes sean sorprendidos, reclusión menor en su grado medio a máximo, una multa de 30 a 60 UTM (1 millón 200 mil a 2 millones 500 mil)

e reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 30 a 60 unidades tributarias mensuales (1 millón 200 mil a 2 millones 500 mil).

Fuente: Radio Bío-Bío