A más de 50 años del golpe, el Servicio Médico Legal (SML) identificó por ADN a José González Gutiérrez, Ricardo San Martín Fuentealba, Óscar Vivanco Castro y Ricardo de la Jara Frez, ejecutados y sepultados clandestinamente en Patio 29. Sin embargo, pese al reconocimiento pericial, sus nombres aún no figuran en la nómina oficial de víctimas de la dictadura, según reveló CIPER.
Identificados por el SML, ausentes en el registro estatal
De acuerdo al reporte del centro de investigación periodística, en agosto de 2025, el SML informó la identificación de José González. Antes, en 2017, el organismo había logrado identificar los restos de Ricardo San Martín, Óscar Vivanco y Ricardo de la Jara. Todos fueron ejecutados en los primeros meses posteriores al 11 de septiembre de 1973 y enterrados en secreto en el Patio 29 del Cementerio General, lugar emblemático de la memoria chilena.
Aunque el SML ya los incorporó a su “Listado de víctimas de violación a los DD.HH. identificadas a la fecha”, hoy aparecen como “no calificados” en el sistema estatal de víctimas: no forman parte de la nómina oficial, consigna CIPER.
Por qué no están en la lista oficial y qué podría cambiar
La Subsecretaría de Derechos Humanos explicó a CIPER que tres casos —Vivanco, González y De la Jara— no fueron denunciados ante las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2010–2011), al parecer, por desconocimiento de tals instancias. En el caso de Ricardo San Martín, su madre presentó antecedentes fuera de plazo y sin elementos suficientes para la calificación de entonces.
En este sentido, el organismo afirmó a CIPER que el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) contempla un nuevo mecanismo para incorporar casos a la nómina oficial cuando se reúnan antecedentes técnicos y jurídicos que acrediten la condición de víctima. Según la Subsecretaría, ese mecanismo entraría en vigencia durante el último trimestre de 2025, lo que abre una ventana de reconocimiento estatal para estos cuatro ejecutados.

Demandas civiles y estado de las causas penales
Tres familias interpusieron demandas por daños y perjuicios. Según CIPER, el 21° Juzgado Civil de Santiago reconoció la responsabilidad del Estado en la muerte de Óscar Vivanco. En contraste, la acción por Ricardo San Martín fue rechazada en primera instancia —porque no figura en Rettig/Valech— y su familia apeló. Las hermanas de José González demandaron ante el 12° Juzgado Civil; la causa sigue en trámite.
En el ámbito penal, el Poder Judicial informó a CIPER que las cuatro investigaciones terminaron en sobreseimiento temporal por falta de antecedentes suficientes para acusar. La identificación genética y la eventual recalificación vía PNB podrían habilitar nuevas diligencias.
Recalificaciones en curso: otras piezas del rompecabezas
El 10 de septiembre, el PNB informó dos casos en revisión para recalificación: el de Luis Pino Soto (estudiante de Arica, desaparecido en 1986), que habría quedado fuera del Rettig por un error de transcripción —se instruyó reconocer su calidad de víctima—; y el de Bernarda Vera, registrada como detenida desaparecida, que habría sido vista con vida fuera de Chile y que podría salir de la nómina.
Para las familias de San Martín, González, Vivanco y De la Jara, la identificación forense del SML es un hito de verdad; falta, sin embargo, el reconocimiento estatal formal que los saque del limbo de “no calificados”. Si el mecanismo del PNB se activa en los plazos anunciados, sus nombres podrían integrar la nómina oficial antes de fin de año, cerrando—al menos en parte—un ciclo de 52 años de espera por memoria, reconocimiento y reparación.