Por Silvia Ahumada Guzmán
En Chile, y durante la pandemia, pudimos visualizar de manera directa la desprotección social y económica que afecta a gran cantidad de personas de este territorio; observamos cómo el 48% de las mujeres en este país poseen trabajos remunerados inferiores a ingresos mínimos ($583.000), en tanto los hogares mononucleares y jefaturas femeninas fueron aumentando. Las cifras arrojan que, en cada grupo familiar con jefatura femenina, por lo menos existe de uno a tres niños y niñas, dependiendo además de los cuidados otorgados por una figura cuidadora y femenina.
Si consideramos trabajos informales, es decir, no cubiertos por la legislación, nos encontramos, según fuentes del INE, con un 27% correspondiente a las personas mayores de 60 años, especialmente mujeres.
Tenemos, en la sumatoria, un país inserto en la desprotección social y manifestada en la no presencia de ciertos determinantes socioculturales y económicos en la vida diaria de los integrantes de este territorio; ¿somos víctimas, victimarios/as, o simplemente callamos lo que no tenemos tiempo de reclamar?
Las niñeces pareciesen ser las más afectadas, especialmente si consideramos que hemos comprobado estadísticamente la multiplicidad de roles que las mujeres debemos cumplir, no solo por la división sexo genérica, en donde impera la construcción sociocultural de maternar, cuidar, asistir, abarcar la mayoría de los quehaceres del hogar, y, además, ejecutar labores formales e informales precarizadas. Evidenciando, de manera directa, el escaso tiempo -y probablemente deficiente en su calidad- frente a nuestra más íntima acción quizás de cuidados, autocuidados. O bien, establecer una vida de bienestar con protecciones equiparadas.
En la idea de poder hacerle frente a cada requerimiento, de lo que significa hacernos cargo de la crianza, no solo está el peso de la culpa que hemos construido, además aparece la figura reiterativa de la ausencia, porque, aunque no lo parezca, aquellos niños y niñas, que solo cuentan con el apoyo unilateral de su madre -y/o cuidador/a-, deben además hacerle frente a esa ausencia directa, por medio de respuestas al sistema judicial de los derechos y deberes parentales.
Este escenario es uno de los tópicos más confusos que a mi gusto tenemos como sociedad; por un lado, la cara no visible de aquél que no ejerce un rol activo en cada área de desarrollo de los/as niños/as, y no ejerce presencia activa, está directamente inserto en el resguardo de un derecho; así es, en el derecho de contar con su opinión -e incluso decisión- frente a situaciones que nunca han estado enlazadas en el curso de vida de su hijo/a, por lo menos, ni siquiera al tanto ni contextualizado de ciertos hitos que pueden ser relevantes; y no hablo solo de no vulnerar el derecho del niño y niña, en tanto su contacto directo y regular, hablo de lo vincular y afectivo, de esa necesidad como forma obligada de contar con la cercanía que se requiere para la toma de decisiones frente a la crianza.
Cómo, entonces, podemos naturalizar que esa nueva forma de poder está supeditada al pago de pensión alimenticia, en tanto que en Chile es sinónimo directo de una nueva forma de violencia oculta, la cual está manejada por el modelo económico; pero, ¿cómo podría la figura de la pensión de alimentos, estar inserta o protegida por el modelo económico?, evidentemente, en la precarización de las labores ligadas a la mujer, en tanto aquellas mujeres pertenecientes al 48% de la fuerza laboral del país no cuentan con el tiempo suficiente para maternar como quisieran, y, por lo tanto, esa deficiencia en la calidad de su tiempo le impide concretar ciertas diligencias que respondan a la protección integral y legal que requieren los y las niñas.
En el mismo sentido, la figura del pago de pensión alimenticia en Chile, actualmente se mueve desde la comodidad, desde el espacio seguro de poder, detrás de derechos ligados a las niñeces, y detrás de deberes que son mínimos y básicos. En el relato cotidiano de las mujeres, la violencia vicaria que se ejerce directamente por medio de esta transacción se encuentra legitimada. El pago mensual de la pensión alimenticia en Chile es el nuevo padre de aquellas niñeces que pertenecen a la ausencia de esa figura que supera las 30 mil personas inscritas en un actual registro de deudores.
Por Silvia Ahumada Guzmán
Estudiante de magíster de Gobierno, políticas públicas y territorio.
8 de octubre 2024
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.