¿Perderlo todo por doblar la apuesta?: Chile y el debate legislativo para regular las apuestas online de acuerdo a la experiencia internacional

Con el inicio del nuevo período del Congreso y del gobierno de José Antonio Kast, el debate legislativo volverá a tomar atención en el Boletín 14838-03. Documento que contiene el proyecto de ley busca sacar definitivamente a la industria de las apuestas online de la “zona gris”.

Hoy, la discusión ya no gira en torno a si se necesita regulación -en eso coinciden tanto el oficialismo como la oposición-, sino a si la nueva normativa será una herramienta eficaz o terminará convirtiéndose en una barrera fiscal que mantenga al mercado en la informalidad.

¿Podrá entonces el nuevo gobierno de José Antonio Kast transformar el juego online en un mercado regulado o dejará US$800 millones en la sombra?

El callejón fiscal

El principal punto de fricción del proyecto actual es la carga tributaria, sin precedentes en el mundo de las apuestas, según la experiencia internacional. La propuesta establece una tributo total sobre los operadores de 37,6% del ingreso bruto del juego (GGR). Esta cifra resulta de una combinación de gravámenes: un 19% de IVA -algo poco habitual para esta industria a nivel global-, un 20% de impuesto específico a la actividad, un 3% destinado a contribuciones para el deporte y programas de juego responsable, además de una licencia anual cercana a los 70 millones de pesos.

En comparación, países vecinos como Perú (12%) y Brasil (13%) presentan cargas impositivas tres veces menores. La experiencia internacional es clara, cuando los impuestos superan el 20%, los procesos de legalización tienden a fracasar. En el Reino Unido, con una tasa del 15%, cerca del 90% de los jugadores opta por plataformas reguladas. En cambio, en mercados con cargas superiores al 40%, casi la mitad de la actividad permanece en la informalidad debido a la presión fiscal excesiva que según los operadores, hace inviable la operación formal.

Polarización política

En el Congreso chileno el debate está abierto. El diputado Jaime Mulet ha defendido una postura prohibicionista, apelando a normas que tienen más de una centuria.

Por su parte, el diputado socialista Gastón Saavedra y la integrante de la Comisión de Hacienda Flor Weisse han adoptado una mirada más pragmática. Ambos coinciden en la necesidad de legislar para ordenar un mercado que ya existe y genera importantes ingresos.

Mulet sostiene que el marco jurídico vigente, basado en el Código Civil del siglo XIX, prohíbe los juegos de azar por carecer de “objeto lícito”, salvo excepciones como hipódromos, loterías y casinos.

“Estoy a favor de la prohibición total. Estas plataformas generan adicción y deben bloquearse con la misma firmeza que otros contenidos. El fallo de la Corte Suprema solo confirmó una ilegalidad que durante años fue tolerada en la prensa y la televisión”, afirmó, reconociendo, sin embargo, que en el Senado predomina la idea de que es prácticamente imposible erradicar esta actividad.

Por otro lado, quienes promueven una regulación moderna apelan a la evidencia. Saavedra es categórico: “Necesitamos una ley que ordene este mercado y establezca reglas claras, fiscalización y responsabilidad”.

En la misma línea, Weisse subraya que las plataformas ya operan y generan ingresos, mientras la falta de regulación solo agrava los problemas sociales y económicos, especialmente a nivel familiar.

La ausencia de control no solo afecta a los hogares, sino también al Estado. Incluso el Ministerio Público reconoció en 2025 que estas empresas operan dentro de un vacío normativo: no infringen la ley, simplemente no existe una regulación específica para ellas.

El abogado Mauricio Daza señaló a El Ciudadano: “Toda esta situación se origina en la falta de acción legislativa del Congreso, pese a que existen proyectos en el Senado que llevan años paralizados. La solución depende del Ejecutivo, que define la urgencia de la tramitación”.

Agregó además que “es imprescindible establecer un marco regulatorio claro que resguarde el interés público y garantice condiciones transparentes para esta actividad económica”. A su juicio, solo salir del vacío legal permitirá a Chile construir un mercado de juego online verdaderamente regulado.

Una oportunidad de reinicio

Según datos de la firma Yield Sec, en 2024 más de 5,4 millones de chilenos -casi el 30% de la población- utilizaron plataformas de apuestas online.

En abril de 2025, el Ministerio Público cerró investigaciones penales contra estas plataformas, concluyendo que operaban dentro del marco legal existente, aunque sin regulación específica. En la práctica, esto implica que los usuarios seguirán recurriendo a sitios offshore, donde las cuotas suelen ser más atractivas, pero la protección al consumidor es prácticamente inexistente.

Con la llegada de la administración Kast, Chile enfrenta una nueva oportunidad para resolver el vacío legal. El ex subsecretario de Hacienda Alejandro Weber ha planteado la necesidad de avanzar hacia una regulación moderna, centrada en el consumidor y en el desarrollo del mercado.

Una de las partes interesadas, es clara “ para atraer a los operadores hacia la formalidad, el Estado debe ofrecer condiciones razonables. Una tasa en torno al 12%–15% no representa una concesión al sector, sino un enfoque pragmático. Es la única vía para garantizar control efectivo y una recaudación sostenida.De lo contrario, la ley corre el riesgo de quedar en el papel, mientras los recursos continúan saliendo del país hacia cuentas de paraísos fiscales” explica.