Piden a Contraloría investigar destitución de administradora municipal de Valparaíso

El municipio de Valparaíso realizó una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría Regional, para que se investiguen los hechos ocurridos en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 12 de mayo, donde sus miembros votaron la remoción de la administradora municipal, Cecilia Ugalde, quien además se encontraba ejerciendo el cargo de alcaldesa subrogante.

Cabe recordar que la remoción de la administradora municipal se realizó de manera intempestiva por ocho ediles: Marina Huerta, Iván Vuskovic, Daniel Morales, Ruth Cáceres, Jaime Bahamondes, Claudio Reyes, Pedro Solis y Yuri Zúñiga -salvo la concejala Zuliana Araya que votó en contra de la medida-, quienes procedieron a la votación a pesar de que el director jurídico de la Municipalidad, Nicolás Guzmán, advirtió que la acción no se ajustaba a derecho, ya que dicho pronunciamiento requería de la realización de una comisión previa y de la citación a un nuevo concejo ordinario o extraordinario.

Además, según se desprende de la propia acta de la sesión del Concejo Municipal, no existe una exposición clara de los hechos y fundamentos que motivaron la decisión de remover a la funcionaria afectada, así como tampoco se hicieron cargo de sus alegaciones. Es más, hubo concejales que no manifestaron fundamento alguno que motivara su decisión, limitándose solo a aprobar la remoción.

En cuanto al oficio, Guzmán explicó que “desde el municipio de Valparaíso realizamos una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría Regional, para que determine que el acuerdo N° 127 del 12 de mayo de este año, del Consejo Municipal de Valparaíso, mediante el cual se aprobó la remoción de la administradora municipal, doña Cecilia Ugalde, no se ajustó a derecho, ya que la votación se realizó de manera intempestiva y con contravención de los principios de legalidad y la normativa interna del funcionamiento del Concejo Municipal”.

“Tan intempestiva fue la remoción, que incluso no se le dio la posibilidad a que la afectada pudiese conocer de manera previa a los cargos que se le imputaban, y, aun así, se acordó la remoción de la misma, contraviniendo también jurisprudencia judicial reciente de los Tribunales Superiores de Justicia que señalan que para proceder a la remoción y desvinculación de un administrador municipal se hace necesario llevar adelante -a lo menos- una investigación donde le sean formulados los cargos con carácter objetivo, ajenos a motivaciones personales o políticas, y donde se le garantice/asegure el derecho de defensa”, añadió el director jurídico.

“Por lo mismo, esperamos un pronunciamiento de la Contraloría Regional en este sentido, y quede claro que dicho acuerdo fue adoptado de manera ilegal”, concluyó Nicolás Guzmán.