Piñera presentó defensa ante Acusación Constitucional por compraventa de Dominga: Pide que se declare inadmisible y asegura que “no hubo delito”

En el texto, Piñera asegura que la acusación «es una ostensible maniobra político-electoral, que toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas de nuestro ordenamiento jurídico (...) Las acusaciones son manifiestamente falsas, mañosamente relatadas y atribuyéndole intenciones en meras suposiciones».

Por Leonardo Buitrago

29/10/2021

Publicado en

Chile / Política / Portada

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Quedando apenas 45 minutos para la medianoche y que se venciera el plazo final reglado por la Constitución, el presidente Sebastián Piñera presentó este jueves por escrito, su defensa ante la Acusación Constitucional que pesa en su contra, por las irregularidades en la compraventa de la Minera Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas en 2009, tal y como reveló la investigación de los Pandora Papers.

En el documento entregado por la representación legal de Piñera al Secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, la defensa niega en su totalidad las acusaciones contra el mandatario, asegurando que «son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuyéndole intenciones en meras suposiciones».

“Hay una intención de crear la falsa impresión de que habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como presidente y que, en forma mañosa, el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno”, plantea documento, que consta de más de 200 hojas.

En este sentido, recalcan que “no hubo delito” y que la acusación constitucional, que evalúa la Comisión Revisora de la Cámara de Diputadas y Diputadas solo tiene una connotación electoral, para beneficiar a los candidatos de oposición.

«Como es de público conocimiento, desde el año 2009, don Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó Fideicomisos Ciegos para la administración de los activos financieros propios y de su familia», continúa el documento.

Según la defensa estos hechos habían sido investigados por el Ministerio Público en 2017 y decretaron el sobreseimiento definitivo «por no existir delito ni irregularidad alguna», demostrándose la inocencia de Piñera.

Finalmente, la respuesta cierra asegurando que «no se trata sólo de respetar el principio de la presunción de inocencia, a la cual todos los ciudadanos tienen derecho, sino de una inocencia ya judicialmente declarada».

Con la respuesta oficial del mandatario, que pide declarar ‘inadmisible’ el libelo acusatorio, se activan los seis días de sesiones que llevarán al comité revisor a recibir visitas, discutir y analizar el texto, para finalmente votar el próximo viernes 5 de noviembre el informe que llegará a Sala.

No obstante, se espera que, este viernes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, recibirá a su abogado defensor, Jorge Gálvez, para que explique el texto y sus alcances.

“Operación de encubrimiento»

La oposición ha alertado que existe una operación por parte de las instituciones para retrasar el proceso. De hecho, funcionarios o ex funcionarios del Gobierno se han excusado de participar en las sesiones de la Comisión que analiza el libelo acusatorio contra el Mandatario, instancia que es presidida por la diputada Maya Fernández (PS) y conformada por los parlamentarios Pepe Auth (ex PPD), Florcita Alarcón (ex PH), Virginia Troncoso (ex UDI), y Paulina Núñez (RN).

Entre estos funcionarios figuran  el exministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés;  la exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos; el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza; el fiscal nacional Jorge Abbott y el exfiscal Manuel Guerra.

Las excusas y ausencias por parte de los miembros del Gabinete, fueron rechazadas por el diputado socialista, Leonardo Soto, quien denunció que existe una “operación de encubrimiento” por parte del Gobierno.

 Al respecto, también señaló que las personas que han asistido a la audiencia, no han dado información concreta que ayude con la investigación.

“Nos parece impresentable que las autoridades del Gobierno, nacionales y de la cuarta región, que durante años facilitaron siempre la realización del proyecto Minero Dominga, que parece que estaban cumpliendo órdenes y orientaciones de sus superiores, hoy día vayan a la comisión de la Acusación Constitucional y poco y nada digan”, criticó, citado por BioBio.

Soto también advirtió que desde el Palacio de La Moneda, se niegan a colaborar con la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Soto señaló que La Moneda se niega a entregar las direcciones de los hijos del mandatario, para que se les cite a una de las sesiones y ofrezcan su testimonio sobre la compraventa del proyecto Dominga.

“Increíble. La Moneda se niega a proporcionar los correos electrónicos o direcciones de los hijos de Piñera para invitarlos a informar de la operación Dominga a la Comisión de Acusación Constitucional. Vamos a insistir y pedir que lleguen directo al domicilio del Presidente”, escribió en la red social.

Sigue leyendo: La Moneda se niega a proporcionar correos electrónicos o direcciones de hijos de Piñera para que declaren ante comisión revisora de acusación constitucional

Sin embargo, algunos diputados se sienten optimistas de avanzar en la acusación constitucional contra Piñera, como es el caso de la diputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, que ha integrado el grupo de avanzada que impulsa la acción, y quien aseguró que los testimonios van a permitir sumar apoyos en sala.

“Ofrece un escenario bien positivo, porque los testimonios que han ido a esa comisión han aportado antecedentes que refuerzan los argumentos que fomentaron la acusación constitucional”, expresó Sandoval a RadioBioBio.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, dijo que el ejecutivo tiene la obligación de “esclarecer las irregularidades” del mandatario, afirmando que “nadie en Chile le cree” que no sabía de la compraventa de Dominga.

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