El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, se constituyó en el fundo Arquilhue, comuna de Futrono, con el objetivo de desarrollar diligencias enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda, relacionadas con inhumaciones ilegales.
En este caso, se trata de los cuerpos de obreros pertenecientes al Complejo Forestal Maderero de Panguipulli, quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 por efectivos del Ejército.
El mismo ministro Mesa explicó la diligencia realizada: «Estamos en un sector del fundo Arquilhue, nos hemos constituido junto a diferentes organismos: el Servicio Médico Legal, Sernageomin, PDI, Laboratorio de Criminalística y el Plan Nacional de Búsqueda y Familiares de víctimas».
«Lo que estamos haciendo -por antecedentes que tenemos en la causa- es identificar algunos sitios de interés. Se ha detectado que eran fosas según los testigos y entonces, con los peritos estamos haciendo es un examen preliminar, para ver dónde se puede ubicar con exactitud (la fosa) y junto con eso, estamos evaluando cuál es la mejor tecnología para a futuro venir -y si es posible- hacer en las exhumaciones», detalló el ministro Mesa.
Por su parte, Lidia Rebolledo Vergara, presidenta de la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos, en el caso de Chihuio, contó que «soy hija de Rosendo Rebolledo Méndez, en esta causa también tengo mi tío Daniel Méndez Méndez, mi tío Sebastián Moras Oses y a mi primo Fernando Moras Gutiérrez. Para nosotros el Plan de Búsqueda es muy importante por el apoyo que hemos sentido… nos han escuchado cuando hicimos las denuncias y cuando nos informaron de la búsqueda de estas tumbas también».
«Fue importante para mí llegar hasta acá hoy día, que estamos con el ministro y todos los servicios que acompañan la diligencia. Me siento agradecida, contenta y apoyada en esta búsqueda que ha sido tan inmensa de todos estos años… han pasado 52 años desde lo que pasó en Arquilhue, pero aún tenemos cuatro familiares que aún no han sido identificados, que son: Juan Walter González Delgado, Carlos Vicente Salinas Flores, Neftalí Rubén Durán Zúñiga y Sigifredo Freires Caamaño”, añadió Lidia Rebolledo.
«Retiro de televisores»
De acuerdo al reporte del Poder Judicial, en esta causa (rol 114.129-Ñ) se investiga el delito de inhumaciones ilegales.
«Un testigo señala haber tomado conocimiento en los 90, que en el Fundo Arquilhue, ubicado en comuna de Futrono, que perteneció al Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, COFOMAP, personal militar habría realizado inhumaciones ilegales por personal militar, que corresponderían a personas ejecutadas posterior al 11 de septiembre de 1973», se lee en el documento.
Estos hechos, consignados también en el Museo de la Memoria, formaron parte de la macabra operación ordenada por Pinochet conocida como «retiro de televisores», consistente en el desentierro de cadáveres de personas asesinadas por los golpistas, los cuales fueron echados en sacos y arrojados al mar. La medida fue tomada luego del hallazgo de los restos de 15 campesinos asesinados por carabineros en los hornos de Lonquén, en 1978.
En el caso puntual de los 17 obreros del Complejo Maderero de Panguipulli que fueron fusilados por los militares, sus cadáveres «permanecieron en el lugar de su ejecución durante varios días, cubiertos tan sólo con algunas ramas y troncos. Aproximadamente unos quince días después de la ejecución, fueron enterrados por los efectivos militares en fosas de diferentes dimensiones».
Pero, luego, «en una fecha que no es posible precisar, pero que podría corresponder a fines del año 1978 o principios de 1979, en horas de la noche, personas de civil llegaron hasta la casa patronal del Fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas. Estos civiles, asociados de otros que les acompañaban, excavaron durante toda la noche en el lugar de las fosas, trasladando los restos a un lugar que hasta la fecha de este informe ha sido imposible de determinar», añade el archivo del Museo sobre este caso.
Posteriormente, en 2021, la ministra Paola Plaza sometió a proceso al general en retiro del Ejército, exmiembro de la Junta Militar y exsenador designado, Santiago Sinclair Oyanedel, en calidad de autor del delito homicidio calificado de los 17 obreros del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli.
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