Poderoso Caballero es Don Dinero: Exfiscal Carlos Gajardo ahora defiende a ricos empresarios que realizan loteos ilegales y antiecológicos en Aysén

El pasado miércoles 5 de abril, el empresario Gerardo Mayol Labbé, en representación de Refugio Pollux SpA, interpuso una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Coyhaiquen contra de la directora regional (s) del SAG de la Región de Aysén, Valeria Carrasco Sáez, y de todos quienes resulten responsables, por el delito de abusos contra particulares.

Según consignó El Mercurio, dicha acción legal es patrocinada por los abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, el conflicto se desencadenó por las parcelaciones rurales y la intención del Gobierno de establecer una nueva regulación para los predios rústicos, también llamados parcelas de agrado, a través del SAG y el Ministerio de Agricultura (Minagri).

La querella presentada plantea que el 8 de agosto de 2022, la sociedad Refugio Pollux SpA ingresó al SAG una solicitud de subdivisión de predios rurales.

Se trata de un inmueble de 119,70 hectáreas, que buscan subdividir en 78 predios rústicos, de distintas dimensiones, todos superiores a los  5.000 metros físicos y ubicados fuera de los límites urbanos, que quedaran sujetos a la prohibición de cambiar su destino agrícola.

Según los representantes de la sociedad, dicha solicitud cumple a cabalidad con los requisitos mínimos establecidos en el DL 3.516′.

El escrito detalla que el 19 de octubre de 2022, el encargado de protección de recursos naturales renovables de la Región de Aysén del SAG, Guillermo Díaz Parada, informó que el 14 de octubre de 2022 revisó el expediente, en conjunto con la Unidad Jurídica Regional del SAG, y que se derivó.

‘Debido a que entre el 18 de octubre y el 22 de diciembre de 2022 no hubo movimiento del expediente, el 22 de diciembre de 2022, se solicitó una audiencia de lobby a la directora regional (s) del SAG de la Región de Aysén, doña Valeria Elizabeth Carrasco Sáez’. La audiencia se realizó el 28 de diciembre de 2022, vía plataforma Microsoft Teams, consigna el escrito. En la reunión participaron, además de la directora regional (s) del SAG de la Región de Aysén, el jefe del Departamento Jurídico de la Región de Aysén del SAG, Héctor Cuevas; además de Francisco Rivadeneira Domínguez y Maximiliano Mayol Recordón, en representación de Refugio Pollux», detalló El Mercurio.

De acuerdo con la querella patrocinada por el bufete Guajardo & Norambuena, durante la reunión de 45 minutos,  la autoridad informó que «no se había avanzado con el procedimiento debido a la incertidumbre sobre la aplicación de la Circular N° 475/2022, pero que se había tomado la determinación de solicitar informes a diversos servicios públicos durante la primera semana de enero de 2023».

Asimismo, Carrasco Sáez habría señalado que luego de los oficios, esperaría aproximadamente dos meses para obtener respuesta de los demás servicios y, «de no tener respuesta en dicho plazo, evaluaría la aprobación o rechazo de la solicitud de certificación de la subdivisión».

El texto de la acción judicial  señala que «a través de Resolución Exenta N° 31/2023, de fecha 16 de enero de 2023, emitida por la directora regional (s) de la Región de Aysén, se rechazó la solicitud de certificación de plano de subdivisión, realizada el 8 de agosto de 2022, respecto del predio rústico de propiedad de mi representada»‘

Según el empresario, habría interpuesto un recurso de reposición, el pasado 20 de enero, pero a la fecha, «arbitrariamente el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Aysén, cuya directora regional (S) es doña Valeria Carrasco Sáez, no ha resuelto el recurso de reposición, y por tanto, no ha emitido el certificado solicitado en el mes de agosto de 2022».

En la querella patrocinada por los abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, se solicita al Ministerio Público que disponga una serie de diligencias, entre ellas, que se ordene a la Bridec » que realice todas las diligencias necesarias y útiles para el esclarecimiento de los hechos y determinación de los autores, cómplices o encubridores del mismo, en especial toma de declaraciones a esta querellante, testigos e imputados».

También que se tramite a través de la Fiscalía, la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos entrantes y salientes correspondientes al período comprendido desde el 8 de agosto de 2022 hasta el 5 de abril de 2023, inclusive, de funcionarios del SAG, referentes a todo lo relacionado con la solicitud de certificación ingresada el 8 de agosto de 2022 por Refugio Pollux SpA y su tramitación, «incluyendo los correos que contengan informes, minutas, proyectos de oficios a las instituciones mencionadas, oficios a las instituciones mencionadas, comentarios, citaciones a reuniones y cualquier referencia a la certificación solicitada y a su tramitación, para lo cual se solicita se requiera por la Fiscalía la autorización voluntaria de los titulares de dichos correos electrónicos y en caso de negativa se solicita que la Fiscalía requiera las correspondientes autorizaciones judiciales al juez de Garantía para su incautación».

Parcelando la Patagonia

La presión de las inmobiliarias por desarrollar proyectos en la región patagónica pone en peligro ambientas una de las zonas con menor intervención humana y baja densidad poblacional, una situación que preocupa a los habitantes de estas localidades.

Constantemente en redes sociales, letreros en rutas y publicidad en medios de comunicación locales se ofrecen promociones de terrenos. En las ofertas se enfatizan las ventajas de lotes de terrenos a orilla de mar y ríos, como parte de extensas áreas comunes de bosques nativos.

Históricamente, la subdivisión de los predios rurales de Aysén ha seguido diversas lógicas (sucesión hereditaria por fallecimiento de propietarios, creación una o dos parcelas para capitalizar), lo cual no sólo es necesario, sino legítimo al ser medidas que no significan una gran intervención del territorio.

Sin embargo en el último tiempo se han visto subdivisiones impulsadas por inmobiliarias, que compran terrenos con el único objetivo de rentabilizar su inversión independiente del interés público, tanto de quienes ya viven en dichos sectores como de los ecosistemas.

En un reportaje del Diario Financiero se señala que entre 2014 y 2020 la plusvalía de los terrenos en la región, según personas de la zona, subió 10 veces. “Si la hectárea se vendía entre $ 2 millones y $ 3 millones, hoy puede costar $ 40 millones”, se indica, por lo que la comunidad de la zona empezó a vender.

Sin embargo, los ‘megaloteos’ en Aysén, han hecho que «cada día esté más parcelada la Patagonia», como advirtió Andrea Rosas, presidenta de la Corporación Provincial de los Glaciares en la Región de Aysén.

«Esto es algo que inquieta a las comunidades locales. Después de muchos años de trabajo por la regularización y tenencia de la tierra, esto ha pasado al acaparamiento de grandes territorios», dijo a El Mercurio.

Rosas, también representante de la Zona de Interés Turístico de las comunas de Tortel, O’Higgins y Cochrane, planteó que actualmente, «se puede observar la sectorización, loteos y fraccionamientos de territorios productivos algunos, otros de montaña, de difícil acceso».

Para lugareños de Aysén, zona del país con la menor densidad poblacional (un habitante por km2), el fuerte aumento de loteos o subdivisiones de terrenos en zonas rurales, ha incrementado el empleo de cercos que dificultan que visitantes y lugareños puedan acceder, como antaño, a los abundantes cursos de agua o sectores de variada vegetación en días de esparcimiento.

Según cifras de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Aysén, en 2000 se registraron 536 parcelas en esta zona del país; mientras que en 2020 aumentó a 3.991 y a 7.372 nuevas subdivisiones de predios rurales durante 2021.

De acuerdo con los registros del SAG concernientes al año 2021, la comuna de Coyhaique (61.705 habitantes) encabeza el registro de subdivisión de predios rústicos, con un total de 2.511. Luego siguen las comunas de Aysén (1.782) y Río Ibáñez (1.201).

Por su parte, la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías (PS), advirtió que se están vendiendo los terrenos de la Patagonia sin realizar estudios de capacidad de carga de agua, de abastecimiento, de humedales.

«Ponemos en riesgo, finalmente, a la población que históricamente ha estado habitando en estos lugares. No hay un cuidado a cómo resguardamos el territorio en consideración al cambio climático, no se ha pensado en los efectos que se realizan con la alimentación, por ejemplo», explicó.

«Acá se está parcelando la Patagonia, acá se está vendiendo por internet la tierra sin considerar todos los efectos que esto va a tener para el desarrollo de nuestra región», condenó.

Mega loteos sin evaluación ambiental

Cabe recordar que, según el reglamento del SEIA, todo conjunto habitacional de más de 80 viviendas es susceptible de causar impacto ambiental.

Sin embargo, entre el 2016 y 2022 decenas de proyectos de mega loteos han sido autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, sin pasar por el proceso de Evaluación Ambiental.

“Hacen un muy buen negocio y externalizan todos sus problemas. Después vamos a empezar con las pedidas al Estado, como por ejemplo el agua potable rural, a sacarle el agua a los demás, electrificación, que el camino, que hay que arreglar, que vengan a recoger la basura cosas de ese tipo, no es menor el problema del cambio de subsuelo que está produciendo en gran escala en la región» señaló a radio Cooperativa Peter Hartman, presidente de Aysén Reserva de Vida.

Algunos de los impactos de los macroloteos no planificados son mayor presión sobre fuentes hídricas, bosques para energía, deforestación (para construir y trazar caminos) fragmentación del territorio con impactos sobre corredores biológicos, contaminación del agua (disposición de aguas grises y negras), contaminación el suelo (disposición de residuos). Esto, además de dificultades de acceso al agua de comunidades ya existentes, cuando los loteos presionan las mismas cuencas; complejizan la provisión de servicios a comunidades ya existentes, por parte de nuevos habitantes de los loteos, entre otros efectos.

Valenzuela: «Nada se estaba respetando en estas parcelaciones»

Cabe destacar que ante este escenario, a mediados del año pasado, el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspender la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades en las que están emplazados.

Al respecto, el titular de este despacho, Esteban Valenzuela, defendió la medida señalando que «nada se estaba respetando en estas parcelaciones».

Tras el anuncio de la medida, indicó que existe un desorden que requiere acciones urgentes para regular la subdivisión y el loteo de parcelas agrícolas: «Hay una situación de mucha complejidad que tiene que ordenarse».

Gajardo defiende a ricos empresarios que realizan loteos ilegales

El ex fiscal Carlos Gajardo es percibido por la opinión pública como un abogado «audaz», «directo» y «respetuoso» y representante de una «escuela» de fiscales «investigadores

Oriundo de Curicó, ex alumno del Instituto San Martín de los Hermanos Maristas de esta ciudad y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile, tiene en su currículo profesional  haber sido abogado del Consejo de Defensa del Estado entre los años 1998-2001;
fiscal del Ministerio Público en la Fiscalía Regional del Maule (2001-2004); fiscal del Ministerio Público en Ñuñoa y Providencia (2005-2010); fiscal jefe de la Fiscalía de Ñuñoa y Providencia (2010-2014) y fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente (2014-2018).

Su especialidad radica en delitos económicos, informáticos, lavado de activos y corrupción y es reconocido por haber obtenido el único fallo condenatorio en contra de un miembro de la familia Pinochet. Fue en 2004, mientras se desempeñaba en la Fiscalía Local de Curicó, que obtuvo una sentencia de 541 días de cárcel para Augusto Pinochet Hiriart como responsable del robo de un automóvil y porte ilegal de armas.

Dentro de su carrera de 13 años en el interior del Ministerio Público se destacó por liderar emblemáticos casos, que le valieron la popularidad en la opinión pública y admiración en redes sociales.

En ese periodo, Gajardo investigó las irregularidades en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el caso Fragatas y la condena en contra de María del Pilar Pérez, reconocida como la «Quintrala».

El ex entrenador de la selección de fútbol, Jorge Sampaoli, también debió declaran ante él por la presunta realización de «clases fantasmas», por las que el DT habría recibido de la ANFP millonarios pagos.

Sin embargo, la causa que lo reconoció ante la opinión pública fue el caso Penta, el cual dejó  luego de que según él  no contaba con «ningún tipo de voluntad institucional para seguir», lo cual lo llevó a renunciar al Ministerio Público en 2018.

Por tal motivo, la decisión del bufete que lidera con el también abogado Pablo Norambuena, de patrocinar la querella interpuesta por el empresario Gerardo Mayol Labbé, en representación de Refugio Pollux SpA, en contra de la directora regional (s) del SAG de la Región de Aysén, Valeria Carrasco Sáez, ha despertado críticas, ya que defiende los intereses de las inmobiliarias por encima de buen vivir de las comunidades.

«Las vueltas de la vida. Los ex competentes fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ahora defendiendo los intereses de las ilegales parcelas de agrado», señaló el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman.

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