Políticas migratorias de Kast en la mirada de Leonardo Polloni, especialista en migraciones: «Están centradas en una suerte de criminalización de la irregularidad»

Conversamos con Leonardo Polloni, sociólogo especialista en materias migratorias y exconsultor en la Organización internacional para las migraciones (OIM), sobre el panorama actual de las migraciones en Chile.

-El contexto es claro y dramático: el gobierno de José Antonio Kast ha iniciado vuelos de expulsión de migrantes en situación irregular, trasladando a decenas de extranjeros principalmente hacia Colombia y Ecuador, y ha frenado la regularización de más de 180.000 migrantes irregular y quienes acudieron voluntariamente al llamado del Estado para empadronarse con sus papeles y registrarse biométricamente bajo el mandato del presidente Boric.

LP: El contexto ha cambiado, pero no necesariamente en la política misma. Las expulsiones se han dado contantemente en el país, inclusive en todos los otros periodos de gobierno. Es evidente que ha habido mayor cobertura mediática, dado que el tiempo ha dado la razón: resulta inviable expulsar a más de 200.000 migrantes irregulares, como se señaló.

Aparentemente la actual administración necesita imperiosamente demostrar que esta promesa sigue siendo de su interés, razón por la cual puso énfasis mediático en varias acciones. En primer lugar, con la construcción de la zanja y las primeras expulsiones de extranjeros vía área. Las medidas establecidas en los primeros meses tienen que ver más bien con una respuesta securitista acompañada de una acción mediática.

Pero hay un problema mayor. Más allá de la mirada en si se expulsa a una cierta cantidad de personas, o bien qué gobierno de turno expulsa a más migrantes irregulares, se está actuando en general en la política migratoria de manera parcial y segada: el abordaje carece de una mirada integral.

-¿Cómo evalúa las políticas migratorias planteadas por el actual gobierno en este periodo?

LP: Respecto a las políticas migratorias del actual gobierno, todo indica que están centradas en una suerte de criminalización de la irregularidad migratoria. Se trata de establecer que quien es irregular, es sujeto de sospecha, una persona que socialmente es portador de todos los males.

Bajo esa construcción simbólica se busca la validación de un proceso de persecución. Y en esa lógica, es posible apreciar las medidas diseñadas. Primero, imponer el criterio del intento de inscribir a cualquier niño o niña nacido en Chile de padres irregulares como apátrida -es decir sin registro de nacionalidad- aspecto que habíamos superado hace una década en Chile, para luego instruir que las instituciones de salud y educación informaran de la presencia de personas en situación de irregularidad, para el proceso de identificación de estos.

En salud es particularmente grave, dado que se evita que esta población acuda a la atención sanitaria, generado un problema de salud pública potencial en estas personas y su entorno. Cuando las personas migrantes temen que acudir a un Cesfam o matricular a sus hijos derive en su identificación y expulsión, dejan de hacerlo, lo que erosiona la cobertura de controles de salud y la escolarización de niños y niñas, y también produce un problema de cohesión social de este grupo, llevándolos a la esfera de la exclusión institucional.

Esto también tiene, al mismo tiempo, un problema de vulneración de datos personales que a lo menos, es atendible. En estos dos primeros objetivos afortunadamente se retrocedió. Todo esto se extiende al Congreso, además, donde se discute la posibilidad de plantear la irregularidad migratoria, no como una falta administrativa como señala actualmente la ley, sino como un delito, con las implicancias que ello tiene para un proceso de detención bajo esa categoría y el costo aparente que puede tener para el Estado.

Por último, dentro de este diseño inicial, al no contar con una solución realista respecto de las grandes cuotas de migrantes irregulares, y siguiendo bajo esta concepción de personas bajo sospecha, se establece el plan de retorno a migrantes irregulares, que no es más que un llamado a la ‘auto expulsión’, donde el migrante asume el costo total de su salida del país, lo que implica costo cero para el Estado.

Este esfuerzo carece de incentivos y garantías para el retorno seguro a Chile, puesto que los propios migrantes han experimentado los grandes rezagos en las entregas de visas por parte del aparato del Estado, el Servicio Nacional de Migraciones. Tiene un tiempo de respuesta para la documentación de sobre 8 meses o más. Es probable que muchas de las personas migrantes irregulares con arraigo en Chile, no tengan la certeza de que podrán volver a ver a sus familiares en Chile, al corto plazo.

-A su juicio, ¿cuál sería el problema de no abordar esto con mecanismos seguros de regularización?

LP: La ausencia de mecanismos seguros de regularización no elimina la migración irregular, la desplaza hacia la clandestinidad profundizando su vulnerabilidad.

Cuando el Estado deja de ofrecer una vía administrativa clara y accesible, aunque sea transitoria, la población que ya reside en el país queda en un limbo migratorio que la expone a la explotación laboral, al arriendo informal en condiciones de hacinamiento y a la dependencia de redes de tráfico de personas para eventuales traslados o reingresos, inclusive personas que pueden pasar a situaciones de delincuencia.

Desde el año 2023 se generó el empadronamiento biométrico, y consideró que las personas se acercaran a entregar sus antecedentes personales voluntariamente al Estado. Este proceso exitoso logró alcanzar alrededor de 180.000 personas que en el gobierno anterior entregaron voluntariamente su documentación y sus datos biométricos y quedaron a la espera de un proceso de regularización o medidas para su inclusión regular al país.

De ese grupo, según la información disponible en el estudio de caracterización de empadronados del Servicio Nacional de Migraciones y ACNUR, del total (182 mil), el 15,7% señala tener hijos chilenos; el 91% son venezolanos, el 3,2% colombianos y el 1,9% bolivianos; la tendencia de edad mayoritaria de este grupo va desde 18 a los 44 años, lo que se traduce en que el 27,5% declara tener relación o arraigo laboral en chile.

Otro dato interesante es que el 92% señala haberse acercado al Estado para poder residir de manera legal en Chile y tener los papeles al día.

Con esta base de información disponible, hoy por hoy el gobierno tiene la posibilidad cierta para descomprimir esta situación y saber quién es quien, en Chile, teniendo la posibilidad cierta de concentrarse focalizadamente en quienes ingresaron al país con el propósito de hacer daño, que por cierto es una minoría, aspecto que corresponde al eje de la seguridad, al tiempo que podría habilitar un proceso de estudio de regularización, avanzando en integración y cohesión social, el cual hasta el momento no está siendo abordado desde la política migratoria actual.

Por último, la falta de una vía de regularización clara traslada a la autoridad migratoria y a las policías el gasto de recursos y la tarea de discriminar, caso a caso y sin información sistemática, entre quienes efectivamente representan un riesgo para la seguridad pública -una minoría identificable- y el grueso de la población migrante que solo busca condiciones de vida y trabajo regulares.

Para esto, se requiere un acuerdo transversal en política migraroria que permita avanzar en este proceso. El caso de regularización reciente de España es un buen ejemplo. O el caso de la apertura aparente del actual gobierno para generar cuotas agrícolas. La pregunta es ¿por qué no distinguir en la base ya existente de personas que pasaron por el proceso biométrico, y han presentado sus antecedentes al Estado, generar una apertura una posibilidad de su integración laboral?

Sabemos, según los distintos estudios, que los migrantes en situación regular generan un aporte económico sustancial al país de origen. Así lo demuestran los datos estudios de organismos como el Banco Mundial, la CEPAL, la OIM y la OCDE demuestran de forma consistente que la migración genera un impacto macroeconómico notoriamente positivo en los países receptores, impulsando el Producto Interno Bruto (PIB), rejuveneciendo la fuerza laboral y aportando más en impuestos de lo que demandan en gasto público.

El caso de Chile, consignado por Cepal en 2022, dentro de sus principales hallazgos se encuentra que la población migrante aquí ha contribuido en la generación del PIB pasando de un 1,6% el 2009 a un 4,3% el 2017. Si la evidencia es clara, ¿porque se insiste, sin distinción, en actuar con prejuicio hacia la irregularidad migratoria?

-Por último, ¿cómo visualiza la situación de los migrantes venezolanos en Chile, sobre todo después del terremoto que afectó a su país?

LP: La población venezolana constituye el principal colectivo migrante en Chile, en torno a un tercio del total de personas extranjeras residentes, según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, y también el grupo mayoritario dentro de la migración en situación irregular, que las propias autoridades han estimado en más de un 60% de origen venezolano.

Esta composición no es casual, desde que en 2019 se estableció la visa de responsabilidad democrática. Pero luego, con la exigencia de visa consular para ingresar a Chile, la vía regular se volvió prácticamente inaccesible para buena parte de esta población, empujándola hacia pasos no habilitados como Colchane, con el consiguiente riesgo de dependencia de redes de tráfico de personas.

A diferencia de otros países de origen, la expulsión de ciudadanos venezolanos plantea además una dimensión de protección internacional, Venezuela continúa atravesando una crisis política, económica y de derechos humanos reconocida por organismos internacionales, además del último terremoto que ha agudizado la crisis, lo que ha llevado a distintos relatores y entidades de derechos humanos a plantear que las expulsiones hacia ese país debiesen tratarse como una medida excepcional y no como una política de rutina.

En este sentido, comparto con la visión de organizaciones venezolanos que acá debe haber herramientas excepcionales de protección para las personas migrantes irregulares, por definitivamente el retorno a Venezuela en el actual contexto es inviable. Ellos han solicitado una visa de protección que les permita la regularidad en Chile: como ves, volvemos a la oportunidad de la regularización migratoria como un actor de inclusión y co-desarrollo tanto para las personas migrantes como para el país.

La pregunta es ¿por qué se está actuando con ideología en esta materia, por qué se sigue desconociendo el aporte de la gran mayoría de la población migrante? ¿Está dispuesto el Estado a sostener la cantidad de migración irregular sometiéndola a ciudadanos de segunda categoría, lo cual profundiza su vulnerabilidad? ¿O bien, es hora de conversar en serio y verlos como agentes para el desarrollo local, social y cultural?

Se debe actuar con capacidad de distinción, hoy el Estado tiene una oportunidad de avanzar con 180.000 registros de personas que se acercaron para ser un aporte regular al país, o bien fomentar los problemas de costo para el Estado que significa sostener la lógica de las expulsiones y la irregularidad como sujeto de sospecha, como el único eje de la política migratoria.