Por abusos e irregularidades: Denuncian a la PUCV ante la Superintendencia de Educación Superior

La Coordinadora Multiestamental por la Dignidad PUCV, compuesta por académicas, trabajadores y estudiantes, denunció graves situaciones que los afectan tras el incumplimiento de plazos internos y la falta de respuesta de las autoridades de la casa de estudios porteña.

A través de un comunicado, la coordinadora señaló que «pese a los avances del movimiento estudiantil y feminista en abordar desigualdades de género y discriminación arbitraria, en diferentes unidades académicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso persisten políticas institucionales de precarización laboral, impunidad y falta de democracia que vulneran, especialmente, a las mujeres de todos los estamentos de la casa de estudios». 

Algunas de las vulneraciones referidas y más reiteradas, dicen relación con «gritoneos, descalificaciones, disminución de funciones, informalidad laboral, desvinculaciones arbitrarias, amenazas ante posibilidad de sindicalización, procesos de denuncias aletargados, inconclusos y vulneratorios en Comisión para la Prevención y Acompañamiento en Conductas de Acoso, Violencia y Discriminación Arbitraria de la PUCV, así como persecución a dirigentes estudiantiles».

Uno de los casos sucedió en la Escuela de Ingeniería Química, afectando a la académica Graciela Tejada. Se trata de uno de los más impactantes como se puede observar en el book público de su causa (T-490-2018). Pese que en el año 2018 la Dirección del Trabajo confirmó la existencia de indicios de vulneración a sus derechos fundamentales, acoso laboral y discriminación arbitraria de género de parte del Director de Escuela, Dr. Gianni Olguín, la Comisión para la Prevención y Acompañamiento en Conductas de Acoso, Violencia y Discriminación Arbitraria de la PUCV resolvió la inexistencia de esta vulneración en forma posterior al informe de la institución estatal. 

Debido al fracaso de la mediación entre la académica y la casa de estudios ofrecida por la Dirección del Trabajo, se inició un juicio laboral en el cual la académica accedió al acuerdo propuesto por la universidad: capacitación obligatoria en derechos fundamentales a todos los docentes y jefaturas de la facultad de Ingeniería, y asesoraría en clima laboral a la respectiva Administradora de Seguro de Accidentes del Trabajo.

Ante las continuas situaciones de acoso laboral y discriminación arbitraria, el 09 de diciembre del año pasado, la Red de Académicas de la PUCV dio a conocer en sus redes sociales una carta pública de apoyo a la académica Graciela Tejada señalando que «lamentablemente, su denuncia (a la Comisión de Acoso de la PUCV) no la ha aliviado de los malos tratos por parte de las autoridades de su escuela, teniendo que vivir un proceso largamente desgastante a nivel emocional y marcado por una constante hostilidad en su espacio laboral».

Otro caso tiene lugar en el Centro CERES, donde después un severo maltrato laboral por parte de la Directora del Programa de Paisaje, Territorio y Desarrollo Rural, Roxana Lebuy, bajo conocimiento de su director ejecutivo y profesor de la PUCV, Eduardo Gratacós, la investigadora Patricia González lleva un poco más de ocho meses de licencia médica psiquiátrica.

En la audiencia preparatoria del pasado 24 de noviembre del 2019, y según el registro de audio del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso (causa T-594-2019), la casa de estudios y el centro regional se negaron a cualquier acuerdo por la publicación del caso de la investigadora en prensa, pese al llamado de conciliación de parte del Sindicato 1 de la PUCV consistente en la formalización de relación laboral mediante contrato, pago de licencias médicas y la reubicación de la trabajadora.

«Desgraciadamente, las situaciones de informalidad y acoso laboral no son nuevas en el centro, por eso diez ex investigadores decidimos apoyar a nuestra compañera con una carta pública abierta que denuncia cosas aún más graves como acoso sexual, desvinculaciones arbitrarias y que la mayoría de los firmantes debimos tomar tratamiento de salud mental como consecuencia de nuestro paso por el CERES», indica Jean Arriagada, ex investigador del Centro CERES-PUCV

Para Osvaldo León, presidente del Sindicato Interempresas Nº1 de Trabajadores de la PUCV y Vocero del Consejo Nacional de Trabajadores de Universidades Chilenas, «estos casos no son hechos aislados. En el último tiempo hemos visto un aumento considerable de situaciones similares en distintas unidades y empresas vinculadas de la universidad, existiendo un patrón de impunidad institucional ante abusos que sufren los trabajadores más precarizados que son mujeres académicas no jerarquizadas, docentes e investigadoras a honorarios, que no refleja el sello valórico de la PUCV».

Quienes han denunciado por medio de la Comisión para la prevención, acompañamiento y sanción de conductas de acoso, hostigamiento, violencia y discriminación arbitraria en la PUCV, declaran que en la mayoría de los casos es evidente el incumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento.

El prolongado periodo de espera de resoluciones, que al ser entregadas con resultados poco satisfactorios, impide que las denunciantes lleven sus casos a justicia ordinaria por sobrepasar los plazos de prescripción de los hechos denunciados. Además, ocasiona que las denunciantes deban seguir compartiendo espacios con sus acosadores.

Otro problema identificado por la Coordinadora por la Dignidad PUCV está relacionado con el sesgo que produce la composición del Consejo Superior, entidad a la cual se deben realizar las apelaciones por disconformidades de veredictos de la Comisión de Acoso. Sólo los académicos de planta jerarquizados tienen derecho a voz y voto, dos consejeros estudiantiles tienen únicamente derecho a voz, mientras que los sindicatos y los académicos no jerarquizados simplemente no participan de esta instancia de decisión. Esta composición dificulta el abordaje de casos de académicos de planta que son denunciados por el resto de actores de la comunidad universitaria.

En este ámbito, la denuncia de estudiantes de pregrado e investigadores de postgrado de la Escuela de Agronomía es simbólico. Luego de un largo y tortuoso proceso de denuncia mediante la Comisión para la Prevención de conductas de acoso de la Universidad, los denunciantes de Agronomía recibieron resolución de su caso con resultado de sobreseimiento del académico denunciado por la renuncia de éste a la universidad.

A pesar de haberse cumplido con creces los plazos para que se emitiera una resolución antes de su renuncia y de las múltiples denuncias en su contra, la PUCV aceptó su término de contrato sin importar la gravedad de los hechos denunciados que ocurrieron en sus recintos. 

Lo descrito anteriormente demuestra que en PUCV existe una política de re-victimización de sus denunciantes y no cumplimiento del Reglamento para la Prevención, Investigación y Juzgamiento de actos de Acoso, Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria.

Asimismo, en diferentes momentos de movilización estudiantil, se han identificado actos de persecución institucional a dirigentes estudiantiles y estudiantes denunciantes. En el caso de dirigentes estudiantiles, se identifica un patrón de persecución de parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE).

Durante el último paro estudiantil, se denunció intervencionismo en asambleas estudiantiles y amenazas de pérdida de semestre por parte de David Letelier, encargado de la DAE del eje Brasil de la universidad. Ante el comunicado del estamento estudiantil denunciando esta situación, la respuesta del DAE fue una serie de amenazas telefónicas, así como persecución política a dirigentes estudiantiles de Centros de Estudiantes de distintas unidades académicas. Así, en el Consejo General de Estudiantes, la votación unánime fue pedir la destitución del encargado de la DAE.

Por otra parre, entre los estudiantes denunciantes de irregularidades en la universidad, se encuentra el caso de los «sumarios fantasmas» a Matías Montecinos, estudiante de quinto año de la Escuela de Ingeniería Química, que sin notificación oficial, fue sumariado por denunciar irregularidades en el manejo de recursos financieros de la escuela, esclarecer procedimientos de desvinculaciones arbitrarias de profesores y denunciar estas situaciones a la Superintendencia de Educación Superior anteriormente. 

Para Camila Rojas, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, «la persecución política a dirigentes estudiantiles y estudiantes denunciantes, así como la vulneración de académicas e investigadoras no debe quedar impune, porque refleja la débil democracia de las universidades en Chile. Casos como estos y la expulsión de dirigentes estudiantiles de la Universidad Andrés Bello se repiten a lo largo del país y deben abordarse en la Comisión de Educación, porque es necesario y pertinente abordar la democracia interna de las instituciones de educación superior», concluyó la diputada del Partido Comunes.

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