Por grave crisis sanitaria en Osorno: Empresa Suez fue demandada bajo ley francesa del «deber de vigilancia»

En julio de 2019, la población de Osorno (Chile), donde la multinacional posee el 43% del mercado de distribución del agua, permaneció sin suministro durante 10 días, durante los cuales se decretó una alerta sanitaria debido a la contaminación de la red de agua potable causada por un incidente operativo de ESSAL, sociedad controlada por Suez.

Por Opazo

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Chile / Justicia y DD.HH / Salud

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Cuatro organizaciones demandaron a la empresa SUEZ, en base a la ley francesa sobre el «deber de vigilancia», ante el Tribunal de Nanterre.

Recordemos que, en julio de 2019, la población de Osorno (Chile), donde la multinacional posee el 43% del mercado de distribución del agua, permaneció sin suministro durante 10 días, durante los cuales se decretó una alerta sanitaria debido a la contaminación de la red de agua potable causada por un incidente operativo de ESSAL, sociedad controlada por Suez.

Este hecho se produjo después de que se detectaran continuas deficiencias y negligencias, que los organismos de control chilenos habían señalado en múltiples ocasiones, indicando el “elevado riesgo” que suponían dichas anomalías.

Después de haber enviado, en julio de 2020, un requerimiento formal a la empresa SUEZ en el que se le pide que cumpla la ley francesa sobre el deber de vigilancia del 27 de marzo de 2017, instándole a tomar las medidas necesarias para resolver estas deficiencias e ilegalidades reiteradas en su prestación del servicio de suministro de agua a Osorno y a evitar que otra crisis sanitaria se produzca nuevamente en esta ciudad o en otros municipios chilenos, las 4 organizaciones han decidido llevar sus reclamaciones a los tribunales, que podrían exigir a la empresa la adopción de medidas correctoras y preventivas.

“Después de haber intentado, sin éxito, obtener compromisos significativos por parte de SUEZ para evitar que se repitan estas crisis sanitarias, ahora pedimos al Tribunal que ordene a Suez que responda a nuestras demandas”, explicó José Aylwin, del Observatorio Ciudadano.

El 10 de julio de 2019, se produjo un vertido de 2000 litros de petróleo en la planta potabilizadora de Caipulli, operada por la filial de Suez en la ciudad de Osorno. Los hidrocarburos contaminaron la fuente de agua de la planta, lo que supuso la contaminación del conjunto de la red de agua potable, que abastece a 49.000 viviendas del municipio, es decir, a 140 500 personas (el 97,9% de la población). La contaminación afectó también a dos cursos de agua, el río Rahue y el río Damas.

El corte del suministro de agua se prolongó durante más de diez días. Se interrumpió el acceso al agua potable a la población de Osorno, así como a los organismos fundamentales para la vida en el municipio (hospitales, centros de salud, centros de diálisis, residencias geriátricas, etc.), lo que provocó una grave crisis sanitaria. El 12 de julio de 2019, se decretó el estado de alerta sanitaria y posteriormente no se ha llevado a cabo ningún estudio epidemiológico para evaluar el número de víctimas.

Durante este periodo de alerta, la crisis sanitaria se agravó debido a la instalación tardía e incompleta de los puntos de abastecimiento de agua alternativos, que ESSAL hubiera debido poner en funcionamiento de forma inmediata, así como por un suministro de agua insuficiente y de mala calidad. El servicio de abastecimiento de agua no se restableció totalmente hasta el 21 de julio de 2019 y fue necesario ampliar la alerta sanitaria hasta el 31 de julio de 2019.

“Los ciudadanos y ciudadanas de Osorno tienen derecho a un servicio regular de agua potable de calidad, como todo ser humano. Es su derecho, así como el de ser resarcidos por los daños ocasionados a su salud y al ecosistema” señaló Ricardo Becerra de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno.

Esta grave afectación a los derechos humanos se debe fundamentalmente a que ESSAL no ha aplicado medidas preventivas y correctivas, a pesar de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entidad pública encargada de la inspección de este tipo de servicios en Chile, ya había alertado en 2018 de numerosas anomalías en la infraestructura, que consideraba suponían un “riesgo elevado” y había impuesto 36 multas a la empresa a lo largo de los últimos cinco años.

“El nuevo plan de vigilancia de SUEZ, publicado en abril de 2021, no cumple con las obligaciones que implica el deber de vigilancia que se imponen a la empresa. Por lo tanto, SUEZ debe publicar un nuevo plan de vigilancia que incluya, entre otras cosas, las medidas efectivas implementadas, en consulta con las comunidades locales y las partes interesadas, para evitar que se produzcan nuevas crisis sanitarias en Chile debido al comportamiento negligente de sus filiales. Es especialmente importante porque SUEZ controla más del 43% del mercado del agua en Chile y los incidentes siguen siendo frecuentes y no se previenen de forma suficiente”, concluyó Maddalena Neglia, responsable de la Oficina de Globalización y Derechos Humanos de la FIDH.

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