Presentan acusación constitucional contra Víctor Pérez

Este lunes 19 de octubre, comenzó a sesionar la comisión revisora de la acusación constitucional presentada la semana pasada contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, con un libelo de tres capítulos.

La presentación estuvo a cargo del diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio, quien en una sesión liderada por la diputada Loreto Carvajal, argumentó la presentación del libelo acusatorio, cuestionando su rol en el paro de camioneros y como secretario de Estado responsable de la gestión de la institución de Carabineros.

El parlamentario aludió al acusado con esta pregunta, «¿Quién es don Víctor Pérez Varela?», para cuestionar el ejercicio de su cargo, a lo que él mismo respondió, «es un político de la UDI, fue alcalde, diputado, fue senador. Ahora es el ministro del Interior. Es también el ministro que reitera casi a diario su respaldo al actuar de Carabineros cada vez que violan los derechos humanos en diferentes lugares del país».

Ascencio prosiguió sumando cada uno de los momentos en los que, a su juicio, Pérez faltó, y prosiguió con las siguientes palabras: «es el ministro que, después de ir a La Araucanía, justifica la violencia para tomarse municipios que estaban ilegalmente ocupados, el ministro que respalda la toma de las carreteras por parte de camioneros, a pesar de tener conciencia de los delitos que cometían», dijo y dejó para el final, «es el ministro que no inició ninguna acción legal, ninguna, para sancionar a los violadores de derechos humanos».

En esta última acusación hizo mención de los «hechos cometidos por los agentes del Estado desde el 28 de julio en adelante, pero especialmente en el caso de un joven lanzado por un funcionario de Carabineros al río Mapocho«, acciones que, a su juicio, demandaron de él una actitud enérgica de condena y acciones reparatorias y de justicia.

Por esta razón, se apela al Artículo 52 de la Constitución. El diputado detalló que, en su opinión, este conglomerado de acciones se traduce en un actuar negligente de parte del secretario de Estado, con consecuencias para la población en tiempos del COVID-19 y estallido social.

El documento con la acusación posee más de 80 páginas, siendo el primero de sus tres capítulos el que se introduce con el título: “Haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público”, donde se cuestiona el trabajo de Pérez por el respaldado a la movilización de los camioneros y la toma de carreteras, con graves consecuencias para el abastecimiento de la red de salud nacional en tiempos de crisis sanitaria.

El segundo capítulo se titula “Infracción a la Constitución y las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley”, acusa al representante del Ejecutivo «de aplicar arbitrariamente, sobre cierto grupo que se manifiesta, todo el rigor de la ley y sobre otro, siendo excesivamente pasivo», según palabras de Ascenso.

Según los diputados, es notoria la falta de objetividad en la manera de operar de Pérez y apuntan al «trato distinto que recibe una u otra manifestación dependiendo de la ideología o posición política que sustente» y por último también se lo acusa por «no ejercer control jerárquico sobre Carabineros«, detalla el libelo.

La medida ha sido rechazada por el Gobierno y el oficialismo, que cuestionan la intensidad con que la oposición recurre a este tipo de herramientas constitucionales. 

Fuentes: El Mostrador/ El Desconcierto.