En representación del comunero mapuche José Tralcal Coche, la abogada Karina Riquelme Viveros ingresó formalmente una querella criminal -declarada admisible- en contra del abogado Luis Hermosilla Osorio.
La acción, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (causa RUC 2610025756-3 y RIT 9451 – 2026), imputa a Hermosilla la comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, en el marco del caso Luchsinger-Mackay.
Al respecto, la abogada Karina Riquelme explicó que la querella «se fundamenta en las revelaciones que exponen coordinaciones clandestinas ocurridas en agosto de 2018, período en el cual la Segunda Sala de la Corte Suprema revisaba el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los condenados en el caso Luchsinger-Mackay».
La profesional destacó que según los registros de mensajería del propio teléfono de Hermosilla, el querellado consultó directamente a su intermediario, José Ramón Correa: ‘Tu más amigo de la sala penal quien es?’, a lo que Correa respondió indicando al ministro Valderrama.
«Tras este contacto, Hermosilla instruyó explícitamente: ‘Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger’, agregando que esta acción era ‘clave para avanzar en el proceso de pacificación de la Región’ y advirtiendo que un cuarto juicio sería fatal», indicó Karina Riquelme.
De esta manera, para la parte querellante, los antecedentes recopilados evidencian la existencia de llamadas telefónicas y gestiones informales para incidir en el máximo tribunal.
«El 9 de agosto de 2018, Correa instó a Hermosilla a llamar al ministro Manuel Valderrama. Hermosilla confirmó la realización de la llamada calificándola como ‘buena’ y detallando que ‘fue de emergencia para transmitir el mensaje’. Posteriormente, Correa reportó que el magistrado ‘estaba agradecido del llamado’ e incluso le transmitió información interna sobre las ausencias de otros ministros de la sala, como Hugo Dolmetsch», agregó la abogada Riquelme.
Finalmente, todas estas presiones e intermediaciones se concretaron con el fallo de la Corte Suprema el 10 de octubre de 2018, el cual rechazó el recurso de nulidad y confirmó las condenas, concediendo únicamente una rebaja de pena al descartar la calificación terrorista del delito.
Hay que recordar, además, que el entonces Presidente Piñera había manifestado públicamente su satisfacción por la sentencia condenatoria cuando esta aún no estaba firme.
Tampoco hay que olvidar que el caso se encuentra actualmente bajo examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un serie de violaciones al debido proceso.
«Principio de ejecución de los delitos ocurrió en La Moneda»
Un aspecto importante es que el libelo presentado fundamenta la competencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en que el principio de ejecución de los delitos ocurrió en el Palacio de La Moneda, comuna de Santiago.
«Luis Hermosilla actuaba en ese momento como abogado asesor contratado por el Gobierno, específicamente por encargo de Andrés Chadwick, para representar los intereses estatales en dicha causa penal», destaca la querella.
Luego, «incorporado formalmente a la Subsecretaría del Interior, el querellado planificó y ejecutó las maniobras ilícitas desde las dependencias del Ejecutivo en el centro de Santiago, desplegando su influencia sobre la Corte Suprema, ubicada en el mismo territorio jurisdiccional», puntualiza el escrito.
Finalmente, la abogada Karina Riquelme destacó que»esta querella criminal representa un paso fundamental para transparentar los vicios institucionales en la administración de justicia. La parte querellante recalca que la igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso no pueden quedar subordinados a coordinaciones informales de pasillo ni a intereses políticos».
Por ello, concluyó, «se solicita que el Ministerio Público instruya todas las diligencias pertinentes para esclarecer las responsabilidades de Hermosilla y de todos quienes resulten involucrados en este grave atentado contra la fe pública».
Seguiremos informando.
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