A las 12:00 horas de este 11 de marzo José Kast asumirá la presidencia de Chile. Y lo hará con un paquete de medidas ya delineado para sus primeros tres meses de gobierno, una hoja de ruta que no apunta solo a ordenar el inicio de la nueva administración, sino también a instalar desde el primer día una agenda de ajuste, rebajas tributarias y desregulación.
La agenda inicial incluye recortes al gasto público, cambios tributarios, flexibilización regulatoria para destrabar proyectos de inversión y modificaciones en el funcionamiento del aparato estatal. Varias de estas iniciativas formaron parte del programa con que Kast llegó a La Moneda y dan cuenta de una definición política bastante clara: reducir el peso del Estado, ampliar el margen de acción del sector privado y aliviar la carga tributaria sobre las empresas.
El plan para los primeros 90 días de Kast combina proyectos de ley que deberán pasar por el Congreso con decisiones administrativas que el Ejecutivo puede empujar mediante decretos o instrucciones internas. La apuesta del nuevo gobierno es mover varias de estas piezas con rapidez, no solo para mostrar capacidad de acción, sino también para comenzar a consolidar un giro en materias sensibles como gasto público, inversión, empleo estatal y regulación laboral.
Aunque muchas de las propuestas se concentran en el ámbito económico, el paquete también incluye cambios en empleo público, regulación de inversiones y funcionamiento del mercado laboral. En conjunto, estas medidas no solo marcan el arranque de una administración, sino que anticipan un cambio de rumbo: menos Estado, más espacio para el mercado y una agenda que vuelve a poner en el centro las prioridades del gran empresariado.
A continuación, una guía para entender algunas de las principales medidas que Kast pretende poner en marcha durante sus primeros tres meses de gobierno.
1. Recorte del gasto público: la promesa más polémica del arranque
La primera gran señal del nuevo gobierno apunta al ajuste fiscal. El equipo de Kast ha defendido una meta de US$6.000 millones de recorte del gasto público en 18 meses, una cifra que se convirtió en uno de los puntos más discutidos de su campaña presidencial. La crítica más repetida fue que el comando no detalló con precisión de qué partidas saldría un ajuste de ese tamaño, considerando que una parte importante del presupuesto está comprometida en obligaciones legales y políticas sociales.
Como primera señal concreta, el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pidió a los ministros entrantes aplicar una reducción transversal de 3% en los recursos de cada cartera, lo que anticipa que el ajuste empezará a sentirse desde el inicio de la administración. Más adelante, el equipo de Kast también ha planteado recortes en cargos de confianza y en lo que denomina “gasto político”.
El punto es que una reducción de esta magnitud no ha pasado inadvertida. Durante la campaña, desde el gobierno y desde distintos economistas se advirtió que, sin un desglose claro, una meta así podía terminar golpeando beneficios sociales o servicios públicos. Incluso voces de la propia derecha pusieron en duda que fuera posible ejecutar un recorte tan rápido sin costos políticos y administrativos altos.
Aunque el nuevo gobierno ha planteado que el ajuste apuntará principalmente al llamado “gasto político”, un recorte transversal de esta magnitud suele abrir preguntas sobre su impacto real. En la práctica, reducciones presupuestarias pueden terminar afectando programas, servicios públicos o inversiones estatales si no se especifica con claridad de dónde saldrán los recursos que se busca ahorrar.
2. Rebaja del impuesto a las empresas
Otro de los proyectos que el nuevo gobierno pretende enviar al Congreso durante los primeros meses contempla una reducción del impuesto de primera categoría.
La propuesta plantea bajar la tasa que pagan las empresas desde el actual 27% a un 23%. Desde el equipo de Kast sostienen que esta medida busca incentivar la inversión privada y fortalecer la competitividad de la economía chilena.
Este cambio forma parte de una agenda tributaria más amplia orientada a estimular la actividad económica mediante incentivos al sector empresarial.
La reducción del impuesto corporativo es defendida por el nuevo gobierno como un incentivo para la inversión. Sin embargo, también implica menores ingresos fiscales en el corto plazo, lo que vuelve inevitable la discusión sobre cómo se financiarán políticas públicas y servicios estatales en un escenario de menor recaudación.
3. Incentivos tributarios para contratación formal
En paralelo, el programa económico también contempla incentivos tributarios para empresas que contraten trabajadores que actualmente se desempeñan en la informalidad.
La propuesta considera un mecanismo de crédito tributario asociado al pago de remuneraciones con cotizaciones previsionales. Con esto, el gobierno entrante busca incentivar la formalización laboral y aumentar la cantidad de trabajadores que cotizan en el sistema de seguridad social.
La informalidad laboral sigue siendo uno de los desafíos del mercado del trabajo en Chile, especialmente en algunos sectores productivos y en ocupaciones de menor ingreso.
Si bien el incentivo busca aumentar la formalización del empleo, algunos especialistas advierten que este tipo de beneficios tributarios no siempre garantiza nuevas contrataciones. En ciertos casos, las empresas pueden terminar accediendo al beneficio por empleos que igualmente habrían creado.
4. Tasa preferencial para pequeñas y medianas empresas
Dentro del mismo paquete tributario, el programa contempla establecer una tasa fija reducida para las pequeñas y medianas empresas.
Según lo adelantado por el equipo económico, las pymes podrían acceder a una tasa cercana al 12,5%, lo que implicaría una menor carga tributaria para este sector productivo.
El argumento del nuevo gobierno es que las pequeñas empresas enfrentan mayores dificultades para financiar su crecimiento y generar empleo, por lo que una reducción en su carga impositiva podría facilitar su desarrollo.
El alivio tributario para las pymes suele ser bien recibido en el debate económico. Sin embargo, algunos analistas sostienen que los principales problemas de estas empresas no siempre están vinculados a los impuestos, sino al acceso a financiamiento, a los costos laborales y a las dificultades para competir en mercados altamente concentrados.
5. Eliminación gradual de contribuciones en primera vivienda
Otra de las iniciativas que el nuevo gobierno pretende impulsar durante los primeros meses apunta a eliminar gradualmente el pago de contribuciones para viviendas principales.
La propuesta comenzaría con la exención para personas mayores de 65 años y posteriormente avanzaría hacia la eliminación del impuesto para la primera vivienda, dependiendo de las condiciones fiscales.
Desde el comando de Kast han planteado que la idea es reducir los costos asociados a la mantención de la vivienda propia, especialmente en el caso de familias que ya pagaron impuestos al momento de adquirirla.
La eliminación de contribuciones para la primera vivienda ha sido una propuesta recurrente en el debate político. Sin embargo, este impuesto constituye una fuente relevante de financiamiento municipal, por lo que su eventual eliminación abre el debate sobre cómo se compensarán esos recursos para las comunas.
6. Eliminación del impuesto a las ganancias de capital
Entre los proyectos que el nuevo gobierno planea presentar también figura la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil.
La medida busca incentivar el desarrollo del mercado de capitales y facilitar la inversión en empresas con menor presencia en la bolsa.
Además, el programa contempla avanzar hacia la reintegración del sistema tributario, un tema que ha estado presente en el debate fiscal chileno durante los últimos años.
La eliminación de este impuesto busca incentivar el dinamismo del mercado de capitales. No obstante, algunos economistas advierten que este tipo de medidas suele beneficiar principalmente a inversionistas con mayor capacidad de participar en estos mercados, lo que reabre el debate sobre equidad tributaria.
7. Estatuto especial para grandes inversiones
El plan de los primeros 90 días también contempla la creación de un estatuto especial destinado a proyectos de inversión de gran escala.
Este instrumento buscaría otorgar mayor certeza jurídica y tributaria a empresas que realicen inversiones significativas en el país, especialmente aquellas que involucren transferencia tecnológica o desarrollo de capital humano.
El objetivo es posicionar a Chile como un destino atractivo para proyectos de inversión de largo plazo.
Los mecanismos de estabilidad jurídica para grandes inversiones son utilizados en distintos países para atraer capital extranjero. Sin embargo, también generan discusión sobre si estos regímenes terminan otorgando condiciones tributarias o regulatorias más favorables para grandes empresas que para el resto de la economía.
8. Cambios para acelerar permisos de inversión
Otro eje del programa apunta a reducir los tiempos de tramitación de proyectos mediante cambios administrativos en distintos organismos del Estado.
Entre las medidas contempladas se encuentran ajustes en reglamentos ambientales, modificaciones en normas relacionadas con el uso de suelo y revisiones de procedimientos vinculados al sistema de evaluación ambiental.
El diagnóstico del equipo económico es que la burocracia estatal puede retrasar proyectos de inversión, por lo que se busca simplificar algunos procesos administrativos.
La reducción de tiempos en la tramitación de proyectos suele ser presentada como una forma de mejorar la eficiencia del Estado. Al mismo tiempo, organizaciones ambientales y territoriales han advertido que simplificar procesos regulatorios puede generar tensiones con estándares de protección ambiental o con la participación de comunidades en decisiones que afectan sus territorios.
9. Cambios en la Dirección del Trabajo
En materia laboral, el programa contempla modificaciones en el funcionamiento de la Dirección del Trabajo mediante decretos administrativos.
El objetivo, según el diagnóstico del equipo de Kast, es evitar interpretaciones administrativas que puedan generar incertidumbre en la aplicación de normas laborales.
En paralelo, el gobierno entrante también plantea avanzar en la digitalización de procesos del Ministerio del Trabajo y simplificar distintos trámites.
Las modificaciones en el funcionamiento de la Dirección del Trabajo buscan, según el nuevo gobierno, entregar mayor certeza jurídica en la aplicación de normas laborales. Sin embargo, sectores sindicales han advertido que limitar el rol interpretativo del organismo podría reducir herramientas de protección para trabajadores en conflictos laborales.
10. Ajustes en el empleo público
Finalmente, el nuevo gobierno también ha adelantado que revisará el sistema de empleo público.
Entre las medidas mencionadas figura la reducción de cargos asociados a designaciones políticas y el fortalecimiento de la carrera funcionaria basada en mérito.
Estas decisiones forman parte de una agenda más amplia orientada a reorganizar el funcionamiento del aparato estatal.
La revisión del empleo público ha sido una bandera recurrente en distintos gobiernos. El desafío suele estar en diferenciar entre cargos de confianza política y funciones técnicas permanentes del Estado, evitando que procesos de reducción de personal terminen afectando la continuidad de servicios públicos.
Un inicio que marcará el rumbo del nuevo gobierno
Las decisiones que se adopten durante los primeros meses de gobierno suelen marcar el tono de toda una administración. En el caso del nuevo gobierno, el paquete de medidas previsto para los primeros 90 días de Kast busca instalar señales rápidas en distintos frentes.
Desde el control del gasto público hasta cambios tributarios y regulatorios, las iniciativas previstas apuntan a delinear el rumbo que tomará la nueva administración en materia económica y de gestión del Estado.
A partir de este 11 de marzo, con Kast ya instalado en La Moneda, comenzará también la etapa en que estas propuestas deberán avanzar en su implementación. En los meses siguientes se verá hasta qué punto estas medidas logran transformarse en reformas concretas y qué efectos tendrán en el nuevo escenario político que comienza a abrirse en el país.
