Profesionales de la Salud en la subcomisión de DDHH de la Convención: Necesitamos un mecanismo de rendición de cuentas para que las autoridades asuman la responsabilidad de sus acciones

Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, representada por su presidenta Margarita Paz Araya, expuso por segunda vez en el espacio de la Convención Constitucional.

Esta semana, la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, representada por su presidenta Margarita Paz Araya, expuso por segunda vez en el espacio de la Convención Constitucional, esta vez en la subcomisión de Marco General de DD.HH., Ambientales y de la Naturaleza.

En la ocasión, Margarita Paz puso el énfasis en la protección de la Salud física y mental como Derecho Humano «que ha sido vulnerado gravemente por este gobierno contra los equipos de Salud, durante la pandemia», y el cual, señaló, «debe estar garantizado como Derecho Humano fundamental para todas y todos las y los habitantes del territorio en la nueva Constitución».

Durante su exposición, la presidenta de Confedeprus estuvo acompañada por el abogado de la Comisión Chilena de DD.HH., Pablo Alvarado Corvalán.

«Como gremio representante de las y los trabajadoras/es de la Salud en la MSP de la CUT, parte central de nuestro quehacer político-sindical tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros/as representados/as, además de las de usuarias y usuarios del sistema, para lo cual debemos influir en el poder político, toda vez que la actual legislación chilena propicia la precarización de la salud pública mediante la privatización del modelo, desatendiendo las suficientes garantías y resguardo que deben existir para el acceso a la atención de salud», afirmó la dirigenta.

En esa línea, recordó que «es deber del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Durante el desarrollo de la pandemia Covid-19 en Chile, desde marzo de 2020 en adelante, y siendo la salud mental un eje central en este contexto, el Estado no ha cumplido con su deber de garantizar medidas concretas en torno a promover la salud mental, prevenir trastornos mentales, dispensar atención, mejorar la recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de personas con trastornos mentales».

«Por ello, y ante este flagrante incumplimiento, como Confedeprus hemos denunciado en 2020 y 2021 ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Relator Especial, el grave daño en la salud mental de los equipos de Salud, a quienes les ha correspondido afrontar la atención de pacientes durante la presente Pandemia Covid-19, adjuntando dos informes sobre desgaste emocional en los equipos de Salud durante la pandemia, además de sendos estudios y antecedente recientes, elaborados en conjunto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos», agregó Margarita Paz.

Denuncia por corrupción

En relación con los hechos de corrupción denunciados por la Comisión Chilena de Derechos Humanos el año 2020 y actualmente investigados ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por delitos de fraude al Fisco y negociaciones incompatibles que se le imputan al ex subsecretario de Redes Asistenciales y actualmente convencional, Arturo Zúñiga, bajo órdenes directas del Presidente Sebastián Piñera y los ministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris, la presidenta de Confedeprus fue enfática en expresar que «la rendición de cuentas es la piedra angular del marco de los Derechos Humanos, toda vez que la corrupción es un flagelo que atenta contra éstos y contra la democracia».

«Por ello, es necesaria la incorporación e implementación de un mecanismo de rendición de cuentas que permita exigir a las autoridades la responsabilidad de sus acciones, a dar justificaciones ante las personas afectadas y a estar sujetos a sanciones cuando su actuación, o sus explicaciones, no resulten convincentes», agregó Paz.

«En Chile, el derecho a la salud solo se consagra en la Constitución Política desde el acceso a la atención, reconociendo una libertad de elección que sustenta la posibilidad de las personas de elegir donde recibir la atención, sea en sistema de salud pública o privada, no siendo el Estado quien da garantía del derecho, sino que actúa desde lo subsidiario, traspasando recursos financieros a intereses privados y desligándose de la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, no existiendo equidad en la oportunidad, ya que se supedita a los recursos financieros de las personas», recalcó la dirigenta.

Finalmente, en su exposición, Margarita Paz manifestó que «como Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud exigimos que la nueva Constitución Política reconozca el Derecho a la Salud como Derecho Humano Fundamental, el cual considere garantizar la disponibilidad de recursos financieros públicos suficientes y oportunos con el fin de permitir el grado máximo de Salud que se pueda lograr, contemplando criterios sociales que propicien la disponibilidad de servicios de salud, vivienda adecuada, condiciones de trabajo segura y digna, entre otras determinantes, logrando así un sistema de Salud único, universal, solidario, que impida la proliferación del lucro, fortaleciendo la sustentabilidad pública».


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