Este lunes 6/7, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia emitida respecto al proyecto de «Escuelas Protegidas» impulsado por el Gobierno de José A. Kast, reiterándose en ese sentido que prohibir el acceso a la gratuidad -como pretendía el oficialismo en su iniciativa- es una acción discriminatoria.
Entre otros aspectos, el TC recalcó que «la contradicción se confirma al considerar la lógica con que la propia Constitución regula los efectos de la condena penal sobre el ejercicio de los derechos. Cuando la Carta Fundamental ha querido privar de un derecho como consecuencia de una condena, lo ha establecido de manera expresa», apunta el fallo.
Seguidamente, indica que «así ocurre con la suspensión y la pérdida del derecho de sufragio y de la ciudadanía, en los casos previstos en los artículos 13, 16 y 17 de la Constitución. La educación, en cambio, no figura entre los derechos que la Constitución autoriza a restringir como efecto de una condena».
«Es, por el contrario, un derecho que el ordenamiento mantiene vigente incluso respecto de quien se encuentra privado de libertad», agrega el fallo.
Así, el TC subraya que «estando la gratuidad orientada a garantizar el acceso a la educación de quienes carecen de medios, una inhabilidad que priva de ella como consecuencia de una condena se aparta de esa lógica constitucional, que mantiene vigentes los derechos del condenado salvo aquellos cuya privación la propia Carta autoriza de manera expresa».
Tras la publicación del documento, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia (Distrito 8), destacó que «la obsesión del Gobierno de Chile por debilitar derechos sociales encontró un freno en el Tribunal Constitucional: No se puede usar la gratuidad como castigo ni convertir derechos sociales en instrumentos de exclusión».
«La sentencia señala que prohibir el acceso a la gratuidad es discriminatorio, porque castiga sólo a quienes no pueden pagar sus estudios; vulnera la igualdad ante la ley; afecta el derecho a la educación; agrava la marginación de quienes más necesitan apoyo del Estado; y opera contra la reinserción», remarcó la parlamentaria.
«Lo hemos advertido en la discusión del ‘registro de vándalos’, todos queremos combatir las incivilidades, pero no con leyes que nos hagan retroceder como sociedad», enfatizó la diputada Urrutia. Revisa/descarga la sentencia completa (136 páginas) AQUÍ
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