Propietarios del diario Clarín ofrecen acuerdo al Estado chileno para indemnización por expropiación durante la dictadura: Plazo para responder vence el 23 de septiembre

Tras casi 50 años de que fuera clausurado y posteriormente confiscado por la dictadura militar, los dueños del mítico diario Clarín ofrecen un acuerdo al Estado chileno para concretar la indemnización financiera a la que tienen derecho,  tal y como dispone el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje en inversiones del Banco Mundial. 

El diario fue confiscado el mismo 11 de septiembre de 1973, incluso antes del ataque armado a La Moneda. Desde entonces, todos sus bienes están ocupados por militares, así como sus rotativas y edificios en Santiago, Viña y Concepción.

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Durante el gobierno de Salvador Allende, ‘Clarín’ era uno de los medios con más lectores en Chile. para ese entonces tenía un promedio de ventas de 270 mil ejemplares diarios de lunes a viernes y 350 mil los fines de semana. Clarín había sido fundado en 1954 por Volpone y por el general Carlos Ibáñez del Campo, que en ese momento era presidente de Chile.

Clarín era tan influyente que podía determinar una elección presidencial. El apoyo de Clarín al democratacristiano Eduardo Frei Montalva fue decisivo para que éste triunfara en las presidenciales de 1964. Su rol también fue relevante en la ajustada victoria de Salvador Allende sobre el candidato de la derecha Jorge Alessandri, en 1970. La diferencia fue de 40 mil votos. Entonces Clarín no dio tregua al candidato derechista, a quien apodó maliciosamente como La Señora, debido a sus modales delicados.

En el transcurso de 1972, Pey Casado compró la totalidad de las acciones de la sociedad CPP SA –dueña de Clarín– a Volpone. Como comprobó el CIADI la transacción involucró un monto total de 1.28 millones de dólares, los que fueron íntegramente pagados.

«Luego del golpe militar, Clarín fue clausurado. Su director, Alberto Gato Gamboa, fue detenido y trasladado a un campo de concentración. El edificio donde se imprimía el diario, ubicado muy cerca de La Moneda, en Santiago, fue utilizado como centro de detención y torturas», recordó Francisco Marín en su artículo «Clarín, el juicio sin fin».

Pey se convirtió en uno de los hombres más buscados de Chile. Se asiló el 12 de septiembre de 1973 en la embajada de Venezuela, país al que partió un mes y medio después.

Enseguida, el gobierno militar comenzó a estudiar los mecanismos jurídicos para apropiarse del diario. Intentó reconocer como dueños a tres amigos de Pey: Jorge Venegas, Ramón Carrasco y Emilio González, a quienes éste había prometido venderles una pequeña parte del diario, lo que no se concretó debido al golpe militar.

De esa “promesa de venta” sólo quedaron papeles firmados en blanco por los tres interesados. El dictador Augusto Pinochet intentó validarlos, con el fin de expropiarlos y quedarse con Clarín a cambio de una indemnización.

En 1974 el gobierno militar persuadió a Volpone para que éste declarara que vendió Clarín bajo presión del presidente Salvador Allende. Hizo esto con el fin de anular la transacción, pero Volpone no se prestó a esta jugarreta. Como nada resultó, finalmente la Junta Militar confiscó Clarín a Pey, mediante el decreto supremo 580, de 1975. No pagó indemnización.

Pey inició su demanda desde hace 25 años, pero falleció en 2018.

Actualmente los propietarios de las accionistas de las empresas editoras son: la fundación española Presidente Allende con un 90% de las acciones, y Coral Pey Grebe (hija de Víctor Pey) con un 10% de las acciones.

Dictamen del CIADI

En el año 2020 la última y definitiva Decisión del CIADI constató la autoridad de cosa juzgada del Laudo que acuerda a los dueños del Clarín, el derecho a ser indemnizados “de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer”,  y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. Este derecho tiene autoridad de “cosa juzgada” desde 2008 en los 155 países que han ratificado el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile.

El titular del juzgado de Madrid donde se está ejecutando el Laudo dictó el 7 de diciembre del año pasado la cifra indemnizatoria provisional de 551,77 millones de dólares.

En concreto, el juzgado 101 de Madrid fijó la indemnización en 429,797 millones de dólares .A esta cantidad, se sumaron otros 121,972 millones de dólares por los intereses y costas estimadas.

Este dictamen fue recibido por el gobierno de Sebastián Piñera y se derivó a la administración del presidente Gabriel Boric.

Tras más de 30 años de litigios internacionales, el tribunal español que ejecuta el laudo del CIADI trasladó al Estado chileno la propuesta transaccional para poner fin a cincuenta años de ilegalidad, 

“La parte ejecutante mantiene su propuesta de acuerdo amistoso, continuada desde que el 29 de mayo de 1995 un Tribunal de Santiago le reconociera la propiedad de las acciones de CPP S.A. y EPC Ltda. y se las restituyera. Y reitera en este acto, en conformidad con el art. 565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su disposición a intentar resolver la forma y calendario de cumplimiento de la obligación de indemnizar financieramente que establece el Fallo del Laudo constatada en la Decisión final dentro del sistema del CIADI el 8 de enero de 2020 del 2º Comité ad hoc, incumplida desde entonces”, plantea el escrito presentado el 5 de septiembre de 2022.

El plazo dado por el tribunal al Estado chileno para responder a la propuesta transaccional vence este 23 de septiembre y los propietarios del diario le ofrecen un acuerdo al Estado chileno, según reseñó el portal de El Clarín.

Tribunal ordena embargar créditos de Codelco en España

El medio ibéricoDiario.es, informó que en un decreto del pasado marzo, el juzgado 101 de Madrid comunicó a la multinacional francesa Nexans, uno de los grandes actores globales de la industria de sistemas de cable, el embargo de cualquier pago pendiente de su filial en España, Nexans Iberia, a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), suministradora de materias primas, para cumplir la indemnización de 551 millones de dólares a los dueños del Clarín.

El decreto judicial tomando como base las normas previstas en la ley española para las ejecuciones, “declara embargados los créditos líquidos y derechos de toda naturaleza que existan en la empresa Nexans Iberia a favor de la mercantil Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco Chile) en cuanto sean suficientes para reclamar las responsabilidades reclamadas”, consignó el citado medio.

El dictamen del juzgado 101 de Madrid, ordena a Nexans a efectuar el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado.

En caso de que Estado chileno insista en no reparar el perjuicio, se dictó el embargo de “los créditos líquidos y derechos de toda naturaleza” que mantenga la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) con la multinacional francesa del alambre de cobre, Nexans. Esto, “en cuanto sean suficientes para reclamar las responsabilidades reclamadas”.

¿Qué decidirá el Gobierno de Boric?

Sobre el pago de la indemnización, en septiembre de 2017, el entonces diputado Gabriel Boric realizó una intervención en favor de la indemnización del diario Clarín en la Cámara Baja, en la que solicitó oficiar al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al costo que se significó al Estado ir a tribunales internacionales para evitar el pago a los herederos del diario de Pey, la Fundación Salvador Allende y su hija, Coral Pey.

Asimismo, expesó su respaldo a la demanda de Víctor Pey y su deseo de reabrir el diario Clarín en formato físico: “La verdad es que quiero preguntarme ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha motivado al Estado de Chile a realizar tanto esfuerzo por evitar la reparación de esta usurpación ilegal de lo que fue el diario El Clarín?”, dijo en esa oportunidad.

En declaraciones a Interferencia, a la heredera de Clarín, Coral Pey, se refirió a la decisión del tribunal español y la disposición del nuevo gobierno para resarcir lo que en 30 años de democracia no se hizo.

“Confío en que el presidente Boric pagará. Creemos que este fallo será acogido de forma favorable y acatado por este nuevo gobierno, cuyo presidente es una persona que tiene mucha sensibilidad con el tema, y que además cuando era diputado habló de este tema en el parlamento”, afirmó.