Protestas en varias regiones en favor de entrega a todas y todos los pescadores artesanales del «Bono Alivio Pymes» que hasta ahora solo ha beneficiado a dueños de embarcaciones

En varias regiones del país se registran protestas en  favor de la entrega a todas y todos los pescadores artesanales del bono alivio PYME de $1.000.000, que  hasta ahora solo ha sido asignado a los dueños de embarcaciones

Este martes, pescadores artesanales de Talcahuano instalaron barricadas en el puerto de San Vicente.

David Castro, presidente de la Coordinadora Regional de Jibia del Biobío, explicó que «en este momento como el 10% está recibiendo el bono porque es solo para armadores. Para la gente que no tiene nada, para algueros, para los buzos mariscadores, no toca el bono».

«Está recibiendo el bono el que tiene embarcaciones, pero también tiene que tener iniciación de actividades, si no lo tienes hay que pagar al Estado tres meses retroactivos y te cazan para estar contribuyendo constantemente, indicó, citado por Meganoticias.

«Nosotros que somos artesanales, boteros chicos, no tenemos iniciación de actividades», subrayó.

En paralelo también se registran manifestaciones de pescadores artesanales en Coquimbo, a la altura de Tongoy y La Serena.

Ayer lunes, los pescadores artesanales de Pelluhue y Curinape se tomaron la ruta que une ambas localidades con Chanco, en la Región del Maule, en protesta por haber sido excluidos del «bono alivio pymes».

Según consignaron distintos medios locales, los pescadores levantaron varias barricadas cortando la ruta, señalando que continuarán con las manifestaciones hasta ser escuchados: «Aquí se dejó afuera al verdadero hombre de mar, a los algueros, recolectores y tripulantes, y se incluyó solamente a los armadores, por lo que nos tomamos la ruta y seguiremos con las protestas hasta que el Gobierno nos escuche», declaró a Radio Cooperativa el presidente del Sindicato N°3 de Pescadores de Pelluhue y Curanipe, Norberto Vega.

El domingo, los integrantes de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, se declararon en  estado de alerta «con el fin de hacer respetar nuestra dignidad y derechos».

A través de una declaración pública, denunciaron que la decisión del gobierno de entregar el “bono pyme” de $ 1.000.000 solamente a los armadores pesqueros artesanales (dueños de embarcaciones, que corresponden solo al 10% de los inscritos en el Registro de Pescadores Artesanales, RPA), no reconoce a las Recolectoras de Orilla ni a los Buzos Mariscadores como mipyme y deja fuera a los pescadores artesanales propiamente tales.

«Todos estos constituyen el 90% de los pescadores artesanales inscritos en el RPA y son los que han entregado seguridad y soberanía alimentaria de los recursos hidrobiológicos a este país, especialmente en estos tiempos de pandemia», explicaron.

Por tal motivo, indicaron que solicitarán con carácter urgente al ministro de Economía, Lucas Palacios, una reunión para exigir que el bono Pyme sea para el 100% de los pescadores artesanales inscritos en el RPA.

Asimismo, destacaron que los dirigentes se comprometieron en solicitar a los parlamentarios de sus propias regiones, que intercedan para que la reunión con el ministro Lucas Palacios se realice lo antes posible y que en esta esté presente, además, la subsecretaria de pesca, Alicia Gallardo.

«Necesitamos que el bono sea extendido a los pesadores artesanales que estén inscritos en el RPA, y no solamente al 10% de los pescadores que son los armadores, quienes han recibido motores, embarcaciones, artes de pesca y equipos de navegación, mientras que los pescadores artesanales no hemos tenido nada», indicó Gino Bavestrello, vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal.

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«Aquí se ha visto afectados en su gran mayoría los pescadores artesanales de menor escala, y se han visto afectados especialmente las recolectoras de orilla y los buzos mariscadores, porque es el segmento más empobrecido de la pesca artesanal», subrayó.

Bavestrello recordó que tanto las recolectoras de orilla como los buzos mariscadores son pymes y la Contraloría los ha dejado afuera, porque el proyecto presentado por el Gobierno «estaba mal redactado».