Proyecto de Ley de Indulto General para los presos de la revuelta volverá a discutirse en comisión del Senado

La iniciativa volverá a ser tramitada en particular, por lo cual se abre un nuevo plazo para ingresarle indicaciones.

Por Leonardo Buitrago

18/09/2021

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Ayer viernes se confirmó que la Ley de Indulto General, orientada a quienes resultaron presos durante el Estallido Social, que inició en octubre de 2019l, volverá a ser discutida en la comisión de Constitución del Senado, desde donde pidieron más claridad en la iniciativa para poder alcanzar de mejor forma un veredicto final.

Al respecto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, uno de los impulsores de la medida, señaló que “tal como lo solicitó hace un tiempo la Convención Constituyente, hay que tramitar con sentido de urgencia el proyecto de Ley de Indulto General, buscar una salida política a los presos de la revuelta”.

«Será la propia ley que defina las características de las personas beneficiadas», agregó también el legislador, citado por Publimetro.

A su vez, el presidente de la Comisión de Constitución y senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya, sostuvo que “vamos a pedirle a la Mesa del Senado que clarifique si la discusión que se va a dar en la Comisión de Constitución, va a evitar un segundo informe a fin de no dilatar más el proyecto”. 

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI), tachó como un insulto el proyecto. “Lo que se está haciendo aquí, es verdaderamente demostrar con una marca que hay una izquierda refundacional que quiere cambiarlo todo y que quiere premiar la delincuencia y la violencia, de aquellos que saquearon, de aquellos violentos que destruyeron fuentes laborales, y eso es un verdadero insulto”.

El proyecto de ley -originado en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO), plantea que los eventuales delitos sucedieron en un «marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos» y que la mayoría de los imputados son «jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos».

Además señala que se propone un proyecto que “de manera excepcional y para el caso de las personas beneficiadas que indica, extiende la aplicación de este instrumento jurídico para lograr como efecto la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena, cuando corresponda, por los hechos delictivos que se enumeran en su artículo 1º y que hayan sido cometidos en el plazo que se señala, para que no generen responsabilidad alguna, en un sentido similar al efecto doctrinario atribuido a una amnistía donde se perdona el delito, la pena y sus efectos legales, cuestión jurídicamente viable al tener el indulto jerarquía legal”.

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