Proyecto de ley propone una «protección especial» para profesores y trabajadores de la educación

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mario Venegas (DC), presentó este martes un proyecto de ley que establece una protección especial penal para los profesores y profesionales de la educación, así como para los funcionarios de la salud, castigando con penas de cárcel a quienes los agredan, golpeen y maltraten.

“Como diputado y profesor no puedo dejar pasar estos hechos de violencia que han sufrido mis colegas. Hace poco supimos el caso de la profesora de Inglés Patricia Sepúlveda, que fue agredida por un alumno junto a su padre y madre, mientras esperaba locomoción a una cuadra del liceo. El fin de semana, profesores y funcionarios del Instituto Nacional fueron rociados con bencina. Esto es inaceptable”, expresó el parlamentario.

El diputado detalló que “queremos relevar la importancia de la labor de los profesores y proteger de alguna manera para que se inhiban las agresiones que son bastante recurrentes. Se trata de darle un tratamiento especial a los profesores y funcionarios de la salud como lo tienen otras autoridades como Carabineros o jueces, dada la trascendencia que tiene su labor”.

Para Venegas, “si no ponemos alguna acción esto va a continuar”, por lo que la iniciativa contempla “aumentar en un grado las penas contempladas cuando se trata de provocar lesiones graves, gravísimas o menores, y en el caso de no haber lesiones graves, aquellos que violentan o agreden a estos funcionarios de la salud y en especial a los profesores, tengan a lo menos que reparar con trabajo de carácter comunitario”.

La iniciativa fue respaldada por las diputadas Cristina Girardi (PPD), Camila Rojas (IND) y María José Hoffmann (UDI), además de los parlamentarios Jaime Bellolio (UDI), Hugo Rey (RN) y Gonzalo Winter (IND).

El proyecto de ley apunta a dar una protección penal especial a los profesionales de la educación que prestan servicio en establecimientos educacionales pre-básicos, básico y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, al reconocer el estatus de autoridad y elevar las sanciones penales en casos de lesiones, en relación al delito común, por lo que los agresores arriesgan hasta 15 años de cárcel.