Psicopedagogía: reconocida, pero sin un lugar en las escuelas

Por Miguel Ángel Rojas Pizarro

No se puede tapar el sol con un dedo. Todos conocemos a un niño que se esfuerza, pero no logra aprender al ritmo de sus compañeros. Detrás de esa dificultad puede haber problemas de atención, memoria, lectura, escritura o confianza. Allí la Psicopedagogía cumple una labor indispensable: comprender qué ocurre y ayudar al estudiante a reencontrarse con el aprendizaje. Esa tarea no solo mejora calificaciones: también puede evitar frustración, ausentismo y años de fracaso que terminan marcando la vida escolar completa. Sin embargo, Chile lleva años formando psicopedagogos sin asegurarles un espacio laboral claro, estable y financiado en las escuelas.

Cada 17 de septiembre se conmemora el Día de la Psicopedagogía. Es una fecha para valorar su aporte, pero también para hacerse una pregunta incómoda: ¿qué futuro tiene una profesión que el sistema reconoce, aunque rara vez garantiza su contratación? Celebrarla mientras evitamos hablar de precariedad, superposición de funciones y falta de puestos estables sería quedarnos en los saludos. Reconocer una profesión también significa permitir que sus titulados puedan ejercerla dignamente.

Durante 2025, el Ministerio de Educación emitió los oficios N.º 2476 y N.º 2841, que aclararon la participación de los psicopedagogos en establecimientos con Programa de Integración Escolar. El avance es importante. Estos profesionales pueden participar en evaluaciones, elaborar informes, diseñar apoyos, realizar intervenciones psicopedagógicas y trabajar con docentes, especialistas y familias, dentro o fuera del aula.

Pero una función reconocida no equivale a un puesto de trabajo. Un oficio puede decir qué está autorizado a hacer un psicopedagogo, pero no obliga a los sostenedores a contratarlo, no entrega recursos adicionales y tampoco resuelve la superposición con algunas labores de las educadoras diferenciales.

Esa es la contradicción central. Cuando el presupuesto es limitado, una escuela debe elegir. Si una educadora diferencial puede ejercer docencia, colaborar con profesores, apoyar evaluaciones y desarrollar intervenciones pedagógicas, resulta previsible que sea priorizada. No porque el psicopedagogo sea innecesario, sino porque el sistema entrega más atribuciones al título docente. La responsabilidad no es de las educadoras diferenciales, quienes también enfrentan una enorme sobrecarga. Enfrentar a ambas profesiones sería equivocar el diagnóstico.

Las cifras muestran la magnitud del problema. Para la admisión 2026, Psicopedagogía se ofrece en 12 instituciones que reúnen 102 programas entre sedes, jornadas y modalidades. En 2025 había cerca de 10.806 estudiantes matriculados y en la cohorte 2024 se titularon 1.579 profesionales. Es decir, cada año podrían ingresar al mercado entre 1.500 y 1.700 nuevos psicopedagogos.

La comparación con Educación Diferencial es reveladora. Según Mi Futuro, Psicopedagogía registra cerca de un 59% de empleabilidad al primer año y 65% al segundo, mientras Educación Diferencial se aproxima al 92%. También existe una brecha de ingresos. Las profesoras diferenciales, además, pueden acceder a la Carrera Docente, asignaciones, bienios y una trayectoria regulada. El psicopedagogo suele ser contratado como remplazante, asistente de la educación, y su continuidad depende de las decisiones del sostenedor y de recursos como PIE o SEP.

Sus campos se relacionan, pero no son idénticos. La educadora diferencial se forma para enseñar, diversificar el currículum, realizar adecuaciones y eliminar barreras. El psicopedagogo profundiza en atención, memoria, autorregulación, funciones ejecutivas, lectura, escritura, razonamiento matemático, motivación y autoconcepto. Cuando una sola profesional debe absorber ambos roles, puede existir un ahorro inmediato, pero también se pierde especialización y aumenta la sobrecarga.

¿Qué podemos hacer? Primero, convertir el reconocimiento normativo en oportunidades reales, con financiamiento, criterios de dotación y funciones diferenciadas en los equipos PIE. Segundo, revisar la oferta de la carrera y transparentar su empleabilidad. No parece ético seguir aumentando las matrículas si el campo laboral no crece en una proporción semejante.

Una tercera alternativa sería crear un programa nacional de prosecución pedagógica. Con dos años de formación financiada por el Estado, los psicopedagogos que voluntariamente lo deseen podrían obtener el título de profesor de Educación General Básica, realizar una práctica profesional y acceder a la Carrera Docente. Chile ya cuenta con experiencias de reconversión de profesores afectados por cambios curriculares; el caso de los docentes de francés. No es una situación idéntica, pero demuestra que se pueden reconocer estudios previos y abrir nuevos caminos.

Lo que no podemos seguir haciendo es responderles a los titulados que deben estudiar Pedagogía Diferencial para encontrar estabilidad. Presentar otra carrera como única salida desvaloriza la Psicopedagogía y olvida las historias que existen detrás de cada título: años de estudio, endeudamiento, esfuerzo personal y sacrificio familiar. Si esa fuera la única respuesta, sería más honesto revisar la continuidad de la carrera, incluso considerar su cierre gradual, antes que seguir matriculando jóvenes en una formación cuya viabilidad laboral el propio sistema pone en duda.

La Psicopedagogía puede desaparecer, no porque haya dejado de ser necesaria, sino porque el sistema está volviéndola laboralmente inviable. Los Oficios del Mineduc de 2025 señalados son valiosos, pero no bastan. Si el Estado considera esta profesión relevante para la inclusión, debe crear condiciones para que pueda trabajar dignamente. De lo contrario, una carrera clave morirá por razones administrativas, justo cuando nuestras escuelas necesitan recordar que detrás de cada estudiante que “no aprende” existe una historia que todavía puede ser reconstruida.

Por Miguel Ángel Rojas Pizarro

Psicólogo – Profesor de Historia – Psicopedagogo. @soy_profe_feliz – [email protected]

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