Punta Arenas: Cinco años de cárcel para empresario agrícola por el delito de trata de personas para trabajos forzados

Víctimas, de origen haitiano, llegaron a Chile entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Luego de captarlos, el condenado retuvo sus pasaportes y los trasladó a un predio de Villa Renoval, a 64 kilómetros de Puerto Natales, para que trabajaran en la recolección de musgo en una extensa jornada laboral de 7:00 a 20:00 horas.

Por Absalón Opazo

22/04/2023

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Portada / Regiones

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El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Punta Arenas sentenció a cinco años y un día de presidio efectivo al empresario agrícola Jaime Tomás Cabrera Almendra por el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados, en un caso en que la sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante.

Se trata de la situación de 8 personas provenientes de Haití, quienes fueron llevadas para trabajar cerca de un pantano, en Villa Renoval, un sitio apartado a 64 kilómetros en Puerto Natales.

De acuerdo con los hechos acreditados por el tribunal, durante 2017 el condenado le pidió a un ciudadano haitiano que consiguiera algunos de sus compatriotas para desempeñarse en la extracción de turba en un pantano. Les prometía un sueldo de $450.000, pero estos pagos nunca se realizaron, pues Cabrera les descontaba la alimentación, traslados y vestuario.

Asimismo, el lugar de trabajo estaba cerca de un pantano de difícil acceso: era necesario cruzar un río con un tractor. En el lugar, el perpetrador tenía una ‘rancha’ para que sus víctimas durmieran y prepararan sus alimentos (por lo general consistentes en un plato diario). La construcción era de madera, paredes de plástico y piso de tierra.

En el entorno no había agua potable y debían bañarse en un río. Carecían de lugar para sus necesidades básicas, acceso a medios de comunicación o a señal de celular. Las víctimas no hablaban castellano.

Sumado a todo lo anterior, el sujeto retuvo los pasaportes de sus víctimas, a quienes amenazó con que, si no trabajaban, los denunciaría a la PDI para que fueran expulsados de Chile.

Desde el INDH resaltaron que el delito por el cual fue condenada esta persona «constituye un grave atentado contra los derechos humanos».

«Chile ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que obligan a prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas, junto con brindar la adecuada protección a las víctimas», afirmaron desde el Instituto, recordando finalmente que el condenado ya tenía una sentencia por abuso sexual contra una menor de 14 años.

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