Punta Arenas: Corte Suprema revoca sentencia y acoge recurso de protección en favor de familia venezolana solicitante de asilo

La Corte Suprema decidió revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y acogió un recurso de protección presentado por la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Magallanes, en favor de una familia venezolana a quienes la Gobernación Provincial de Magallanes les negó la posibilidad de iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados.

El 25 de septiembre de 2019, el INDH interpuso una acción constitucional de protección en favor de este grupo familiar, que ingresó a Chile de manera irregular tras abandonar Venezuela, forzados por la complicada situación político-económica y de violaciones a los derechos humanos que se vive en ese país caribeño y, especialmente, por el delicado estado de salud de uno de sus hijos, que fue diagnosticado con síndrome nefrótico y asma bronquial, y que estaba sin poder acceder a la adecuada asistencia médica en su país de origen.

La familia concurrió en dos oportunidades de manera presencial a la Gobernación de Magallanes para formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, específicamente los días 23 y 26 de agosto de 2019, se les indicó de manera verbal que “sus solicitudes no serían recibidas”, negándoles con ello la oportunidad de recurrir al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, contemplado en la Ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre la Protección de Refugiados y su Reglamento.

Incluso los ciudadanos venezolanos fueron a la Gobernación acompañados por una abogada del INDH y un notario público, con la intención de presentar su solicitud de refugio en la oficina de partes. En dicha instancia, un funcionario a cargo, tras consultarle a la jefa de extranjería, les informó que ésta había instruido no recibir sus solicitudes, vulnerando el Derecho de Petición que consagra la Constitución Política, hechos que fueron certificados por el notario público que acompañó el trámite el día 26 de agosto de 2019.

Pese a estos antecedentes la Corte de Apelaciones de Punta Arenas no acogió el recurso de protección interpuesto por el INDH, cuestión que fue subsanada por la Corte Suprema, en un fallo donde se estableció que la actuación de la Gobernación de Magallanes, fue ilegal y discriminatoria.

“Al no haber proporcionado la recurrida tal formulario, imposibilitando de este modo que se diera inicio a la tramitación del procedimiento, incurrió en un acto ilegal, constitutivo de una discriminación en perjuicio de las personas a cuyo favor se ha deducido la presente acción cautelar, en relación con el trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso”, estableció el máximo tribunal del país.

Fuente: INDH