¿Por qué los planos de un megaproyecto autorizado por una municipalidad no pueden ser conocidos por la ciudadanía?
Esa es una de las preguntas que hoy rodean la construcción del nuevo Casino Dreams de Talca, una iniciativa de casi 8 mil metros cuadrados que avanza junto al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La controversia sumó ahora a un nuevo actor: Gabriel Muñoz, abogado de la Fundación Defendamos la Ciudad, oriundo de Talca y con experiencia en disputas urbanísticas y ambientales. Entre ellas destaca su oposición al polémico proyecto Punta Piqueros, levantado en el sector de las dunas de Concón (Región de Valparaíso).
Su objetivo es conocer cómo se autorizó la construcción del casino, qué modificaciones ha experimentado y si las obras que se ejecutan corresponden efectivamente a las características informadas a las autoridades ambientales.
Pero su primera gestión encontró una barrera inesperada: la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Talca se negó a entregar los planos y parte importante del expediente técnico.
«Es la primera vez que nos pasa que un edificio con ese nivel de impacto ambiental no muestre sus planos. ¿Por qué? La naturaleza del proyecto da cuenta de tal impacto público y ambiental que no hay ninguna razón jurídica para oponerse a entregar esos documentos», afirma Muñoz.
Una solicitud de transparencia que terminó en una negativa
El 31 de agosto de 2026, el abogado solicitó formalmente el expediente completo del permiso de edificación del casino, aprobado en julio de 2025. La Asociación Gremial Agrícola Central, propietaria del terreno, se opuso a la entrega de los documentos, argumentando que su divulgación podría afectar intereses comerciales y económicos.
La Municipalidad acogió parcialmente esa oposición. La Dirección de Obras Municipales entregó algunas resoluciones administrativas, pero mantuvo reservados los planos y otros antecedentes técnicos. La negativa fue posteriormente formalizada mediante un oficio firmado por el alcalde Juan Carlos Díaz Avendaño (ver documento aquí).
Entre los documentos proporcionados apareció un antecedente relevante: el 3 de agosto de 2026 se aprobó una modificación del casino que aumentó su superficie edificada de 7.655,23 a 7.933,14 metros cuadrados, además de elevar su capacidad de ocupación de 4.490 a 4.587 personas (revisar documento aquí).
Para Muñoz, resulta indispensable conocer los planos originales y sus modificaciones para establecer el verdadero alcance de las obras.
«Aquí, la única respuesta clara que tuvimos de parte de la Municipalidad es que el proyecto fue modificado. Pero ¿cuáles fueron esas modificaciones? ¿Cuáles fueron las observaciones de la Dirección de Obras Municipales? Aquí sólo estamos pidiendo transparencia, porque la falta de transparencia puede llevar a la corrupción», sostiene.
Ante la negativa, el abogado presentó el 21 de octubre un amparo ante el Consejo para la Transparencia, registrado bajo el Rol C14625-26, solicitando que se ordene la entrega del expediente completo. La presentación cuestiona que documentos asociados a permisos públicos puedan mantenerse reservados bajo argumentos de confidencialidad comercial.
Un casino nuevo presentado como modificación de un parque ferial
El conflicto por los planos se suma a otras interrogantes que han acompañado al proyecto desde sus inicios. Aunque se trata de un nuevo complejo de juegos y convenciones, el casino fue presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental como una modificación del Parque Ferial del Maule.
Esa forma de tramitación ha sido cuestionada por organizaciones ambientales, que buscan establecer si correspondía evaluar la iniciativa como un proyecto nuevo y si sus características obligaban a ingresar al SEIA.
Otro de los antecedentes más controvertidos es la profundidad de las excavaciones.
En la consulta de pertinencia ambiental se describieron fundaciones de aproximadamente 1,4 a 1,6 metros, considerando un nivel freático cercano a los 3 metros de profundidad. Sin embargo, antecedentes entregados posteriormente por la empresa identificaron fundaciones de 2,4 metros e instalaciones subterráneas de hasta 3 metros.
La diferencia es relevante porque una de las premisas utilizadas inicialmente para descartar una interacción significativa con las aguas subterráneas fue precisamente la ausencia de excavaciones profundas.
¿Se ejecutaron obras distintas de las consideradas por la autoridad ambiental? ¿Hubo intervención de las napas subterráneas? ¿Qué autorizó exactamente la Municipalidad?
Son preguntas que todavía requieren respuestas documentadas. La existencia de excavaciones más profundas no demuestra por sí sola que se haya producido daño ambiental, pero vuelve especialmente importante conocer los planos y antecedentes técnicos.
A estas interrogantes se agregan las reuniones de lobby sostenidas por gestores del proyecto con autoridades municipales y organismos vinculados a la tramitación de sus permisos, gestiones que también forman parte de los antecedentes de interés público.
El permiso ambiental bajo revisión y dos querellas en investigación
La construcción continúa mientras se desarrollan procedimientos administrativos y penales relacionados con el proyecto.
En julio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental del Maule inició un procedimiento de invalidación de la resolución que, en junio de 2025, determinó que el Casino Dreams no requería ingresar al SEIA.
Esto significa que el propio organismo está revisando la legalidad de aquel pronunciamiento y podría dejarlo sin efecto si se configuran las causales correspondientes. Hasta ahora, el inicio del procedimiento no equivale a una invalidación definitiva.
Paralelamente, el Ministerio Público investiga antecedentes asociados a dos querellas presentadas en el contexto del casino, una de ellas impulsada por la organización ambiental Bio Eco Terra y otra vinculada al actual casino de Talca. Ambas buscan esclarecer eventuales conductas constitutivas de delito y posibles responsabilidades penales.
La llegada de Gabriel Muñoz abre ahora un nuevo frente, centrado en el acceso a información pública y la fiscalización ciudadana.
Porque, más allá de las controversias sobre los permisos y el eventual impacto ambiental, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué la ciudadanía no puede conocer los planos de una construcción de casi 8 mil metros cuadrados que se levanta junto a un humedal urbano protegido?
Seguiremos informando.
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