El acuerdo entre la estatal Codelco y la minera SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, un pacto que, según el gobierno busca potenciar la participación estatal en el “nuevo oro blanco” pero que entregaría el control del principal yacimiento de litio del mundo a Julio Ponce y a los nietos del dictador Pinochet, escaló rápidamente del plano técnico al político. En plena campaña presidencial, el acuerdo está siendo escrutado por candidatos de todos los sectores, quienes curiosamente en esta materia, aunque con matices, coinciden en rechazarlo.
¿Qué reprochan los candidatos?
Las críticas públicas de candidatos presidenciales se concentran en tres ejes: (1) la falta de transparencia en la negociación y el proceso que llevó al acuerdo; (2) la legitimidad de permitir que capitales privados vinculados a Julio Ponce Lerou continúen dominando un recurso estratégico; y (3) el riesgo de concesionar a privados la explotación por décadas sin garantías de reparto justo y control efectivo. Varios nombres han expresado reparos en debates y entrevistas.
Entre los candidatos que han puesto en duda el acuerdo o han pedido revisiones están figuras de la oposición, que critican la forma del acuerdo, y de la centroizquierda, que reclaman mayor estatización o controles estrictos.
Jeannette Jara ha defendido la idea de que “el litio no puede quedar en manos privadas” y se ha manifestado favorable a un modelo de mayor control estatal o público sobre el recurso, posicionándose claramente en contra de cualquier esquema que “deje la pega” a privados sin garantías. La candidata de la coalición de gobierno ha señalado claramente que “No estoy de acuerdo con un acuerdo con (SQM) que extendería su concesión de litio por 30 años” añadiendo que propondrá “una empresa pública nacional que opere junto al sector privado, como lo hace Codelco con el cobre”. En el programa “Stock disponible” conducido por el periodista Fredy Stock, la candidata argumentó que “Cuando yo sea Presidenta de la República, si los chilenos y las chilenas me eligen, voy a impulsar la Empresa Nacional del Litio”, afirmó con convicción la candidata, subrayando que los recursos naturales como el litio deben estar bajo control estatal. Creo que es importante que los recursos que pertenecen a todos los chilenos estén resguardados en una entidad de carácter público, para que los beneficios que produce nuestra tierra sean repartidos entre todos los chilenos… No me agradó nada que esto se haya hecho con SQM, quiero decirlo súper claro… A SQM la sacaría completamente de esta ecuación. En primer lugar, no solo por la herencia pinochetista que tiene, sino también porque es cierto que participó en el financiamiento ilegal de la política, y no me parece correcto”
José Antonio Kast y Evelyn Matthei han criticado la tramitación del convenio sin licitación o con procedimientos que, a su juicio, requieren auditorías y revisiones, aunque sus propuestas no siempre plantean revertir el acuerdo de plano sino fiscalizarlo y revisarlo. Kast, en su estilo, ha planteado la necesidad de revisar a fondo la situación financiera de Codelco y sus asociaciones para garantizar viabilidad y transparencia. Concretamente sobre el acuerdo SQM-Codelco disparó que “aquí perdió Chile y por goleada, porque primó la ideología por sobre el bien del país”.
La candidata de Chile Vamos señaló en su cuenta de X su preocupación por el pacto: “He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco, con el objeto de revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”. En su momento, estas declaraciones generaron un fuerte rechazo de parte del gobierno y el apoyo del candidato de ultra derecha Johannes Kaiser, que agregó que “…prometimos fiscalizar a dedo del litio a Soquimich. Me alegra que la candidata Matthei se haya sumado a la iniciativa. Una lástima eso si, que la prensa no nos haya prestado el mismo nivel de atención cuando lo propusimos”. Kaiser indicó además, en el marco del debate presidencial minero en la Universidad Católica que se desarrolló en agosto, que si llega a La Moneda y “no está 100% materializado, nosotros queremos retrotraerlo”. “Creemos que habría sido necesario haber hecho una licitación, porque no es que no hayan habido interesados, es que el Gobierno no estuvo interesado”. Sus declaraciones sacaron aplausos en la audiencia.
El eje Ponce Pinochet: por qué genera rechazo
Gran parte del malestar político y social se debe a la figura simbólica y real de Julio Ponce Lerou —empresario históricamente ligado a las controversias que rodearon a SQM— y a la reciente decisión de transmitir el control operativo y patrimonial a su hija Francisca Ponce Pinochet. La presencia de la familia Ponce Pinochet en el entramado societario de SQM reactiva viejos cuestionamientos: financiamientos irregulares a campañas políticas, estructura de “sociedades cascadas” y relaciones con la elite política. Para muchos candidatos y analistas, es problemático que un capital con ese historial mantenga una posición central sobre un recurso estratégico.
Los titulares sobre la salida de Julio Ponce y el pase a su hija han alimentado discursos que sostienen que el litio chileno podría quedar “en manos de los mismos clanes” vinculados, además, a un pasado político dictatorial, y que la firma del acuerdo con Codelco podría consolidar esas posiciones por décadas. Esa lectura ha sido repetida por candidaturas que exigen auditorías y anulaciones de cláusulas que consideren privilegios privados.
Repercusiones en campaña
El tema del acuerdo SQM–Codelco ha funcionado como termómetro político: obliga a los candidatos a precisar su visión de la economía, la relación público-privada y las prioridades de soberanía. Para algunos aspirantes, la exigencia de fiscalización ha sido una oportunidad de mostrarse como garantes de intereses ciudadanos; para otros, el tema ha implicado defender una política industrial que, a su juicio, requiere acuerdos técnicos y tiempo para materializar una estrategia estatal real en el litio. En términos electorales, la controversia mobiliza votantes preocupados por la integridad institucional y la justicia ambiental, dos factores que suelen movilizar el electorado urbano y regional.
El debate presidencial alrededor del acuerdo SQM–Codelco es, en esencia, un choque entre visiones de política pública: ¿cómo se gestiona un recurso estratégico en el siglo XXI? ¿Mediante asociaciones público–privadas (con mayor protagonismo técnico del Estado) o mediante modelos más estatistas y control directo? ¿Y cómo asegurar que la sucesión de poder económico, como la que representa la familia Ponce Pinochet, no capture ventajas desproporcionadas sobre recursos que forman parte del patrimonio nacional?
Hay que destacar que la Cámara de Diputados conformó una Comisión Especial para revisar en detalle este pacto. Después de una serie de sesiones, elaboró un informe que criticó duramente el acuerdo por su falta de transparencia y perjuicio para el Estado a la vez que recomentó no materializar el pacto. El informe fue votado y aprobado mayoritariamente por el pleno de la Cámara Baja.
Mientras tanto, el país observa si las demandas por transparencia, auditoría y revisión de los intereses privados obtendrán respuestas concretas o si el acuerdo, como está, se consolidará y marcará el rumbo de la política del litio para las próximas décadas en manos de los herederos directos del dictador Augusto Pinochet.
El Ciudadano
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