Quédate en casa… sin energía

Claudia Fuentes Pereira, encargada de proyecto de Descarbonización en Chile Sustentable

En esta emergencia sanitaria, se ha discutido sobre la importancia del acceso al agua para combatir el COVID-19. Sin embargo, ¿qué pasa con el acceso a la energía en tiempos de pandemia? ¿Qué tan fácil es decir #quedateencasa si hay hogares que no logran alcanzar un confort térmico para tener un mínimo de bienestar durante las 24 horas del día?

De acuerdo a un estudio de la Red de Pobreza Energética y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, al año 2019 un 66% de los hogares tenía problemas de eficiencia energética asociado a las condiciones de aislamiento en la construcción de sus viviendas. En este mismo estudio se menciona que cerca de un 21% de las personas pasan frío al interior de sus viviendas durante los meses de invierno y un 22,6% de los hogares tienen excesivos gastos en energía que restados a sus ingresos y resto de costos de vivienda, los deja bajo la línea de la pobreza.

En la cuarentena las personas pasan más tiempo en los hogares y por lo tanto utilizan más los servicios energéticos como calefacción y electricidad. Con ello la importancia de contar con un acceso equitativo a una energía de calidad ha aumentado exponencialmente durante la pandemia por COVID-19.

El computador para las clases online o teletrabajo, agua caliente para uso sanitario o cocinar alimentos, son uno de los muchos servicios que día a día brinda la energía en estos tiempos en donde los gastos en el ámbito energético se incrementan al mismo tiempo que aumenta la condición de interrupción laboral y cesantía en las viviendas. Este hecho implica, entre otras cosas, un aumento en la brecha entre los ingresos y los gastos mensuales por uso de energía, y una notable dificultad para pagar las cuentas mes a mes.

A lo anterior se suma el caso de la calefacción que corresponde al 56% de consumo energético de las viviendas a nivel nacional, y especialmente en la zona sur representa el 81%. En este contexto, las personas viéndose privadas de ingresos para pagar un sistema de calefacción limpio como la electricidad, pueden recurrir a la quema de combustibles fósiles de bajo costo y altamente contaminantes, dejándolos expuestos a condiciones deficientes y altamente preocupantes en lo que refiere a contaminación intradomiciliaria, hecho que no hace más que aumentar su vulnerabilidad a sufrir y agravar enfermedades respiratorias, como el coronavirus.

Es clave que el Estado se haga cargo de esta realidad que está pasando en los hogares de Chile pues ¿qué clase de bienestar o cuidado podemos hacer cuando no tenemos energía para mantener abrigada una casa mientras cuidamos a un contagiado por COVID-19? ¿Qué pasa en los campamentos donde casi un 50% de las viviendas está conectada ilegalmente a la electricidad, aumentando el riesgo de accidentes y electrocutación? ¿Qué hacemos con el estrés económico en que hemos puesto a familias empobrecidas que ni siquiera van a poder optar a servicios básicos de calidad?

La energía debe estar al servicio de las personas y pensarse como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, con ello debemos hacernos cargo de las inequidades en el acceso a la energía que han sido el resultado de la mercantilización de los bienes y servicios energéticos.  

Contar con alimentos, con agua y con energía es básico para el desarrollo de un ser humano y son derechos que el Estado debe garantizar hoy más que nunca. Ya se ha avanzado en llevar agua a quienes no poseen, y se ha establecido la campaña de la caja de alimentos  – con todas sus críticas asociadas- , pero en temas de otros servicios básicos, como la energía, el Gobierno ha dejado en entredicho la constitucionalidad y planea vetar la moción parlamentaria que prohíbe el corte de servicios básicos y que busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable, o a aquellos trabajadores que, mediante alguna declaración jurada manifiestan que sus ingresos han disminuido, así como también a quienes que se hayan acogido a la Ley de Protección al Empleo.

Esto se suma a la Ley 21.220 relativa al teletrabajo que establece que no se podrá obligar al trabajador a utilizar elementos de su propiedad y que los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador. Las empresas debiesen reconocer entonces los gastos de la electricidad y calefacción de sus trabajadores, y no seguir cargándoles el costo de la pandemia a los trabajadores.

Necesitamos avanzar en dotar al Estado de mayores herramientas para que pueda hacer frente a estas situaciones. A su vez se requiere avanzar en políticas que reconozcan los vínculos entre los problemas sociales y energéticos, de manera que cuando hablemos de transición energética, además de referirnos a los procesos de descarbonización de la matriz, incorporemos los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales relacionados a la energía.  Esta es la transición energética que necesitamos, una transición que promueva un sistema energético más equitativo, menos concentrado, menos contaminante y más democrático que permita sustentar una sociedad justa.