La querella criminal presentada en Talca contra el proyecto «Parque Ferial del Maule – Casino Dreams Talca» no solo pone en cuestión a una empresa, sino que instala una pregunta más incómoda: ¿Están funcionando realmente los controles ambientales en Chile?
La acción, interpuesta por la Corporación Bioecoterra, apunta contra la sociedad titular del proyecto —Sociedad de Ríos Claros S.A.— y solicita investigar también a funcionarios públicos que participaron en su tramitación.
El proyecto —avaluado en 21 millones de dólares— contempla un complejo de alto impacto: casino de juegos, restaurantes, salones de eventos, centro de convenciones y un boulevard comercial. Todo ello en el sector ex FITAL, colindante al humedal urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, reconocido oficialmente en 2024 y sujeto a estándares reforzados de protección ambiental.
No se trata, por tanto, de un terreno cualquiera.
El punto crítico: lo declarado versus lo ejecutado
El eje de la querella no es abstracto. Es concreto. Según los antecedentes, el titular informó que las excavaciones no superarían los 1,4 a 1,6 metros. Pero un acta notarial posterior certificó excavaciones cercanas a los 3 metros.
Esta diferencia es relevante por una razón clave: el nivel de aguas subterráneas en el sector es superficial —en torno a 1,3 metros— y está directamente vinculado al funcionamiento del humedal.
Si esos antecedentes se confirman, el supuesto técnico que permitió excluir el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) quedaría en entredicho.
La pregunta de fondo: ¿Cómo pasó esto?
La querella no solo apunta a la empresa. También pone bajo la lupa a la institucionalidad ambiental:
- El SEA resolvió que el proyecto no debía ingresar al SEIA
- La SMA archivó denuncias vinculadas
- La Dirección de Obras Municipales otorgó permisos en una zona inundable
Todo ello, pese a que existían antecedentes técnicos previos —como informes de la Dirección General de Aguas— que advertían sobre la sensibilidad del terreno.
La querella se presenta en un momento particularmente delicado. El reciente retiro de 43 decretos ambientales de la administración anterior desde la Contraloría ha abierto dudas sobre la consistencia de la política ambiental y la continuidad de ciertos estándares regulatorios.
En ese contexto, el caso de Talca deja de ser local. Se transforma en un ejemplo concreto de una tensión mayor: la capacidad del Estado para fiscalizar proyectos de alto impacto en zonas ambientalmente frágiles.
Lo que está en juego
El documento advierte que la intervención en este tipo de ecosistemas no es neutra. Los humedales cumplen funciones clave en la regulación hídrica. Su alteración puede aumentar riesgos de inundación urbana y su degradación afecta directamente la biodiversidad y calidad de vida.
Pero también hay otra dimensión: cuando un proyecto de esta escala evita —o logra evitar— una evaluación ambiental, lo que se tensiona no es solo un ecosistema, sino la credibilidad del sistema completo.
El tribunal deberá resolver la admisibilidad de la querella. Si avanza, el Ministerio Público abrirá una investigación penal que podría escalar desde responsabilidades administrativas hasta eventuales delitos ambientales y económicos.
Pero, más allá de lo judicial, el caso ya dejó instalada una inquietud difícil de ignorar: ¿Se están tomando las decisiones ambientales con base en la realidad del territorio… o en lo que se declara en el papel?
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