La causa que busca remover al alcalde de Collipulli, Manuel Macaya Ramírez, abrió una interrogante que excede el futuro político del jefe comunal. La revisión de antecedentes judiciales, municipales y electorales muestra una reiterada presencia de abogados, familiares y funcionarios en organismos llamados a fiscalizar, representar o resolver asuntos vinculados al municipio.
Este reporte da continuidad a antecedentes ya publicados por El Ciudadano sobre la causa de las licencias de conducir y los vínculos profesionales en torno a la administración comunal (leer nota aquí).
Uno de los cruces institucionales identificados es el de Luis Egisto Mencarini Neumann, integrante titular del Tribunal Electoral Regional de La Araucanía y uno de los ministros que debe decidir sobre la remoción del alcalde Manuel Macaya en la causa Rol No 35-2025, ingresada a dicho tribunal, el 14 de julio de 2025.
En paralelo a la tramitación de este requerimiento, su hija, María Xaviera Mencarini Solervicens, fue nombrada jueza de Policía Local mediante el decreto Nº 003523, firmado por el alcalde Manuel Macaya el 1 de diciembre de 2025. Mencarini integraba una terna elaborada por el pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco, en la que ocupaba el tercer lugar, después de las abogadas Michele Renee Caminondo Eyssautier y Pamela Manque Sánchez.
Mencarini obtuvo tres votos en el pleno: los de María Georgina Gutiérrez Aravena, Carlos Gutiérrez Zavala y Alejandro Vera Quilodrán.
El antecedente adquiere relevancia debido a que Mencarini integra el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía, organismo ante el cual se tramita el requerimiento presentado contra el alcalde Macaya.
Otro nombre que reaparece es Alexis Gómez Valdivia, suplente del TER de La Araucanía. El Ciudadano ya informó que Gómez actuó como defensor de Luis Toledo Rosales en la causa por licencias de conducir y posteriormente asumió la representación de Macaya en otras causas judiciales. Este antecedente cobra relevancia debido a su condición de suplente del mismo organismo electoral que debe conocer el requerimiento contra el alcalde.
Pero los antecedentes alcanzan incluso a la presidencia del propio Tribunal Electoral Regional. Un certificado de la Corte de Apelaciones de Temuco, fechado el 10 de octubre de 2024, consigna que Alejandro Vera Quilodrán declaró inhabilidades respecto del Tribunal Electoral Regional de La Araucanía y de varios de sus integrantes y suplentes, entre ellos Luis Egisto Mencarini Neumann, Alexis Salvador Gómez Valdivia, Roberto Antonio Fuentes Fernández y Alejandro Gustavo Fernández Jullian. El documento registra esas inhabilidades como vigentes a la fecha de su emisión.
La defensa del alcalde en la causa Rol 35-2025 ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía está a cargo de Fernando René Cartes Sepúlveda, quien además se desempeña como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco. Un certificado de esa Corte, fechado el 15 de diciembre de 2025, consigna que Cartes declaró inhabilidades respecto de distintas personas e instituciones, entre ellas Luis Egisto Mencarini Neumann, miembro titular del Tribunal Electoral Regional de La Araucanía para el período 2023-2027, quien integró la formación que conoció la causa Rol N.º 35-2025 y figura como firmante de resoluciones dictadas dentro de dicho procedimiento desde julio de 2025 hasta enero de 2026.
FERNANDO CARTES: CUESTIONAMIENTOS A SU PARTICIPACIÓN EN CAUSAS JUDICIALES
Fernando René Cartes Sepúlveda aparece en distintos antecedentes judiciales revisados para esta investigación. Mientras ejercía la defensa del alcalde Manuel Macaya Ramírez ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía y el Tribunal Constitucional, continúa desempeñándose simultáneamente como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Cartes también protagonizó un episodio informado anteriormente por El Ciudadano, cuando solicitó suspender una audiencia ante el Tribunal Constitucional alegando dificultades derivadas del temporal en La Araucanía, mientras registros oficiales lo situaban ese mismo día integrando una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Los nuevos antecedentes revisados, sin embargo, agregan una controversia distinta y de mayor alcance.
Uno de los cuestionamientos consta en la causa de Protección Rol 575-2026, seguida contra la Municipalidad de Collipulli. En dicha causa, Cartes participó como abogado integrante y fue designado redactor de la sentencia que rechazó el recurso interpuesto contra el municipio. Posteriormente, la apelación presentada contra ese fallo sostuvo que Cartes se encontraba afecto a una causal de implicancia prevista en el artículo 195 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales, debido a que mantenía una representación profesional activa de Manuel Macaya Ramírez, autoridad que había dictado el acto administrativo cuestionado. El recurso afirma que esa circunstancia debió haber sido declarada de oficio y que comprometía el derecho a un tribunal imparcial.
Cartes también integró la sala que resolvió no acceder a la orden de no innovar en otra causa que involucraba a la Municipalidad.
Estos antecedentes adquieren especial relevancia en un contexto en que investigaciones periodísticas de alcance nacional han puesto bajo escrutinio las redes de influencia vinculadas a nombramientos dentro del Poder Judicial. Un reportaje de Reportea reveló conversaciones entre Andrés Chadwick y Luis Hermosilla sobre designaciones judiciales y otros cargos estratégicos, incluyendo abogados integrantes de distintas cortes del país y de la Corte de Apelaciones de Temuco. Según esa investigación, algunos de los nombres propuestos terminaron siendo designados.
Vistos los antecedentes de Collipulli nace una pregunta de fondo: ¿cómo operan los mecanismos de inhabilidad, transparencia y control frente a relaciones profesionales o familiares entre personas que desempeñan funciones en organismos vinculados a una misma controversia institucional?
Los antecedentes, sin embargo, no se agotan en el TER ni en la actuación de abogados integrantes de la jurisdicción. La revisión documental permite observar otros cruces al interior de la institucionalidad local.
La revisión también identificó relaciones familiares que involucran a personas vinculadas a instituciones locales. Carlos Andrés Bustos Muñoz ejerce como fiscal jefe de la comuna, mientras que los antecedentes revisados muestran que su madre, María Magdalena Muñoz Molina, se desempeña como Oficial Primero del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli. A ello se suma que Fernanda Mackarena Orellana Muñoz, contratada por la Municipalidad durante 2026, pertenece a la misma rama familiar vinculada al fiscal jefe.
Pero los cruces no se limitan a relaciones familiares. La revisión documental también permite observar la reiterada aparición de determinados profesionales en distintos espacios de la institucionalidad comunal.
Uno de ellos es Jairo Fernando González González. Registros municipales muestran que se desempeña como asesor jurídico de la Municipalidad de Collipulli y que además fue designado Secretario Municipal Subrogante mediante decreto firmado por el alcalde Manuel Macaya Ramírez. En dicha calidad actúa como ministro de fe en sesiones del Concejo Municipal, participando en acuerdos, certificaciones y otras actuaciones propias de la Secretaría Municipal.
Sin embargo, los antecedentes revisados muestran que el mismo profesional también aparece interviniendo en procedimientos judiciales vinculados a recursos municipales. En la causa RIT C-19-2022 solicitó el embargo de fondos que la Municipalidad de Collipulli debía pagar a una empresa contratista por servicios prestados al propio municipio. Posteriormente, un certificado judicial incorporado al expediente dejó constancia de la entrega a Jairo Fernando González González de un cheque por $9.705.448 girado a su nombre en el marco de dicha causa.
La documentación judicial también da cuenta de su participación en otras actuaciones relacionadas con materias vinculadas a la institucionalidad comunal, incluyendo representación profesional de autoridades o directivos municipales en procedimientos judiciales.
Considerados en conjunto, los antecedentes muestran la reiteración de relaciones profesionales, institucionales y familiares entre personas que desempeñan o han desempeñado funciones en el municipio de Collipulli y en organismos llamados a fiscalizar, resolver o intervenir en asuntos vinculados a la administración comunal. Es precisamente en ese entramado institucional donde el Juzgado de Policía Local vuelve a transformarse en otro punto de encuentro de varios de los nombres que aparecen a lo largo de esta investigación.
EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL: DONDE VUELVEN A ENCONTRARSE LOS MISMOS NOMBRES
El Juzgado de Policía Local concentra varios de los vínculos profesionales y familiares identificados durante esta revisión.
Su jueza titular es María Xaviera Mencarini Solervicens, hija de Luis Egisto Mencarini Neumann, integrante del Tribunal Electoral Regional que actualmente participa en la causa destinada a resolver el futuro político del alcalde Manuel Macaya Ramírez. La designación fue formalizada mediante el Decreto Alcaldicio N.º 003523, firmado por el alcalde Manuel Macaya el 1 de diciembre de 2025. Mencarini había ocupado el tercer lugar de la terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Temuco, tras recibir tres votos en el pleno.
Pero los cruces no terminan allí.
La Corte de Apelaciones de Temuco informó que los abogados subrogantes del Juzgado de Policía Local de Collipulli son David Araya Parraguez, Pablo Montre Rodríguez y Yénifer Gatica Cabrera. Los registros de transparencia muestran que Pablo Montre Rodríguez y Yénifer Gatica Cabrera mantienen contrataciones con la Municipalidad de Collipulli para funciones de apoyo jurídico.
David Araya Parraguez ya había aparecido en la investigación anterior de El Ciudadano por sus relaciones familiares, societarias y profesionales con la estructura municipal. Los nuevos antecedentes muestran que además figura como primer abogado subrogante del Juzgado de Policía Local. De esta manera, el Juzgado de Policía Local vuelve a transformarse en un punto de encuentro donde reaparecen nombres ya observados en otras áreas de la institucionalidad local: Municipalidad de Collipulli, asesorías jurídicas comunales, Tribunal Electoral Regional, sistema judicial y organismos llamados a ejercer funciones de control.
La relevancia institucional de estos antecedentes radica en que parte de estas relaciones converge en actuaciones, nombramientos y mecanismos de subrogación vinculados a la Corte de Apelaciones de Temuco, organismo que interviene en distintos procesos de designación dentro de su jurisdicción.
MÁS ALLÁ DE LAS COINCIDENCIAS
Individualmente, varios de estos vínculos pueden tener explicaciones legítimas y los antecedentes reunidos no permiten concluir la existencia de infracciones. Sin embargo, observados en conjunto muestran una reiterada convergencia de relaciones familiares, profesionales e institucionales en organismos que intervienen en decisiones vinculadas a Collipulli.
La cuestión de fondo no es anticipar responsabilidades que corresponden a los tribunales y órganos fiscalizadores, sino establecer si los mecanismos de inhabilidad, transparencia y control son suficientes para preservar la independencia institucional y la confianza pública.
La reiteración de relaciones profesionales, familiares e institucionales entre personas que participan en distintos espacios de la institucionalidad local justifica, por sí misma, un escrutinio público sobre el funcionamiento de los mecanismos de transparencia, inhabilidad y control.
El Ciudadano
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