Redes por la justicia: Investigadoras llaman a colaboración de los Estados para esclarecer Operación Cóndor

Conforme a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las mayores expertas mundiales en el tema señala que se torna urgente la colaboración entre Estados. "El riesgo de la "impunidad biológica", es decir, la falta de investigación de los graves delitos debido a la muerte de los imputados, se acerca cada vez más debido al paso del tiempo y a los casi 50 años de denegación de justicia desde los golpes de estado", señala.

Por Francisca Valencia

29/11/2022

Publicado en

Chile / Portada

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Operación Cóndor

Las investigadoras destacan que la desclasificación de archivos militares, diplomáticos y privados, además de una colaboración permanente entre países involucrados, son claves para avanzar hacia el esclarecimiento de delitos en el marco de la «Operación Cóndor».

La «Operación Cóndor», fue un esfuerzo criminal fruto de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, y respaldado por EE.UU, por eliminar a los opositores políticos de los regímenes. Esto creó la mayor cadena de represión transfronteriza y violación masiva de los derechos humanos, y aún hoy está lejos de ser totalmente develada.

Tras décadas de concluidas las dictaduras de aquel entonces en la región, los agujeros de información persisten. Es por esto, que diversos actores de la sociedad civil consolidan redes de colaboración en la búsqueda de entender lo orígenes, fundamentos y acciones de la represión transnacional en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador.

Redes por la búsqueda de justicia

La académica de Oxford, Francesca Lessa, es una de las mayores expertas mundiales en el tema. Ella señala que las redes que forman «buscadores de justicia» entre sobrevivientes, familiares de víctimas, activistas de derechos humanos, académicos, abogados e investigadores, toman especial relevancia.

«Estas redes transnacionales son fundamentales para poder avanzar en la búsqueda de verdad y justicia (…) Como estos crímenes cruzaron las fronteras al momento de su comisión, se necesita ahora un cruce de fronteras para recopilar la información necesaria para lograr verdad y justicia», dijo Lessa a EFE.

«Por ejemplo, el acceso a documentos de archivos, al testimonio de víctimas, familiares y peritos, y a sentencias judiciales de otros países. Esta colaboración entre los buscadores de justicia es permanente y proactiva», destacó la investigadora.

Lessa también resaltó la importancia de la colaboración judicial entre Estados han desarrollado algunos países de la región. Especialmente Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay para casos específicos.

Pese a esto la académica señala que se trataría de una coordinación más bien «esporádica y generalmente reactiva», donde los ritmos institucionales son lentos y responden a la acción de tribunales.

«Todavía está faltando la voluntad política»

Si bien países como Argentina han llevado a puerto políticas para esclarecer los delitos cometidos por la dictadura, se trata, según Lessa, de una «excepción».

«En los otros países no existen tales políticas públicas. El principal obstáculo para que esta colaboración entre Estados sea oficial y permanente es que todavía está faltando la voluntad política de parte de los gobiernos de los países que integraron el Plan Cóndor«, afirmó a EFE.

Conforme a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lessa señala que «se torna crucial la realización de dicha colaboración con urgencia. El riesgo de la «impunidad biológica», es decir, la falta de investigación de los graves delitos debido a la muerte de los imputados, se acerca cada vez más debido al paso del tiempo y a los casi 50 años de denegación de justicia desde los golpes de estado«.

«La desaparición sigue siendo un delito actual»

La abogada de derechos humanos y representante de víctimas de la dictadura cívico-militar chilena, Karinna Fernández, coincide en el diagnóstico de Lessa: la carencia de una una política estatal para establecer activamente los hechos.

«Esto pasa principalmente porque no se han abierto los archivos militares, diplomáticos y de las empresas vinculadas a estos hechos, en general, en ninguna parte de los países involucrados en Operación Cóndor», dijo Fernández a EFE.

«Esto nos ha llevado a sostener que la desaparición sigue siendo un delito actual, principalmente, porque no ha existido una colaboración directa de los gobiernos posteriores a las dictaduras para aclarar los hechos y establecer las responsabilidades», añadió.

Frente a la carencia de políticas públicas transversales a nivel continental, múltiples organizaciones de la sociedad civil en Uruguay y Chile impulsaron la plataforma plancondor.org: una base de datos que centraliza los casos y recopila información previamente dispersa sobre Plan Cóndor.

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